La crisis en el sistema de salud de Colombia se agudiza debido a los retrasos en los pagos y la falta de acciones concretas por parte del Ministerio de Salud. Pacientes Colombia, una organización que agrupa a 199 entidades de pacientes en el país, ha alzado su voz para denunciar el incumplimiento de los autos de la Corte Constitucional relacionados con la unidad de pago por capitación (UPC), una deuda que afecta a miles de pacientes y pone en riesgo su salud. Este artículo detalla las implicaciones de la falta de cumplimiento y las acciones solicitadas por la sociedad civil para mitigar los efectos de esta crisis.
Retardos y falta de recursos: una crisis sanitaria en aumento
La situación que enfrenta el sistema de salud colombiano es crítica. A pesar de las directrices de la Corte Constitucional, que han ordenado reajustes a la UPC para garantizar la suficiencia de recursos en 2024 y 2025, los pagos aún no se han realizado, y las mesas de trabajo necesarias para resolver esta crisis no se han convocado. “Vemos con preocupación que ningún actor del sistema de salud ha sido convocado a las mesas que el ministro de Salud fue requerido a convocar por la Corte Constitucional”, expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
El retraso en los pagos ha afectado gravemente a los pacientes, especialmente en áreas como los tratamientos médicos de larga duración y los procedimientos complejos, lo que amenaza su continuidad. El auto 007 de 2025, emitido por la Corte Constitucional, determinó el incumplimiento general del requisito de suficiencia de la UPC para 2024 y ordenó el recalculo de este indicador para 2025, pero hasta ahora no ha habido acciones concretas del Ministerio.
La deuda millonaria y su impacto en la atención de salud
Uno de los aspectos más críticos de esta situación es la deuda de $819.000 millones que aún no ha sido saldada por el Ministerio de Salud, correspondiente al reajuste de los presupuestos máximos de 2024. Además, la asignación de $502.000 millones para 2025 cubre solo el 17% de los requerimientos proyectados, lo que agrava aún más la crisis financiera que está sufriendo el sistema de salud.
Pacientes Colombia ha señalado que, debido a estos retrasos, miles de personas no han podido continuar con sus tratamientos médicos, afectando su calidad de vida. “La salud de los pacientes no puede esperar, se requieren soluciones inmediatas. Los presupuestos insuficientes y los retrasos sistemáticos en los pagos amenazan la vida de las personas”, afirmó Silva.
La postura del Ministerio de Salud y sus implicaciones
El comportamiento del Ministerio de Salud ha sido motivo de preocupación para los gremios de pacientes. Pacientes Colombia denunció que la cartera de Salud está implementando una estrategia para dilatar el cumplimiento de las órdenes judiciales. “La postura del ministerio busca dilatar el cumplimiento de las órdenes y generar inseguridad jurídica”, señaló la organización.
Según los pacientes, el Ministerio de Salud ha argumentado dificultades inexistentes para proceder con el cálculo de la UPC, lo que podría tener graves consecuencias para el financiamiento del sistema. La Corte Constitucional puso como fecha límite el día de ayer11 de febrero para que se convoquen las mesas de trabajo necesarias para ajustar el cálculo de la UPC. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna convocatoria, lo que ha generado una creciente alarma entre los pacientes.
Posibles sanciones y el futuro incierto
La situación sigue siendo incierta. De no cumplirse las órdenes de la Corte, se podrían imponer sanciones más severas. Esta posibilidad ha generado preocupación, ya que afectarían aún más la capacidad del sistema de salud de ofrecer atención de calidad a los colombianos.
El futuro del sistema de salud colombiano depende de una pronta respuesta del Gobierno y el cumplimiento de las órdenes judiciales. Mientras tanto, miles de pacientes siguen esperando respuestas concretas.
Pacientes Colombia ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los pacientes y ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Salud para cumplir con las órdenes judiciales y evitar que la crisis de salud se profundice aún más. La sociedad civil está vigilante, exigiendo un sistema de salud eficiente y justo para todos los colombianos.
