La subregión del San Juan, en el departamento de Chocó, ha sido testigo de un reciente levantamiento del paro armado promovido por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante ocho días, las comunidades indígenas y afrodescendientes de esta zona estuvieron confinadas, sin acceso a servicios básicos esenciales, entre ellos, la atención en salud. El resultado: un preocupante brote de paludismo que ahora pone en riesgo la vida de cientos de personas.
El paro armado dejó a la comunidad indígena La Lerma, ubicada en la zona rural del municipio del Medio San Juan, en una situación crítica. De las 600 personas que presentaron síntomas de paludismo, solo se han realizado 200 pruebas, de las cuales 160 resultaron positivas. Estas cifras son alarmantes, especialmente considerando que muchos de los diagnosticados no han recibido tratamiento médico adecuado debido a la falta de acceso a medicamentos y servicios médicos durante el paro.
El Paludismo puede ser mortal si no se trata a tiempo
El paludismo, también conocido como malaria, es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas iniciales pueden parecer leves, como escalofríos, dolores de cabeza y fiebre. Sin embargo, si no se trata a tiempo, el paludismo puede evolucionar hacia complicaciones graves, incluyendo convulsiones, fallo renal, e incluso la muerte, especialmente en poblaciones vulnerables como niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.
El hecho de que más de 400 personas sigan sin diagnóstico en medio de este brote, y que aquellas que han sido diagnosticadas no estén recibiendo el tratamiento necesario, representa una crisis sanitaria que requiere una respuesta inmediata por parte del Gobierno Nacional.
Desabastecimiento y movilidad restringida, los efectos del conflicto
La Defensoría del pueblo también informó que, además del brote de paludismo, el paro armado del ELN ha exacerbado la situación de desabastecimiento en la región. La falta de combustible ha paralizado el transporte fluvial en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, impidiendo la distribución de alimentos y otros suministros esenciales a las comunidades afectadas. Este bloqueo ha dejado a aproximadamente 45.000 personas en cinco municipios (Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan) sin acceso a productos básicos, amenazando así la seguridad alimentaria de toda la subregión.
Por otro lado, la libre movilidad sigue siendo un derecho inalcanzable para las comunidades del San Juan. Aunque el paro armado ha terminado, el miedo persiste. Las familias, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, continúan confinadas en sus hogares por temor a las represalias de los grupos armados y al peligro de las minas antipersona instaladas en caminos y campos. Este confinamiento forzado no solo impide a los habitantes realizar sus actividades diarias, sino que también mantiene a los niños alejados de las escuelas, interrumpiendo su derecho a la educación.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas y efectivas en la región. Es imperativo organizar brigadas de salud en La Lerma y otras comunidades afectadas para tratar a los pacientes diagnosticados y prevenir una mayor propagación del paludismo. Además, es crucial garantizar el abastecimiento de productos básicos y restablecer la movilidad segura en la región, para que las familias puedan retomar sus vidas con la mayor normalidad posible.
Asimismo, la Defensoría insta al ELN y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) a cesar todas las acciones de hostilidad contra la población civil. Estos grupos, que se disputan el control territorial y social de la región, deben poner fin a las continuas violaciones de los derechos humanos que afectan a las comunidades del San Juan.
El panorama en el San Juan no es nada alentador, pero con una intervención oportuna y coordinada, es posible evitar una crisis sanitaria mayor. Este brote, exacerbado por el reciente conflicto armado, pone de manifiesto la necesidad de una atención en salud robusta y sostenida, capaz de responder a las emergencias que enfrenta esta región golpeada por la violencia y el abandono estatal.
