El pasado 18 de marzo, la coalición “Pacto por la salud” emitió un nuevo pronunciamiento sobre la reforma a la salud, ante los posibles desenlaces del trámite. En ese sentido, reafirmaron la postura crítica frente al modelo propuesto por el gobierno nacional, tal como lo han expresado nueve senadores de la Comisión Séptima: H.S. Lorena Ríos Cuellar, Nadia Blel Scaff, Miguel Ángel Pinto Hernández, Norma Hurtado Sánchez, Josué Alirio Barrera, Honorio Henríquez Pinedo, Berenice Bedoya Pérez, José Alfredo Marín Lozano y Ana Paola Agudelo García.
Una vez más, el movimiento recalcó la importancia de de construir sobre los cimientos existentes y abordar los desafíos del sector salud sin comprometer los logros alcanzados bajo el sistema actual. Además de ello, se retoman las preocupaciones sobre el proyecto de ley y la incertidumbre en la que se encuentra la población nacional, así como el desfinanciamiento; uno de los problemas coyunturales sobre el que no existen estrategias de resolución a corto plazo, lo que podría llevar al colapso del sistema de salud actual.
“Hacemos un llamado a aprovechar las circunstancias presentes para trabajar en los cambios regulatorios y eventualmente legales, que involucren a todos los actores del sector y que estén orientados a satisfacer las necesidades de los pacientes. Paralelo a ello es fundamental reconocer la urgencia de abordar la situación financiera del sistema. Sin recursos suficientes para respaldar los requerimientos que este tiene, los intentos de reforma podrían exacerbar los problemas actuales”, expresan los integrantes del “Pacto por la salud” en el comunicado.
De igual manera, el movimiento ciudadano hizo referencia a la consolidación de la confianza y a la participación intersectorial como una oportunidad para diseñar e integrar cambios significativos en el sistema de salud. . Por esta razón, los firmantes del Pacto por una Mejor Salud, que abarca a diversos sectores como usuarios, pacientes, académicos, prestadores de servicios, industria farmacéutica y aseguradores, entre otros, instan a una concertación amplia y responsable entre el gobierno, el Congreso y todos los actores del sistema.
No obstante, según indican en el pronunciamiento, las acciones deberían tener como centro a la mejora en la atención de los pacientes, respetando los mínimos constitucionales que protegen el derecho a la salud, el cual estaría en juego con la reforma.
“Nos mantenemos comprometidos a trabajar de manera constructiva y colaborativa para lograr un sistema de salud más justo, eficiente y sostenible para todos los colombianos”, manifiestan los integrantes del “Pacto por la salud”. Por último, reiteran que es un deber de todos los integrantes del sector salud, el propender por el uso eficiente de los recursos; bajo esa premisa, la sostenibilidad del sistema y las garantías del derecho a la salud son asuntos que competen a los actores y la ciudadanía.
Algunos de los miembros de “Pacto por la salud” que firman este comunicado son: Pacientes Colombia, FECOER, Así Vamos en Salud, AFIDRO, ACEMI, Gestarsalud, asociaciones de pacientes de diferentes EPS, varias clínicas y exministros de Salud y Protección Social entre los que se encuentran Augusto Galán, Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Diego Palacio.
De acuerdo con un segundo documento, elaborado por Pacientes Colombia y la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, “el sistema de salud colombiano ha colapsado. Se encuentra en un punto de no retorno y la quiebra es inminente. De 2021 a 2023, las pérdidas de las EPS son de 5 billones de pesos, y a ellas será necesario sumar 4,2 billones que perderán en 2024, según las proyecciones más optimistas. Las pérdidas totales del sistema sumarán más de 14 billones de pesos al finalizar el año” (datos obtenidos de Sectorial.co).
Las organizaciones tildan como una “discusión estéril” al proceso que se ha llevado con la reforma a la salud. Según su percepción, además de ser un articulado inviable, el trámite ha adoptado tintes políticos que se desvían de los ejes centrales de la discusión.
“La realidad indiscutible es que a la crisis del pasado –causada por falta de controles a EPS que no gestionaron adecuadamente los recursos, a la permisividad frente a patrimonios negativos, a las liquidaciones que dejaron deudas impagas y al traslado, sin los recursos necesarios, de población siniestrada–, se suma el negligente cálculo de la UPC de 2024 por parte del Ministerio de Salud, el pago incompleto de recursos por parte de la Adres, la incertidumbre generada por los anuncios oficiales y el incremento en 1,8 millones del número de pacientes de enfermedades de alto costo derivado, entre otros aspectos, de la transición demográfica y epidemiológica”.
