El Ministerio de Salud y Protección Social fijó posición frente a las críticas recientes sobre la situación del sistema sanitario colombiano y rechazó lo que calificó como afirmaciones que desconocen la inversión histórica, los avances logrados y los resultados obtenidos en el sector durante el actual gobierno. La entidad sostuvo que existe información verificable para afirmar que la administración ha fortalecido la financiación del sistema, ampliado el acceso a los servicios y desplegado una estrategia territorial para garantizar el derecho fundamental a la salud.
En ese pronunciamiento, el Ministerio también señaló que los problemas estructurales del sistema no son recientes ni atribuibles al Gobierno del Cambio. Según la cartera, estos responden a décadas de un modelo de intermediación financiera que priorizó la mercantilización y la privatización del sector, con irregularidades advertidas por la Contraloría General de la República. El documento recuerda que el ente de control ha identificado más de 15 billones de pesos cuyo destino no ha sido claramente establecido, mientras se acumulaban deudas con hospitales, trabajadores y proveedores.
Financiación del sistema de salud con incrementos por encima de la inflación
Uno de los ejes centrales de la defensa institucional de Minsalud fue la financiación del sistema. Afirmando que entre 2022 y 2025 se registró un crecimiento real del 50,8 por ciento en el Presupuesto General de la Nación para salud, equivalente a 25 billones de pesos adicionales y a 1,4 puntos del PIB. A esto se suma, según el mismo documento, un incremento real acumulado del 28 por ciento en la Unidad de Pago por Capitación, UPC, al pasar de 75,3 billones de pesos en 2022 a 96,4 billones en 2026, lo que representa 21 billones de pesos adicionales.
El Ministerio añadió que durante este periodo también avanzó la reducción de la brecha entre la UPC del régimen subsidiado y la del contributivo, con un aumento de 3,3 billones de pesos orientado a la equiparación de la prima pura al 95 por ciento. Con base en estas cifras, la cartera concluyó que los recursos asignados al sistema superan ampliamente la inflación y que, por tanto, el debate de fondo debe centrarse en el uso de esos recursos dentro del esquema de intermediación financiera.
Sistema de salud y medicamentos bajo la tesis oficial de fallas de gestión, no de desabastecimiento
El Ministerio también abordó uno de los puntos más sensibles del debate público reciente: la entrega de medicamentos. La entidad fue enfática en afirmar que los medicamentos están disponibles y deben ser entregados a los ciudadanos, en tanto la salud es un derecho fundamental. Desde esa perspectiva, las dificultades reportadas no obedecerían a un desabastecimiento, sino a fallas en la gestión de las EPS que han generado barreras administrativas injustificadas.
La posición oficial sostiene que estas prácticas son heredadas del modelo de intermediación y que el Gobierno ha venido adoptando correctivos para garantizar una entrega oportuna y sin trabas. Así, el Ministerio encuadra la discusión no en un problema de disponibilidad física de medicamentos, sino en la forma en que se administran los procesos de acceso dentro del aseguramiento.
Equipos Básicos de Salud y presencia territorial como eje de la expansión del acceso
Otro de los componentes destacados en el comunicado es el despliegue de los Equipos Básicos de Salud, EBS. El Ministerio afirmó que, a la fecha, han operado 10.983 equipos básicos en todo el país, financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación. Según la información oficial, estos equipos tienen cobertura en los 32 departamentos y en 1.123 municipios, y han beneficiado a más de nueve millones y medio de familias con atención directa en sus territorios.
La operación de los EBS ha permitido mejorar coberturas, detectar enfermedades de manera temprana y acercar servicios a poblaciones históricamente excluidas. En el documento, el Ministerio presenta esta estrategia como uno de los avances más importantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y como una expresión concreta del modelo de atención primaria.
Infraestructura hospitalaria, transporte asistencial y buque hospital en la estrategia oficial
El Ministerio también defendió los resultados de la inversión en infraestructura. Según la cartera, el Gobierno del Cambio ha realizado la mayor inversión en infraestructura en salud de las últimas décadas, con 1.882 proyectos en 609 municipios y 32 departamentos, por un valor de 4,4 billones de pesos. Esta inversión, afirma el documento, ha permitido que cerca de 16 millones de personas accedan a servicios de salud más cerca de sus territorios, cerrando brechas históricas.
A esa apuesta se suma la adquisición de 1.680 vehículos de transporte asistencial y la entrada en operación del primer buque hospital de Colombia, el Benkos Biohó. El Ministerio señaló que esta infraestructura lleva servicios de mediana y alta complejidad a más de 150.000 personas en el Pacífico colombiano. Estos desarrollos son presentados como evidencia de que los recursos públicos están llegando a zonas donde antes no existía esa capacidad de respuesta.
ADRES y giro directo en la narrativa de estabilidad financiera del sistema de salud
Dentro del balance institucional, también resaltó el papel de la ADRES y del mecanismo de giro directo. El Ministerio describió este instrumento como un mecanismo técnico y transparente que ha permitido que los recursos lleguen de manera oportuna a hospitales y clínicas, aliviando problemas de liquidez asociados a las deudas acumuladas por las EPS.
El documento agrega que el giro directo ha beneficiado tanto a la red pública como a la privada, fortaleciendo la prestación de servicios y otorgando mayor estabilidad financiera al sistema. En esa línea, la entidad enmarca esta herramienta como una medida correctiva frente a los efectos del esquema de intermediación y como parte de una transformación estructural con resultados verificables.
El Ministerio reiteró que el sistema de salud colombiano avanza en una transformación estructural con resultados concretos en financiación, acceso y presencia territorial y sostuvo que insistir en narrativas que desconozcan esos avances no solo desinforma a la ciudadanía, sino que introduce incertidumbre sobre un sistema que, según su balance, ha ampliado cobertura, fortalecido la red pública y extendido servicios hacia territorios históricamente excluidos.
