La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa para investigar el presunto manejo irregular de fondos en cuatro EPS colombianas: Coosalud, Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), Asmet Salud y Emssanar. Según los informes preliminares, parte de los recursos de estas entidades podrían haber sido desviados hacia paraísos fiscales, lo que ha generado preocupación en el sector salud y un llamado urgente a la transparencia y al buen manejo de los recursos públicos.
La investigación de la Procuraduría, anunciada el 12 de noviembre de 2024, se da en respuesta a una denuncia presentada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), que reveló una serie de posibles irregularidades en estas EPS. La Procuraduría ha solicitado a la Supersalud información detallada sobre las auditorías realizadas a estas entidades, incluyendo documentos y pruebas que sustenten las sospechas de mal manejo de recursos. En el centro de esta trama figuran nombres como Mario Andrés Urán, asesor de Coosalud, junto a Tony Negrete e Indira Ocando, quienes, según la investigación, habrían facilitado el acceso a información sensible y dirigido recursos hacia ciertos intereses privados.
Supersalud destapa irregularidades en EPS tras auditorías
La indagación de la Procuraduría surge en un contexto en el que la Supersalud, mediante auditorías sin previo aviso realizadas el pasado 25 de septiembre de 2024, ya había identificado una serie de presuntas irregularidades en estas EPS. Las diligencias, llevadas a cabo en las sedes de Coosalud en Cartagena, S.O.S. en Cali, Asmet Salud en Popayán y Emssanar en Pasto, permitieron recopilar información sobre prácticas cuestionables que afectaban la administración de los fondos destinados a la salud.
Entre los hallazgos, la Supersalud encontró evidencias que apuntan a la confabulación para la asignación de contratos, concentración de pagos sin justificación a determinadas IPS, sobrecostos en funciones de interventoría, control indebido de giros de recursos y favorecimiento de ciertos laboratorios y productos específicos. Asimismo, se descubrió la solicitud de perfilamiento de funcionarios de la Supersalud, lo que representa un riesgo para su integridad y una interferencia en sus funciones de inspección y control.
En su momento, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal Angarita, ante la gravedad de las pruebas, formalizó el 22 de octubre de 2024 una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. Leal Angarita reiteró que, aunque estas EPS se encuentran bajo medidas de intervención, los agentes interventores no son funcionarios de la Superintendencia y las entidades permanecen bajo estrictas medidas de inspección y control.
Por su parte, la Supersalud ha asegurado que continuará trabajando para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos en el sector salud, buscando que los servicios lleguen a los usuarios sin interferencias ni irregularidades.
Un problema estructural que afecta al sector salud
La Procuraduría y la Supersalud han manifestado su compromiso con la transparencia y la justicia en este proceso. Ambas instituciones aseguran que se tomarán todas las medidas necesarias para sancionar cualquier acto de corrupción que afecte el sistema de salud y el bienestar de los colombianos, y resaltan la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir en el futuro.
Este caso, que involucra a una red de actores y empresas dentro del sector salud, representa un llamado urgente a la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos, con el objetivo de proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos colombianos.
