Procuraduría solicita aval de la Corte Constitucional para reforma pensional: respaldo a legalidad y derechos adquiridos

La Procuraduría General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional un concepto favorable sobre la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional del Gobierno Petro, solicitando que sea declarada exequible en su totalidad. El pronunciamiento del Ministerio Público se da en un contexto de transformaciones estructurales anticipadas dentro del sistema pensional colombiano, aun antes de la entrada en vigor de la norma, prevista para el 1 de julio de 2025.

En el documento, el procurador Gregorio Eljach afirma que “en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad”, destacando que el proceso de aprobación en el Congreso de la República se ajustó plenamente a los estándares normativos y formales requeridos.

Reforma con efectos anticipados en el sistema pensional

A pesar de no estar vigente, la reforma ya ha generado impactos sustanciales. Según cifras presentadas por la Procuraduría y basadas en informes de Colpensiones, más de 40.000 personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones bajo la figura de la “ventana de traslado” prevista en la ley. Este fenómeno, indica el Ministerio Público, está generando derechos adquiridos, lo que incrementa la urgencia de blindar jurídicamente la norma.

La entidad alertó que un eventual fallo negativo por parte de la Corte podría generar complejidades jurídicas y aumento en la litigiosidad, derivadas de la inseguridad sobre los efectos ya producidos y las decisiones adoptadas por miles de ciudadanos.

Seguridad jurídica y confianza en el sistema

El concepto de la Procuraduría resalta que ya existen movimientos financieros hacia Colpensiones y el fondo de estabilización del Banco de la República, lo cual evidencia el impacto anticipado de la ley y la necesidad de garantizar su seguridad jurídica. También advierte que los fondos privados se preparan para recibir millones de nuevos afiliados, en lo que se proyecta como una transformación estructural del modelo de protección social del país.

Frente a esta realidad, el Ministerio Público enfatizó que es crucial proteger la confianza legítima en el sistema de pensiones, ya que cualquier reversión afectaría no solo la planeación institucional, sino también los derechos de los ciudadanos que han actuado de buena fe.

Uno de los puntos centrales del concepto remitido por el procurador Eljach es el artículo 84.5 de la reforma, sobre el cual se solicita un blindaje frente a interpretaciones regresivas que puedan desconocer los derechos adquiridos por los afiliados. La Procuraduría sostiene que este artículo es clave para garantizar que los movimientos realizados por los ciudadanos con base en la ley no sean posteriormente desconocidos.

La propuesta se enmarca en un enfoque de estabilidad normativa, donde el respeto a la voluntad legislativa debe ir acompañado de mecanismos de protección para las decisiones individuales ya ejecutadas.

Contraste con la postura de la exprocuradora Cabello

La posición actual del Ministerio Público contrasta abiertamente con la adoptada por la exprocuradora Margarita Cabello Blanco en noviembre de 2024, quien sostuvo que durante la discusión de la reforma pensional no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa. En su momento, Cabello argumentó la existencia de vicios de procedimiento que comprometían la constitucionalidad de la ley.

El concepto de Eljach, en cambio, descarta dichas irregularidades y respalda la legalidad del trámite legislativo, reafirmando que la ley fue discutida y aprobada conforme a los requisitos exigidos por la Constitución.

Reforma pensional: ampliación de cobertura y sostenibilidad

Más allá de lo procedimental, la Procuraduría también subraya el contenido social y estructural de la reforma, argumentando que esta representa una oportunidad para ampliar la cobertura a trabajadores informales y sectores tradicionalmente excluidos del sistema pensional.

El documento destaca que la iniciativa gubernamental es una respuesta técnica y política a la insostenibilidad del régimen actual, una situación reconocida por expertos de diversas corrientes ideológicas. Se proyecta que, de mantenerse la arquitectura institucional sin cambios, el sistema seguiría reproduciendo brechas de acceso y desigualdad en la vejez.

En caso de que la Corte Constitucional considere inconstitucional algún aspecto de la ley, la Procuraduría propone mecanismos alternativos para evitar la anulación total de la reforma. Entre ellos, la subsanación de vicios por parte del Congreso o la aplicación de efectos diferidos de la sentencia, lo que permitiría mantener los derechos ya consolidados y brindar un plazo razonable para ajustes normativos.

Un momento decisivo para la política social del país

El análisis del Ministerio Público concluye que la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo apunta a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, sino también a generar justicia social intergeneracional, protegiendo a quienes hoy carecen de un ingreso asegurado para su vejez.

La decisión ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar tanto la validez jurídica del trámite como la coherencia estructural del nuevo modelo frente a los principios constitucionales de progresividad, equidad y universalidad.

En tanto se emite el fallo, los efectos anticipados de la reforma continúan transformando el ecosistema pensional colombiano, marcando un punto de inflexión en la política pública de protección social en el país.