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Nueva EPS bajo la lupa: Contraloría revela deudas por $21,3 billones y graves fallas administrativas
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La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS tras un operativo de policía judicial realizado en julio de este año. El organismo de control recopiló más de 4.500 archivos correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y el primer semestre de 2025, con hallazgos que comprometen directamente la liquidez y sostenibilidad de la entidad aseguradora más grande del país.
Uno de los hallazgos más preocupantes fue el incremento de anticipos pendientes por legalizar. Entre 2023 y 2024 pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que representa un salto del 155%. Para 2025 la situación alcanzó un punto crítico; al corte de junio, la cifra escaló a $15,27 billones, sumando $6,6 billones adicionales frente al año anterior.
El organismo de control advirtió que existen anticipos con más de dos años sin legalizar por un valor de $143 mil millones. A junio de 2025, aún persisten $5,7 billones de la vigencia 2024 sin respaldo documental. Esta tendencia compromete la capacidad de pago de la entidad y abre la puerta a un posible detrimento patrimonial.
Facturas represadas y registros duplicados
El análisis de la facturación mostró un panorama de represamiento y desorden. La Nueva EPS reportó 22,7 millones de facturas pendientes por procesar, con un valor global de $22,1 billones. No obstante, la verificación inicial identificó más de 9,1 millones de registros duplicados por $8,9 billones. Excluyendo estas repeticiones, quedan $13,2 billones en facturas sin validar.
La mayoría corresponde a 2024 (37,1%) y al primer semestre de 2025 (59,9%), lo que significa que el 97% de las obligaciones aún no ha pasado por revisión. A esto se suma la concentración de riesgos: en solo 36 prestadores, de una red superior a 2.700, se agrupa el 40% del valor total pendiente, unos $5,2 billones.
La Contraloría también alertó sobre la insuficiente capacidad tecnológica de la EPS para procesar la información y garantizar la calidad de los datos financieros y asistenciales.
Contratación sin soportes completos y cuentas por pagar que comprometen la sostenibilidad
El organismo de control detectó vacíos en la documentación contractual. En varias carpetas no aparecieron copias de contratos, notas técnicas, anexos ni otros requisitos exigidos en el Decreto 441 de 2022. Esto debilita la trazabilidad de los acuerdos con los prestadores y compromete la legalidad de la contratación.
Con corte a marzo de 2025, las cuentas por pagar ascendieron a $21,37 billones. Dentro de esa cifra se incluyen $10,5 billones de anticipos sin legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes de proceso. El organismo advirtió que este desequilibrio financiero representa una amenaza directa no solo para la Nueva EPS, sino para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, considerando que la entidad asegura a casi una cuarta parte de la población afiliada.
Reservas técnicas subestimadas
La Contraloría identificó que, con corte a diciembre de 2024, la Nueva EPS registraba una subestimación en la constitución de sus reservas técnicas por $11,1 billones, sin soportes completos de autorizaciones ni facturas que respalden estos cálculos. Esta situación implica un subregistro del pasivo que distorsiona la verdadera magnitud de las obligaciones de la entidad y confirma su falta de liquidez.
En términos prácticos, la omisión en la constitución adecuada de reservas afecta directamente la capacidad de la EPS para responder a los compromisos con sus prestadores y con los afiliados, generando un riesgo sistémico en la cadena de atención en salud. A ello se suma que, según informes recientes de la Superintendencia Nacional de Salud, varias EPS en Colombia han sido objeto de llamados de atención precisamente por no cumplir con los estándares de suficiencia de reservas exigidos en la normatividad vigente, lo que refleja un problema estructural en la sostenibilidad financiera del aseguramiento.
Señales de deterioro y próximos pasos de control
El organismo de control concluyó que “el creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”.
La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud, que deberá determinar eventuales responsabilidades fiscales. En paralelo, se dará traslado a las autoridades competentes para las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.
