Defensoría instala décimo Puesto de Mando Unificado en Quindío para revertir crisis de salud

La Defensoría del Pueblo instaló el 4 de junio de 2025 en Armenia, Quindío, el décimo Puesto de Mando Unificado (PMU) en salud para atender la grave crisis de acceso a medicamentos y servicios médicos en el departamento. Con más de 57.000 entregas de fármacos pendientes, demoras de hasta cinco meses para citas con especialistas y una deuda de las EPS que supera un billón de pesos, esta iniciativa promueve soluciones inmediatas y la articulación de múltiples actores sin depender de trámites prolongados.

Crisis estructural en el sistema de salud del Quindío

En las últimas semanas, entidades de control como la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo han recibido un volumen creciente de quejas y tutelas relacionadas con la falta de acceso a medicamentos y demoras en la atención de pacientes. Según el comunicado oficial número 22 de la Defensoría, en Quindío se reportan:

• 57.000 entregas pendientes de medicamentos, especialmente fármacos de bajo costo y alta frecuencia de uso (insulina, antihipertensivos, antidepresivos).
• Tiempos de espera prolongados en farmacias, consecuencia del cierre de la red de dispensación del principal operador de la Nueva EPS y de la limitada capacidad de los nuevos prestadores.
• Demoras de hasta cinco meses para agendar citas con especialistas en áreas críticas como oncología, cardiología y neurología.
• Dificultades en la programación de procedimientos quirúrgicos y oncológicos, lo que pone en riesgo el pronóstico de los pacientes con patologías de alta complejidad.
• Ocupación hospitalaria que supera la capacidad instalada, forzando al cierre temporal de servicios en varias clínicas debido a la deuda acumulada de las EPS, que asciende a más de un billón de pesos.
• Aumento de casos de afectaciones a la salud mental, derivadas del estrés por las interrupciones de tratamientos y de las largas esperas.

Estos problemas evidencian que las barreras de acceso son de carácter estructural y no se resuelven con medidas aisladas. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que el derecho fundamental a la salud debe garantizarse de forma oportuna, integral y continua, pero en Quindío persiste una brecha entre la norma y la realidad operativa.

El PMU en salud: mecanismo de actuación rápida

El Puesto de Mando Unificado (PMU) en salud es una estrategia coordinada por la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud y autoridades locales. Su finalidad es:

• Diagnosticar con rapidez los obstáculos que afectan el acceso a servicios y medicamentos.
• Articular a EPS, ESES, prestadores, autoridades nacionales y locales, junto con veedurías ciudadanas, para generar acuerdos que no dependan de trámites prolongados.
• Implementar soluciones inmediatas, con seguimiento a cada caso durante tres meses, a través de informes periódicos y mecanismos de conciliación.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que “el PMU en salud es una herramienta para generar consensos, actuar de inmediato y no dejar en el limbo a las personas que requieren atención urgente; trabajando juntos podremos restablecer el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud.

Por otra parte, la instalación de este décimo PMU en Quindío forma parte de la priorización de 15 departamentos con altos niveles de afectación, elegidos mediante criterios de incidencia de quejas, tutelas y alertas de salud pública. Estos espacios resolutivos buscan superar bloqueos institucionales y ofrecer respuestas inmediatas, sin esperar decisiones de largo trámite.

Hallazgos fundamentales del PMU en Quindío

1. Deficiencias en la dispensación de medicamentos

El cierre de la red de dispensación de la Nueva EPS dejó a municipios como Calarcá sin acceso a medicamentos esenciales. Los nuevos operadores, con infraestructura y logística insuficientes, no han logrado cubrir la demanda, lo que disparó los 57.000 pedidos pendientes informados en la base de datos de la SNS.

Para atender esta situación, el PMU exigió a las EPS la elaboración de un plan detallado de gestión de pendientes, que incluya un cronograma de entrega y un reporte semanal de avances. Además, recomendó incorporar a las Empresas Sociales del Estado (ESES) municipales en la red de contratos de dispensación, con el fin de descentralizar la provisión y reducir tiempos de espera.

2. Retrasos en consultas con especialistas

La demanda de atención especializada en oncología, cardiología y neurología ha superado con creces la capacidad instalada en Quindío. Pacientes con patologías de alto riesgo enfrentan demoras de hasta cinco meses para acceder a una primera consulta, obligándolos a acudir a servicios de urgencias en clínicas públicas y privadas.

El PMU conformó una mesa de trabajo con representantes de EPS y prestadores de servicios, con el propósito de:

• Agilizar la programación de citas, estableciendo cupos prioritarios para pacientes con comorbilidades.
• Implementar protocolos de ruta clínica, que permitan derivar con celeridad a quienes requieran atención de alto nivel.
• Supervisar el cumplimiento de tiempos máximos de espera, en línea con las guías clínicas del Ministerio de Salud.

3. Impacto de la deuda de las EPS

La deuda acumulada de un billón de pesos colombianos de las EPS con hospitales y clínicas en Quindío ha forzado el cierre temporal de servicios de alta complejidad. Según reportes de la ADRES, esto se traduce en la reducción de camas disponibles y en la suspensión de especialidades como cirugía cardiovascular y oncología avanzada defensoria.gov.co

En respuesta, el PMU estableció la creación de una mesa de cumplimiento de pagos, integrada por ADRES, Ministerios de Salud y Hacienda, EPS y representantes de prestadores. Esta mesa deberá presentar, antes del 15 de julio de 2025, un cronograma de pagos con plazos concretos para saldar la deuda y garantizar el funcionamiento de los servicios.

4. Énfasis en salud mental

El PMU detectó un aumento de casos de trastornos de ansiedad y depresión, vinculado a la incertidumbre por las largas esperas y la interrupción de tratamientos psiquiátricos. En su intervención, Iris Marín Ortiz insistió en la urgencia de garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos psiquiátricos y de habilitar líneas telefónicas para que los usuarios denuncien faltantes.

Adicionalmente, propuso coordinar con profesionales de salud mental de las ESES la atención vía telemedicina, con el fin de reducir la brecha de acceso. Esta medida se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que destaca la pertinencia de servicios remotos en contextos de saturación del sistema.

Compromisos y plazos acordados

Tras la instalación del PMU, se definieron diez compromisos clave, con responsables y fechas límite:

Plan de gestión de pendientes de medicamentos

• Responsables: EPS y operadores de dispensación.
• Acciones: Elaborar cronograma de entrega de los 57.000 medicamentos pendientes, con reporte semanal.
• Plazo: Informe preliminar al 2 de julio de 2025.

Inclusión de ESES municipales en la red de dispensación

• Responsables: Gobernación del Quindío, alcaldías, EPS.
• Acciones: Concertar convenios para que ESES dispensen medicamentos en zonas rurales y urbanas con alta demanda.
• Plazo: 30 de junio de 2025.

Garantizar continuidad en medicamentos de salud mental

• Responsables: EPS, ESES, gremios de psiquiatría.
• Acciones: Implementar alertas tempranas de stock y habilitar línea de denuncia de faltantes.
• Plazo: Implementación inmediata y evaluación en 15 días.

Mesa de cumplimiento de pagos a hospitales

• Responsables: ADRES, Ministerios de Salud y Hacienda, EPS.
• Acciones: Presentar cronograma de pagos para saldar la deuda con hospitales y reactivar servicios.
• Plazo: Plan de acción antes del 15 de julio de 2025.

Jornada de solución de casos prioritarios

• Responsables: Defensoría del Pueblo, SNS.
• Acciones: Convocar jornada interdisciplinaria para resolver 800 casos de urgencia en entregas pendientes.
• Plazo: Primera jornada el 20 de junio de 2025; seguimiento quincenal.

Priorización de pagos a ESES y proveedores farmacéuticos

• Responsables: ADRES, Secretaría de Hacienda del Quindío.
• Acciones: Ajustar presupuesto para priorizar flujo de recursos a ESES y proveedores de medicamentos.
• Plazo: Ajuste presupuestal entre el 5 y el 12 de junio de 2025.

Selección de tutela de Calarcá por la Corte Constitucional

• Responsables: Defensoría del Pueblo, veedurías ciudadanas.
• Acciones: Documentar y remitir caso de tutela para priorizar su fallo.
• Plazo: Envío de expediente el 10 de junio de 2025.

Cadenas de comunicación con gestores farmacéuticos

• Responsables: EPS participantes.
• Acciones: Establecer canales directos para reportar stock e incidencias.
• Plazo: Operativo desde el 10 de junio de 2025; reporte semanal.

Plan de acción para eliminar barreras de acceso

• Responsables: EPS, Superintendencia, Contraloría.
• Acciones: Diseñar y enviar plan detallado a la Defensoría para atender barreras reportadas.
• Plazo: Entrega del plan el 2 de julio de 2025 (correo [email protected]).

Fortalecimiento de equipos de control y seguimiento

• Responsables: Ministerio Público, SNS, Contraloría.
• Acciones: Aumentar recursos humanos y técnicos para mejorar recolección de datos, monitoreo e incidencia.
• Plazo: Evaluación de necesidades antes del 30 de junio de 2025; ajustes en julio de 2025.

Estos compromisos combinan mecanismos administrativos, conciliación y participación ciudadana, en concordancia con la norma vigente y las recomendaciones de organismos internacionales.

Retos y expectativas a corto plazo

Transparencia y rendición de cuentas

Para que las medidas del PMU resulten efectivas, se propuso la creación de un tablero público de indicadores. En él, la SNS y la Gobernación del Quindío registrarán semanalmente datos sobre:

• Entregas de medicamentos completadas versus pendientes.
• Tiempos de espera promedio para citas y procedimientos.
• Avances en la conciliación de la deuda con hospitales.

Este tablero estará disponible en línea, facilitando el monitoreo ciudadano y la detección de incumplimientos.

El desafío financiero

La deuda de un billón de pesos colombianos de las EPS con prestadores compromete la sostenibilidad del sistema. En este sentido, la ADRES deberá analizar, junto con el Ministerio de Salud, modelos de pago alternativos como la capitalización que permitan transferir recursos de manera más ágil, siempre con auditorías rigurosas, tal como recomienda la OCDE. Replicar experiencias exitosas, como la compra centralizada de medicamentos en Medellín, que redujo costos en un 15 % (Alcaldía de Medellín, 2023), podría optimizar recursos y garantizar continuidad en la provisión de insumos.

Salud mental como prioridad

El PMU incorporó la atención integral en salud mental como uno de los ejes críticos. Se proyecta la implementación de telepsiquiatría para regiones con escaso personal, coordinada por ESES y profesionales locales. Esta estrategia se sustenta en la evidencia de que las regiones con demoras prolongadas presentan hasta un 30 % más de casos de ansiedad y depresión.

Participación de la comunidad

El PMU incluyó a veedurías ciudadanas y a la Conferencia Episcopal para velar por el cumplimiento de los compromisos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vigilancia comunitaria mejora la rendición de cuentas y la calidad de las políticas públicas.

Un paso decisivo para restablecer el derecho a la salud

La instalación del décimo Puesto de Mando Unificado en salud en Quindío marca un hito en la respuesta a la crisis de acceso a medicamentos y servicios médicos. Su enfoque colaborativo y resolutivo busca:

• Identificar y desarticular cuellos de botella en la cadena de atención.
• Asegurar el flujo de recursos hacia hospitales, ESES y proveedores farmacéuticos.
• Garantizar la continuidad de tratamientos en salud mental para reducir la carga de morbilidad.
• Impulsar la transparencia y la participación ciudadana, mediante tableros de seguimiento público.

El cumplimiento estricto de los compromisos establecidos, con plazos y responsables claramente definidos, será determinante para recuperar la confianza de la población y restablecer el derecho fundamental a la salud. La experiencia de Quindío servirá como referente para otros departamentos con problemáticas similares, demostrando que la coordinación territorial y la acción inmediata pueden revertir crisis que, de otro modo, se prolongarían indefinidamente.