CONSULTORSALUD amplifica este reportaje publicado el fin de semana por www.semana.com por considerarlo de interés nacional.
POLÉMICA: La demanda contra Barreras y Mota desnudan los intereses ocultos que tendrían los legisladores que reformarán el sector.
La denuncia que hizo el superintendente nacional de Salud, Gustavo Morales contra el presidente del Senado, Roy Barreras, y su colega del Partido de la U, Karime Mota, por haber ido a su despacho a pedirle que les nombrara a una persona cercana como interventora de la EPS Solsalud, que llevó al Consejo de Estado a abrirles esta semana una investigación, puso al descubierto lo que durante muchos años se ha hablado pero que ha sido difícil de demostrar: la existencia de una bancada de la salud en el Congreso de la República.
Desde la aprobación de la Ley 100 de 1993 muchos parlamentarios encontraron en este sector no solo un poderoso fortín político y burocrático, sino también una jugosa fuente de recursos capaz de financiar las campañas y ambiciones de cualquier político.
La feria de plata que ha llegado y se ha despilfarrado en la salud ha sido tan grande, que hasta los propios paramilitares llegaron a tomarse algunos hospitales, secretarías de salud y EPS del Régimen Subsidiado, para financiar sus tenebrosos ejércitos. En Sucre, Córdoba, La Guajira, Cesar, Santander, Nariño, Meta y Putumayo están las evidencias de esta historia que la Justicia apenas si ha empezado a investigar.
Lo mismo ha ocurrido con los intereses que sobre la salud tienen congresistas y políticos. Esto sin contar el largo listado de intereses que gobernadores y alcaldes han tenido en hospitales y EPS del régimen subsidiado. Incluso en los corrillos del Capitolio se hablaba de la bancada que Saludcoop llegó a tener a su servicio en el Senado o de lo que hizo el cartel de la contratación con los hospitales de Bogotá, que pasaron de ser un modelo de gestión regional a una cloaca de burocracia y corrupción.
Sin embargo, pocos de estos casos han llegado a etapas decisivas de la Justicia o de los organismos de control. De ahí la importancia de la denuncia del superintendente Gustavo Morales, quien con sus declaraciones abrió una puerta por la que se pueden empezar a desentrañar los intereses indebidos de los parlamentarios y los políticos en la salud.
Cuando Morales llegó, contra los intereses de varios políticos, a la Superintendencia, la entidad tenía 53 EPS, hospitales y entidades intervenidos o con alguna medida especial. Esto quiere decir que por el escritorio del superintendente tienen que pasar decisiones importantes, como si el gobierno continuará o no con la intervención de Saludcoop, que tiene 4 millones de afiliados y maneja más de 2 billones de pesos al año; si liquidará a Solsalud o Salud Cóndor, así como decisiones menores pero de gran impacto local, como mantener o no al interventor del hospital de Arauca.
Cuando la Superintendencia Nacional de Salud decide intervenir una entidad, se remueve al administrador y a la junta directiva. No obstante, los amplios poderes del interventor le han permitido en el pasado a esta entidad sacar gerentes que llegaron por concurso. Lo ha habilitado también para suspender las reglas de carrera administrativa o de concursos de mérito para contratar personal.
Las intervenciones además han tenido en ocasiones un efecto perverso, poco conocido pero muy importante, que es que pueden levantar todos los embargos con los acreedores y permitirle a la entidad seguir funcionando sin que tenga que cumplir con sus obligaciones antiguas. Ha sido una forma eficaz de prolongarles artificialmente la vida a entidades en crisis, por el expedito camino de eximirlas del pago de sus deudas.
El alto número de entidades intervenidas deja en claro que la entidad está en crisis y que el sistema de control, que debía ser algo excepcional, se politizó. “Cuando un senador, un gobernador o un político tiene problemas con el director de un hospital, o no le hacen caso o es del grupo político contrario, presiona al gobierno o al superintendente para que lo intervenga y que le nombre a una persona conocida. Con esto, retoma la gobernabilidad del hospital o de la EPS”, dijo un exsuperintendente a SEMANA.
Por ejemplo la EPS Emdisalud, de Córdoba, se intervino desde 2010. Su actual interventor es Eduardo Espinosa Facciolince, de una conocida familia política cartagenera, pero su gestión no ha permitido sacarla adelante. Muchos prestadores están a punto de quebrar en la zona, porque esta EPS no les ha pagado los servicios prestados.
Además de las EPS, los hospitales, especialmente los públicos, también han sido en ocasiones un fortín electoral para los políticos. En varios casos, estos han tenido injerencia en la nómina de empleados y contratistas para meter a sus fichas políticas, con el fin de tomarse el control y cumplir compromisos de campaña.
Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el Hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, que ha sido cooptado políticamente por diversos alcaldes y por varios concejales. Prueba de ellos es que cuando el concejal Stalin Ortiz se atrevió a denunciar toda la podredumbre de contratos, nóminas paralelas e irregularidades en el hospital del puerto, considerado la mayor fuente de empleo público del municipio, fue asesinado.
A través de los hospitales y de las secretarías de Salud también se ha aceitado en varios casos la maquinaria política con plata del gobierno nacional. Según dice un exgobernador, se han utilizado los programas de prevención y promoción, o de vacunación para contratar líderes comunales y un batallón de gente que supuestamente debe ir, barrio a barrio o vereda a vereda para educar a las personas en el cuidado y prevención de enfermedades, pero que en realidad no lo hacen.
De igual manera, gran parte de la madeja de la corrupción política en la salud está en el manejo de la compra de suministros y servicios de hospitales y EPS. En la compra de medicamentos e insumos aparecen empresas o cooperativas que terminan quedándose con gran parte de los ahorros por descuentos que los laboratorios, farmacéuticas y proveedores les dan.
El caso más claro era la relación que tenía Saludcoop con Epsifarma. Esta empresa, creada por la misma EPS, era la encargada de suministrarle los medicamentos a Saludcoop, pero todos los descuentos y ahorros terminaban usados para financiar todos los proyectos que se le ocurrieran a Carlos Palacino y a la cúpula de la EPS.
En una carta enviada al gobierno por varias EPS e IPS de la costa Caribe y de Valle se denuncia que algunos interventores de la Supersalud los están obligando a contratar servicios que pueden valer hasta un 300 por ciento más de lo normal. Un dato que llama la atención es que de las 600 personas que están habilitadas para ser interventores de la Supersalud, siempre se designan a las mismas 15 o 20.
Y otra forma de hacer negocios con la salud es contratar con terceros, generalmente empresas privadas, los servicios más rentables de los hospitales, como las unidades de cuidados intensivos, la imagenología o el servicio cardiovascular. En cambio los hospitales se quedan con las urgencias o medicina interna, que generan mucho gasto y dan poca utilidad.
Por todo esto en muchos casos las intervenciones no han permitido superar la crisis que las justificaron en un primer momento, sino que han perpetuado o agravado el mal servicio. Un ejemplo es el Hospital La Candelaria, de El Banco (Magdalena), que lleva intervenido desde 2009 y cuyos indicadores financieros y de atención en salud están en una situación crítica. Esta semana el gobierno decidirá si continúa o no la intervención. Lo mismo ha pasado con el Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, que está intervenido desde 2007 y cada vez está peor.
Todo lo que ha ocurrido en la Supersalud y en los hospitales es tan grave como lo sucedido con las EPS. Por los hospitales públicos y EPS del régimen subsidiado, en su mayoría públicas, se han perdido billones de pesos sin que nadie responda por ello.
Lo preocupante de la forma como los proyectos de salud se tramitan en el Congreso está en que su discusión y aprobación están muchas veces en manos de senadores y representantes con intereses en hospitales, clínicas, EPS o farmacéuticas.
La discusión sobre la participación de los políticos en la salud está abierta. De la forma como actúen la Justicia y los organismos de control para desentrañar y desbaratar el peligroso maridaje entre políticos y salud dependerá que en un futuro los colombianos puedan tener por fin un sistema de salud eficiente y digno, y no uno entregado a los intereses de unos pocos grupos.
Avanza la reforma
Pocos colombianos entienden a ciencia cierta lo que está pasando en el Congreso con la reforma al actual sistema de salud. Lo que sí escucharon es que el miércoles pasado, tras casi nueve horas de intensa discusión, senadores y representantes aprobaron un proyecto de ley estatutaria que eleva la salud a derecho fundamental.
Sin embargo, ese proyecto no es aún la respuesta que esperan los colombianos, pero sí constituye el esqueleto para que los ciudadanos puedan acceder de forma efectiva al derecho fundamental a la salud. Uno de los principales avances de este proyecto es la fórmula para acabar con los paseos de la muerte, pues contempla sanciones penales y disciplinarias para quienes nieguen la prestación del servicio de urgencias.
La principal controversia que se presentó fue si la salud debería ser un servicio público prestado directamente por el Estado o si se mantenía el modelo privado. Se acordó una fórmula mixta. Y las cuestionadas EPS, que muchos pretendían acabar, se transformarán en entidades que no afiliarán, no recaudarán y no van a manejar los recursos. También se acaba la llamada integración vertical, lo que significa que las EPS no serán dueñas de clínicas u hospitales y tampoco podrán negar servicios de manera impune, como lo asegura el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
No obstante este proyecto es apenas el esqueleto de la reforma, pues el cambio definitivo de la Ley 100 y del actual modelo está en otro proyecto de ley en las comisiones séptimas, pero que muy seguramente solo se discutirá a partir de julio.
El debate se espera dilatado sobre todo porque como se ha denunciado, detrás de las EPS hay varios congresistas que buscarán proteger sus intereses políticos. Solo un congresista, Jorge Ballesteros, el coordinador ponente del proyecto de ley ordinario, se atrevió a decir públicamente que su campaña había sido financiada con dineros de la salud.
Roy versus Súper
La pelea de Roy Barreras con el superintendente Morales comenzó en noviembre pasado, cuando el funcionario decidió cambiar al liquidador de la EPS Selvasalud del Putumayo. La superintendente encargada Mery Bolívar había ordenado en septiembre liquidar esta EPS del régimen subsidiado, sobre la que el presidente del Senado, según varios parlamentarios y funcionarios del gobierno, tiene una alta injerencia.
De hecho, es curioso que una EPS del Putumayo haya pasado de un momento a otro a contratar el 60 por ciento de los servicios médicos con varias IPS de Tuluá, Cerrito, Guacarí y Cali, y no con los hospitales públicos de Putumayo, tal y como lo ordena la ley. Incluso, puso a estos hospitales en una posición difícil, pues también les dejó de pagar lo que les debía.
El de Selvasalud fue el segundo golpe que recibió Barreras. A mediados de 2012 la entonces ministra de Salud Beatriz Londoño, se había enfrentado al senador por el manejo de la EPS pública Caprecom, que es la columna vertebral del régimen subsidiado. Para salvarla de la liquidación y evitar la quiebra de decenas de hospitales y clínicas en todo el país a las que les adeudaba más de 500.000 millones de pesos, Londoño decidió sacar a su presidente y otros altos funcionarios por una persona de su confianza.
Según el sindicato de la EPS, Barreras tenía más de diez altos funcionarios que manejaban la empresa. Esas dos movidas lo pusieron en una posición incómoda y lo llevaron a decir, incluso, que el gobierno estaba privilegiando al Partido Liberal sobre al Partido de la U.
CONSULTORSALUD está convencido que tan importante como la reforma la salud, resulta el edificar una cultura de lo legal, de lo correcto de lo ético al interior del sector.
Es indispensable desnudar y llevar hasta las últimas consecuencias señor Superintendente Nacional de Salud, su valiente (y claro, obligatoria) denuncia sobre estos vampiros sectoriales, que desangran el sector y sus instituciones y se envalentonan en cargos de votación popular, para acrecentar un imperio oscuro y peligroso que es uno de las principales orígenes de la crisis sanitaria nacional.
NO queremos en Colombia políticos adheridos como parásitos financieros a nuestras instituciones prestadoras y aseguradoras; NO debemos permitir que se siga utilizando instrumentos como la intervención administrativa y financiera para posesionar testaferros de carteles políticos que se toman por asalto la gestión y desvían legalmente el dinero hacia feudos empresariales privados; NO queremos médicos directores de hospitales vendidos al mejor postor o intimidados por maquinarias políticas del siglo pasado; NO queremos congresistas corruptos, manipuladores, enriqueciéndose gracias a la inoperancia de las entidades de inspección vigilancia y control.
CONSULTORSALUD le hace una llamado al Ministro de Salud y Protección Social, para que no claudique frente a las maquinarias ni frente a las presiones, y que en cambio rodee a la Superintendencia Nacional de Salud, para que aprovechando el ambiente reformador, y contando con un país enardecido y hastiado de tanta corrupción, hagamos esta inaplazable cirugía sectorial, y dejemos por fuera el cáncer politiquero que impide el disfrute de un eficaz derecho fundamental a la salud, y se logré el castigo jurídico para estos ladrones de cuello blanco.
CONSULTORSALUD cree que tal y como ha venido pasando con los parapolíticos, le llegó la hora a la fiscalía, a la procuraduría y la contraloría de erradicar el cartel de la salud del congreso de la república y de todas las corporaciones públicas y cuerpos colegiados que tienen prisionero este vital sector nacional.
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La Bancada de la Salud – Denuncias del Superintendente Nacional de Salud
