Medicamentos represados en Manizales ponen en riesgo la continuidad de tratamientos en afiliados a Nueva EPS: Defensoría

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Más de 63.000 medicamentos represados en Manizales para usuarios de Nueva EPS, con corte a enero de 2026, llevaron a la Defensoría del Pueblo a advertir riesgos para la continuidad de tratamientos y el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la salud, tras una mesa interinstitucional realizada en el CRUE.
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La Defensoría del Pueblo alertó que, solo en Manizales (Caldas), hay más de 63.000 medicamentos pendientes de entrega a usuarios de Nueva EPS, una situación que, en su evaluación, compromete la continuidad terapéutica y expone a los pacientes a interrupciones evitables en tratamientos esenciales. El llamado se produjo durante una mesa de trabajo interinstitucional convocada en el Centro Regulador de Urgencias (CRUE), en la que participaron autoridades territoriales, organismos de control y actores del sector salud.

La Defensoría sostuvo que las dificultades administrativas y financieras de la EPS no deben trasladarse a los usuarios, quienes requieren acceso continuo y oportuno a medicamentos y servicios. El pronunciamiento se enfocó en dos fallas identificadas durante la jornada: la demora en dispensación asociada a un volumen significativo de pendientes, y la insuficiencia de una red alterna de prestadores que permita sostener la atención cuando se suspenden servicios en instituciones de alta complejidad.

Más de 63.000 medicamentos represados en Manizales y la señal de desabastecimiento

Según lo expuesto en la mesa, el volumen de pendientes se relaciona con demoras en la dispensación que, han derivado en interrupciones de tratamientos esenciales. El dato fue reportado por el gestor farmacéutico Cafam a la Personería Municipal, con corte a enero de 2026, y fue uno de los insumos que sustentó la alerta institucional.

El énfasis estuvo en el impacto diferencial sobre pacientes con enfermedades crónicas y patologías de alto costo, cuya estabilidad clínica depende de esquemas de medicación sostenidos y de acceso oportuno. En estos escenarios, la interrupción o demora no solo implica un problema logístico: puede traducirse en descompensaciones, mayor demanda de urgencias y ajustes terapéuticos que, en condiciones regulares, podrían evitarse.

La Defensoría enmarcó el caso como una afectación directa a la continuidad de la atención, al considerar que el represamiento limita la posibilidad de que el tratamiento se ejecute tal como fue formulado por los equipos clínicos. El señalamiento no se centró en un tipo específico de medicamento, sino en la magnitud del rezago y su potencial de impactar rutas asistenciales completas.

Red de servicios en tensión por deudas y ausencia de alternativas suficientes

La segunda falla crítica identificada en la mesa se relacionó con la red de prestación. Según lo constatado durante el encuentro, Nueva EPS no contaría con una red alterna suficiente de prestadores en el territorio para responder de manera efectiva a las necesidades de los afiliados cuando se restringen o suspenden servicios.

En ese contexto, clínicas y hospitales de alta complejidad han suspendido servicios ante millonarias deudas acumuladas y la falta de pago oportuno, una situación que, según lo discutido en la jornada, agrava la crisis de atención. El punto central, desde la perspectiva operativa, es que el acceso no depende únicamente de la autorización o del agendamiento: requiere una red funcional, con capacidad instalada disponible y condiciones financieras que permitan sostener la oferta.

La ausencia de alternativas suficientes en la red incrementa el riesgo de cuellos de botella, especialmente en rutas que dependen de continuidad entre niveles de complejidad o de coordinación con servicios especializados. Para los usuarios, el resultado práctico puede ser la postergación de procedimientos, la fragmentación de la atención o el traslado de cargas administrativas al paciente y su familia.

La posición de la Defensoría y el alcance del llamado institucional

Durante la mesa, la Defensoría fue enfática en que los problemas de gestión de la EPS no pueden convertirse en barreras para el acceso. Reiteró su misión de salvaguardar el derecho fundamental a la salud y formuló un llamado urgente a garantizar la prestación ininterrumpida de servicios médicos en el departamento, en un escenario donde la combinación de medicamentos pendientes y tensiones en la red compromete la continuidad asistencial.

El planteamiento institucional ubica el caso en un punto sensible del sistema: cuando la operación (dispensación y red) se desajusta, el riesgo es que el impacto se exprese primero en los pacientes con mayor dependencia de continuidad terapéutica, y luego se amplifique hacia otros grupos por congestión y reprogramaciones.

Compromisos de Nueva EPS y seguimiento en Caldas

Como resultado de la mesa conjunta, Nueva EPS se comprometió a presentar un plan de acción inmediato, con medidas orientadas a superar el desabastecimiento y reactivar la red de servicios. La Defensoría informó que mantendrá el seguimiento y la verificación del cumplimiento de los compromisos, con el objetivo de que las soluciones anunciadas se traduzcan en atención efectiva para los usuarios en Manizales y en otros municipios del departamento.

En el espacio participaron la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Secretaría de Salud de Manizales, la Personería Municipal y la Asociación Departamental de Usuarios, además de la Defensoría del Pueblo y otros actores convocados. La presencia de estas entidades apunta a un esquema de vigilancia y coordinación territorial para evaluar avances frente al represamiento de medicamentos y las restricciones en la red.

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