La Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con más de 11 millones de afiliados, atraviesa una situación compleja que se ha reflejado en múltiples regiones por deudas con hospitales y clínicas. En distintos departamentos se han denunciado retrasos en pagos a las instituciones prestadoras de salud (IPS), lo que ha desencadenado amenazas de suspensión de servicios médicos y una creciente presión sobre la sostenibilidad del sistema.
En este contexto nacional de dificultades, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta en el departamento del Cesar, donde varios prestadores han advertido que a partir de octubre dejarían de atender a los usuarios de la EPS debido a presuntos incumplimientos en los pagos.
Procuraduría advierte riesgo de suspensión de servicios en octubre
El pronunciamiento del Ministerio Público estuvo dirigido al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Gerencia de la Nueva EPS y las Secretarías de Salud del Cesar y Valledupar. El objetivo es que estas instituciones adopten medidas inmediatas que eviten la interrupción en la prestación de servicios a los afiliados en esa zona del país.
La Procuraduría exhortó a “realizar las gestiones pertinentes para que se cumplan con las obligaciones a la fecha con las instituciones prestadoras en el territorio”, teniendo en cuenta que varias clínicas han advertido sobre la posibilidad de suspender la atención a partir de octubre.
Este escenario plantea un riesgo inminente para la población afiliada a la NUEVA EPS en el Cesar, donde el acceso oportuno a los servicios de salud podría verse comprometido.
Deudas y obligaciones pendientes de la NUEVA EPS en el Cesar
El ente de control, en el marco de su función preventiva, solicitó información precisa sobre la deuda acumulada de la Nueva EPS con las instituciones prestadoras de salud (IPS) del departamento. La Procuraduría también pidió un reporte detallado de las gestiones que se adelantan para garantizar la continuidad de la atención, así como los planes de contingencia que deben activarse de inmediato.
El requerimiento busca verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales y financieras de la EPS con los principales centros médicos del Cesar, entre ellos clínicas y hospitales que han expresado dificultades para sostener los servicios sin pago.
En ese sentido, el organismo disciplinario advierte que un eventual incumplimiento tendría repercusiones directas en la garantía del derecho fundamental a la salud de miles de usuarios, en particular aquellos que requieren tratamientos continuos y de alto costo.
Seguimiento de la Procuraduría al caso de la NUEVA EPS
La Procuraduría precisó que continuará con el seguimiento al presunto incumplimiento de la NUEVA EPS en el departamento. Este monitoreo incluye la verificación de los acuerdos de pago, la respuesta institucional frente a las alertas de las clínicas y el cumplimiento de las rutas de atención establecidas para la población afiliada.
El ente de control recordó que su papel es preventivo y de vigilancia, en procura de que los usuarios no se vean desprotegidos ante los conflictos contractuales o financieros entre la EPS y las IPS. La Procuraduría busca garantizar que las autoridades territoriales y nacionales actúen de manera coordinada para evitar una crisis de acceso a los servicios en el Cesar.
Deudas millonarias y fallas administrativas: la lupa de la Contraloría
El caso del Cesar se suma a un panorama nacional más amplio, dado que en julio de este año, la Contraloría General de la República encendió las alarmas tras revelar deudas acumuladas de la Nueva EPS por $21,3 billones y graves fallas administrativas. El organismo recopiló más de 4.500 archivos de las vigencias 2022 a 2025 y concluyó que la situación compromete la liquidez y sostenibilidad de la aseguradora más grande del país.
Uno de los hallazgos más delicados es el incremento de anticipos sin legalizar: de $3,4 billones en 2023 pasaron a $8,6 billones en 2024, y alcanzaron $15,27 billones en junio de 2025. Además, aún persisten $5,7 billones de la vigencia 2024 sin respaldo documental, lo que plantea riesgos de detrimento patrimonial.
La facturación también evidencia un panorama de desorden. La EPS reportó 22,7 millones de facturas pendientes por procesar con un valor de $22,1 billones. La verificación encontró más de 9,1 millones de registros duplicados por $8,9 billones, dejando $13,2 billones en facturas sin validar. El 97% de estas facturas corresponde a 2024 y al primer semestre de 2025.
La Contraloría a su vez identificó deficiencias en la documentación contractual: carpetas sin copias de contratos, anexos ni notas técnicas exigidas por la normativa vigente, lo que debilita la trazabilidad y legalidad de los acuerdos con prestadores.
En este escenario, la intervención de la Procuraduría pretende evitar que la población quede expuesta a barreras de acceso, al tiempo que se exige a las autoridades nacionales y territoriales actuar de manera coordinada frente a la situación financiera de la EPS.
