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La Bancada de la Salud en el Congreso

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10jun4

 CONSULTORSALUD amplifica este reportaje publicado el fin de semana por www.semana.com por considerarlo de interés nacional.

POLÉMICA: La demanda contra Barreras y Mota desnudan los intereses ocultos que tendrían los legisladores que reformarán el sector.

La denuncia que hizo el superintendente nacional de Salud, Gustavo Morales contra el presidente del Senado, Roy Barreras, y su colega del Partido de la U, Karime Mota, por haber ido a su despacho a pedirle que les nombrara a una persona cercana como interventora de la EPS Solsalud, que llevó al Consejo de Estado a abrirles esta semana una investigación, puso al descubierto lo que durante muchos años se ha hablado pero que ha sido difícil de demostrar: la existencia de una bancada de la salud en el Congreso de la República.

Desde la aprobación de la Ley 100 de 1993 muchos parlamentarios encontraron en este sector no solo un poderoso fortín político y burocrático, sino también una jugosa fuente de recursos capaz de financiar las campañas y ambiciones de cualquier político.

La feria de plata que ha llegado y se ha despilfarrado en la salud ha sido tan grande, que hasta los propios paramilitares llegaron a tomarse algunos hospitales, secretarías de salud y EPS del Régimen Subsidiado, para financiar sus tenebrosos ejércitos. En Sucre, Córdoba, La Guajira, Cesar, Santander, Nariño, Meta y Putumayo están las evidencias de esta historia que la Justicia apenas si ha empezado a investigar.

Lo mismo ha ocurrido con los intereses que sobre la salud tienen congresistas y políticos. Esto sin contar el largo listado de intereses que gobernadores y alcaldes han tenido en hospitales y EPS del régimen subsidiado. Incluso en los corrillos del Capitolio se hablaba de la bancada que Saludcoop llegó a tener a su servicio en el Senado o de lo que hizo el cartel de la contratación con los hospitales de Bogotá, que pasaron de ser un modelo de gestión regional a una cloaca de burocracia y corrupción.

Sin embargo, pocos de estos casos han llegado a etapas decisivas de la Justicia o de los organismos de control. De ahí la importancia de la denuncia del superintendente Gustavo Morales, quien con sus declaraciones abrió una puerta por la que se pueden empezar a desentrañar los intereses indebidos de los parlamentarios y los políticos en la salud.

Cuando Morales llegó, contra los intereses de varios políticos, a la Superintendencia, la entidad tenía 53 EPS, hospitales y entidades intervenidos o con alguna medida especial. Esto quiere decir que por el escritorio del superintendente tienen que pasar decisiones importantes, como si el gobierno continuará o no con la intervención de Saludcoop, que tiene 4 millones de afiliados y maneja más de 2 billones de pesos al año; si liquidará a Solsalud o Salud Cóndor, así como decisiones menores pero de gran impacto local, como mantener o no al interventor del hospital de Arauca.

Cuando la Superintendencia Nacional de Salud decide intervenir una entidad, se remueve al administrador y a la junta directiva. No obstante, los amplios poderes del interventor le han permitido en el pasado a esta entidad sacar gerentes que llegaron por concurso. Lo ha habilitado también para suspender las reglas de carrera administrativa o de concursos de mérito para contratar personal.

Las intervenciones además han tenido en ocasiones un efecto perverso, poco conocido pero muy importante, que es que pueden levantar todos los embargos con los acreedores y permitirle a la entidad seguir funcionando sin que tenga que cumplir con sus obligaciones antiguas. Ha sido una forma eficaz de prolongarles artificialmente la vida a entidades en crisis, por el expedito camino de eximirlas del pago de sus deudas.

El alto número de entidades intervenidas deja en claro que la entidad está en crisis y que el sistema de control, que debía ser algo excepcional, se politizó. “Cuando un senador, un gobernador o un político tiene problemas con el director de un hospital, o no le hacen caso o es del grupo político contrario, presiona al gobierno o al superintendente para que lo intervenga y que le nombre a una persona conocida. Con esto, retoma la gobernabilidad del hospital o de la EPS”, dijo un exsuperintendente a SEMANA.

Por ejemplo la EPS Emdisalud, de Córdoba, se intervino  desde 2010. Su actual interventor es Eduardo Espinosa Facciolince, de una conocida familia política cartagenera, pero su gestión no ha permitido sacarla adelante. Muchos prestadores están a punto de quebrar en la zona, porque esta EPS no les ha pagado los servicios prestados.

Además de las EPS, los hospitales, especialmente los públicos, también han sido en ocasiones un fortín electoral para los políticos. En varios casos, estos han tenido injerencia en la nómina de empleados y contratistas para meter a sus fichas políticas, con el fin de tomarse el control y cumplir compromisos de campaña.

Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el Hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, que ha sido cooptado políticamente por diversos alcaldes y por varios concejales. Prueba de ellos es que cuando el concejal Stalin Ortiz se atrevió a denunciar toda la podredumbre de contratos, nóminas paralelas e irregularidades en el hospital del puerto, considerado la mayor fuente de empleo público del municipio, fue asesinado.

A través de los hospitales y de las secretarías de Salud también se ha aceitado en varios casos la maquinaria política con plata del gobierno nacional. Según dice un exgobernador, se han utilizado los programas de prevención y promoción, o de vacunación para contratar líderes comunales y un batallón de gente que supuestamente debe ir, barrio a barrio o vereda a vereda para educar a las personas en el cuidado y prevención de enfermedades, pero que en realidad no lo hacen.

De igual manera, gran parte de la madeja de la corrupción política en la salud está en el manejo de la compra de suministros y servicios de hospitales y EPS. En la compra de medicamentos e insumos aparecen empresas o cooperativas que terminan quedándose con gran parte de los ahorros por descuentos que los laboratorios, farmacéuticas y proveedores les dan.

El caso más claro era la relación que tenía Saludcoop con Epsifarma. Esta empresa, creada por la misma EPS, era la encargada de suministrarle los medicamentos a Saludcoop, pero todos los descuentos y ahorros terminaban usados para financiar todos los proyectos que se le ocurrieran a Carlos Palacino y a la cúpula de la EPS.

En una carta enviada al gobierno por varias EPS e IPS de la costa Caribe y de Valle se denuncia que algunos interventores de la Supersalud los están obligando a contratar servicios que pueden valer hasta un 300 por ciento más de lo normal. Un dato que llama la atención es que de las 600 personas que están habilitadas para ser interventores de la Supersalud, siempre se designan a las mismas 15 o 20.

Y otra forma de hacer negocios con la salud es contratar con terceros, generalmente empresas privadas, los servicios más rentables de los hospitales, como las unidades de cuidados intensivos, la imagenología o el servicio cardiovascular. En cambio los hospitales se quedan con las urgencias o medicina interna, que generan mucho gasto y dan poca utilidad.

Por todo esto en muchos casos las intervenciones no han permitido superar la crisis que las justificaron en un primer momento, sino que han perpetuado o agravado el mal servicio. Un ejemplo es el Hospital La Candelaria, de El Banco (Magdalena), que lleva intervenido desde 2009 y cuyos indicadores financieros y de atención en salud están en una situación crítica. Esta semana el gobierno decidirá si continúa o no la intervención. Lo mismo ha pasado con el Hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, que está intervenido desde 2007 y cada vez está peor.

Todo lo que ha ocurrido en la Supersalud y en los hospitales es tan grave como lo sucedido con las EPS. Por los hospitales públicos y EPS del régimen subsidiado, en su mayoría públicas, se han perdido billones de pesos sin que nadie responda por ello.

Lo preocupante de la forma como los proyectos de salud se tramitan en el Congreso está en que su discusión y aprobación están muchas veces en manos de senadores y representantes con intereses en hospitales, clínicas, EPS o farmacéuticas.

La discusión sobre la participación de los políticos en la salud está abierta. De la forma como actúen la Justicia y los organismos de control para desentrañar y desbaratar el peligroso maridaje entre políticos y salud dependerá que en un futuro los colombianos puedan tener por fin un sistema de salud eficiente y digno, y no uno entregado a los intereses de unos pocos grupos.

Avanza la reforma

Pocos colombianos entienden a ciencia cierta lo que está pasando en el Congreso con la reforma al actual sistema de salud. Lo que sí escucharon es que el miércoles pasado, tras casi nueve horas de intensa discusión, senadores y representantes aprobaron un proyecto de ley estatutaria que eleva la salud a derecho fundamental.

Sin embargo, ese proyecto no es aún la respuesta que esperan los colombianos, pero sí constituye el esqueleto para que los ciudadanos puedan acceder de forma efectiva al derecho fundamental a la salud. Uno de los principales avances de este proyecto es la fórmula para acabar con los paseos de la muerte, pues contempla sanciones penales y disciplinarias para quienes nieguen la prestación del servicio de urgencias.

La principal controversia que se presentó fue si la salud debería ser un servicio público prestado directamente por el Estado o si se mantenía el modelo privado. Se acordó una fórmula mixta. Y las cuestionadas EPS, que muchos pretendían acabar, se transformarán en entidades que no afiliarán, no recaudarán y no van a manejar los recursos. También se acaba la llamada integración vertical, lo que significa que las EPS no serán dueñas de clínicas u hospitales y tampoco podrán negar servicios de manera impune, como lo asegura el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

No obstante este proyecto es apenas el esqueleto de la reforma, pues el cambio definitivo de la Ley 100 y del actual modelo está en otro proyecto de ley en las comisiones séptimas, pero que muy seguramente solo se discutirá a partir de julio.

El debate se espera dilatado sobre todo porque como se ha denunciado, detrás de las EPS hay varios congresistas que buscarán proteger sus intereses políticos. Solo un congresista, Jorge Ballesteros, el coordinador ponente del proyecto de ley ordinario, se atrevió a decir públicamente que su campaña había sido financiada con dineros de la salud.

Roy versus Súper

La pelea de Roy Barreras con el superintendente Morales comenzó en noviembre pasado, cuando el funcionario decidió cambiar al liquidador de la EPS Selvasalud del Putumayo. La superintendente encargada Mery Bolívar había ordenado en septiembre  liquidar esta EPS del régimen subsidiado, sobre la que el presidente del Senado, según varios parlamentarios y funcionarios del gobierno, tiene una alta injerencia.

De hecho, es curioso que una EPS del Putumayo haya pasado de un momento a otro a contratar el 60 por ciento de los servicios médicos con varias IPS de Tuluá, Cerrito, Guacarí y Cali, y no con los hospitales públicos de Putumayo, tal y como lo ordena la ley. Incluso, puso a estos hospitales en una posición difícil, pues también les dejó de pagar lo que les debía.

El de Selvasalud fue el segundo golpe que recibió Barreras. A mediados de 2012 la entonces ministra de Salud Beatriz Londoño, se había enfrentado al senador por el manejo de la EPS pública Caprecom, que es la columna vertebral del régimen subsidiado. Para salvarla de la liquidación y evitar la quiebra de decenas de hospitales y clínicas en todo el país a las que les adeudaba más de 500.000 millones de pesos, Londoño decidió sacar a su presidente y otros altos funcionarios por una persona de su confianza.

Según el sindicato de la EPS, Barreras tenía más de diez altos funcionarios que manejaban la empresa. Esas dos movidas lo pusieron en una posición incómoda y lo llevaron a decir, incluso, que el gobierno estaba privilegiando al Partido Liberal sobre al Partido de la U.

CONSULTORSALUD está convencido que tan importante como la reforma la salud, resulta el edificar una cultura de lo legal, de lo correcto de lo ético al interior del sector.

Es indispensable desnudar y llevar hasta las últimas consecuencias señor Superintendente Nacional de Salud, su valiente (y claro, obligatoria) denuncia sobre estos vampiros sectoriales, que desangran el sector y sus instituciones y se envalentonan en cargos de votación popular, para acrecentar un imperio oscuro y peligroso que es uno de las principales orígenes de la crisis sanitaria nacional.

NO queremos en Colombia políticos adheridos como parásitos financieros a nuestras instituciones prestadoras y aseguradoras; NO debemos permitir que se siga utilizando instrumentos como la intervención administrativa y financiera para posesionar testaferros de carteles políticos que se toman por asalto la gestión y desvían legalmente el dinero hacia feudos empresariales privados; NO queremos médicos directores de hospitales vendidos al mejor postor o intimidados por maquinarias políticas del siglo pasado; NO queremos congresistas corruptos, manipuladores, enriqueciéndose gracias a la inoperancia de las entidades de inspección vigilancia y control.

CONSULTORSALUD le hace una llamado al Ministro de Salud y Protección Social, para que no claudique frente a las maquinarias ni frente a las presiones, y que en cambio rodee a la Superintendencia Nacional de Salud, para que aprovechando el ambiente reformador, y contando con un país enardecido y hastiado de tanta corrupción, hagamos esta inaplazable cirugía sectorial, y dejemos por fuera el cáncer politiquero que impide el disfrute de un eficaz derecho fundamental a la salud, y se logré el castigo jurídico para estos ladrones de cuello blanco.

CONSULTORSALUD cree que tal y como ha venido pasando con los parapolíticos, le llegó la hora a la fiscalía, a la procuraduría y la contraloría de erradicar el cartel de la salud del congreso de la república y de todas las corporaciones públicas y cuerpos colegiados que tienen prisionero este vital sector nacional.

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La Bancada de la Salud – Denuncias del Superintendente Nacional de Salud

 

 

 

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Modificarán la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19

El número de enfermedades priorizadas para la vacunación de personas entre los 16 y 59 años pasó de 11 a 18. Conozca las modificaciones de la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación.

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Modificarán la etapa 3 y 4 del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19

El Ministerio de Salud modificará la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, según lo establecido en un nuevo proyecto de decreto publicado por este ministerio. Recordemos, que plan de vacunación nacional fue promulgado por medio del Decreto 109 de 2021, en este se especifican dos fases y cinco etapas con el fin de vacunar a la mayor parte de la población colombiana y de este modo lograr la inmunidad de rebaño.

La etapa 3 del plan establecía que se vacunarían de forma progresiva los ciudadanos que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave de Covid-19 o morir por este, en este sentido, se vacunarían los cuidadores de población de especial protección, las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Esta parte no fue modificada, sin embargo, aumentó el número de condiciones por las que se priorizará la aplicación de la vacuna en personas de 16 a 59 años, quedando así:

Decreto 109 de 2021Modificación
1Enfermedades hipertensivas (110-115, 127.0,127.2)Enfermedades hipertensivas (I10-I15, I27.0, I27.2)
2Diabetes (E10-E14)Diabetes (E10-E14)
3Insuficiencia renal (N17-N19)Insuficiencia renal (N17-N19)
4VIH (B20-B24)VIH (B20-B24)
5Cáncer (C00-D48)Cáncer (C00-D48)
6Tuberculosis (A15-A 19)Tuberculosis (A15-A19)
7EPOC (J44)EPOC (J44)
8ASMA (J45)ASMA (J45)
9Obesidad (E65-E68)Obesidad Grado 1, 2 y 3 (Índice de Masa corporal > 30)
10En lista de espera de trasplante de órganos vitalesEn lista de espera de trasplante de órganos vitales
11Postransplante de órganos vitales.Postransplante de órganos vitales.
12Enfermedad isquémica aguda del corazón (I248- I249)
13Insuficiencia cardiaca (I500, I501, I509)
14Arritmias cardiacas (I470- I490, I498, I499)
15Enfermedad cerebrovascular (I630-I639, I64X, I678, I679)
16Desórdenes neurológicos (G20X, G35X, F000- F023, G800, G820- G825)
17Síndrome de Down (Q900-Q909)
18Inmunodeficiencia primaria, según criterio médico

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Cabe resaltar, que se considerará comenzar prioritariamente la Etapa 3 con las personas que presenten cáncer activo y pacientes en tratamiento con diálisis. Del mismo modo, para las demás patologías, se recomendará aplicar la vacuna gradualmente según la edad, iniciando con los mayores.

Plan Nacional de Vacunación: nuevas poblaciones priorizadas

También se adicionaron cuatro nuevas poblaciones priorizadas en esta etapa, incluyendo al personal de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los pilotos y tripulación nacional que transportes pacientes con regularidad por vía aérea como parte de misiones humanitarias y el personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales.

Así mismo, se adicionará el talento humano en salud, de apoyo logístico y administrativo que atiende pacientes en espacios diferentes a las IPS, específicamente:

  • Personal de salud y de apoyo logístico que labora en Bancos de Sangre y de tejidos.
  • Personal de salud y de apoyo a la atención en salud que labora en Centros Geriátricos y de larga estancia.
  • Personal de apoyo logístico a la prestación de servicios de salud a la Población Privada de la Libertad, que laboren en zonas de aislamiento o atención de pacientes infectados por COVID-19, o que participen en general en el apoyo del cuidado o aislamiento de personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos carcelarios o penitenciarios.
  • Auditores concurrentes o personas que en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control visiten IPS regularmente.
  • Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con una autorización para dispensación de medicamentos que trabajen en farmacias o droguerías.
  • Talento humano en salud que participen en la atención de pacientes en lugares o espacios diferentes a IPS.
  • Personal de vigilancia en Salud Pública de los entes territoriales que realice Investigación Epidemiológica de Campo, la Búsqueda Activa Comunitaria y la Búsqueda Activa Institucional.
  • Personal que realicen trabajo de campo en Salud Pública de las Secretarías de Salud y del Ministerio de Salud.
  • Personal adscrito al Programa Ampliado de Inmunización- PAI nacional y territorial.
  • Personal de atención al cliente presencial de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y de los operadores de regímenes especiales, así como en las demás instituciones que participen en la atención de pacientes.

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Modificarán el formulario de afiliación a las ARL

El Ministerio de Salud preparó un proyecto de resolución con el cual se modificará la estructura y diligenciamiento del formulario de afiliación a las ARL.

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Modifican formulario de afiliación a las ARL

El Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades de trabajadores, contratistas y estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales será próximamente modificado según un proyecto de resolución emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Todas las entidades que realicen afiliaciones a este sistema deberán acogerse a los cambios que se hagan dentro del formulario y el proceso para su diligenciamiento, entre estos: los empleadores, los trabajadores independientes, las entidades o universidades públicas de los regímenes de excepción y especial, el pagador de aportes de los concejales municipales o distritales, las instituciones de educación, a las escuelas normales superiores, a las entidades y las empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen prácticas por parte de los estudiantes, entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, entre otros.

Según la norma ahora el formulario contiene los datos organizados en una secuencia que busca facilitar al afiliado su diligenciamiento y un instructivo que orienta el trámite de la afiliación y de las novedades para su reporte.

Adicionalmente, especifica que el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades de
trabajadores, contratistas y estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, deberá ser
implementado por las administradoras de riesgos laborales y hasta tanto se implemente el formulario, para afiliar, retirar y registrar las novedades, las administradoras podrán utilizar el
formulario establecido en la Resolución 3310 de 2018.

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Estructura del formulario de afiliación a las ARL

El formulario sólo se aceptará cuando sea diligenciado con tinta negra, letra clara, sin tachones ni enmendaduras: El formulario contará con los siguientes campos para llenar:

  • CAPÍTULO I. DATOS DEL TRÁMITE: estos datos se refieren a la descripción de la operación, trámite o transacción que se realiza mediante la suscripción del formulario por tanto, son obligatorios para el responsable de la afiliación cuando se registre una afiliación o reporte alguna novedad.
  • CAPÍTULO II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA AFILIACIÓN: estos datos son los que permiten identificar al responsable de la afiliación y quien suscribe el trámite que adelanta con el formulario.
  • CAPÍTULO III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO: los datos básicos de identificación son aquellos de obligatorio reporte que permiten la plena identificación del afiliado, deben coincidir con los del documento expedido por la entidad competente y no pueden ser los mismos del empleador o contratante.
  • CAPÍTULO IV. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL AFILIADO
  • CAPÍTULO VI. DATOS SOBRE CONDICIONES PACTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO O LA PRÁCTICA FORMATIVA.
  • CAPÍTULO VIII. AUTORIZACIONES
  • CAPÍTULO IX. FIRMAS
  • CAPÍTULO X. ANEXOS

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Decreto 376 de 2021:Medidas para pagar el faltante de pensiones de abril y mayo de 2020

Al declarar inconstitucional el Decreto 558 de 2020, los ministerios de hacienda y trabajo establecieron medidas para pagar el faltante en pensiones producto de la implementación de ese decreto.

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Medidas para que empleadores y trabajadores paguen el faltante de pensiones de abril y mayo de 2020

La Corte Constitucional ordenó hace varios meses implementar acciones que subsanaran el faltante en recursos que se dio producto de la implementación del Decreto 558 de 2020 que permitió a empleadores y trabajadores realizar pagos parciales al Sistema General de Pensiones.

A esta medida que reducía el aporte a pensiones del 16% al 3% se acogieron (corte al mes de mayo) más de 6 millones y medio de cotizantes. Sin embargo, la inconstitucionalidad de este decreto obligó a los ministros de hacienda y trabajo a emitir una nueva forma que estableciera las medidas para que los trabajadores y empleadores repararan el hueco en los recursos del sistema.

En consecuencia se emitió el Decreto 376 de 2021 que establece que los empleadores del sector público y privado, y los trabajadores dependientes e independientes que hayan hecho uso del mecanismo contemplado Decreto 558 de 2020, y por ello sólo hayan aportado el 3% de la cotización al Sistema General de Pensiones correspondiente a la comisión de administración y a la cobertura de aseguramiento de invalidez y sobrevivencia, contarán con 36 meses contados a partir del 1 de junio de 2021 para efectuar el aporte de la cotización faltante, sin que haya lugar a la causación de intereses de mora dentro de dicho plazo.

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Esta cotización debe realizarse de la siguiente manera:

  • El 75% por el empleador, exclusivamente.
  • El 25% restante por el trabajador

Sin embargo, el empleador o el trabajador podrán efectuar la totalidad de pago de la cotización faltante y posteriormente efectuar el cobro al empleador o al trabajador según corresponda. Para el caso de los trabajadores independientes, estos pagarán el 100% del aporte de la cotización al Sistema General de Pensiones faltante.

Adicionalmente, a partir del 9 de abril los empleadores podrán descontar del salario y/o la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores, el valor correspondiente al 25% de cotización en pensiones. En todo caso los empleadores no deberán solicitar autorización del trabajador para descontar el porcentaje a cargo del trabajador, y deberán informarle de tal descuento de su salario y/o liquidación de
prestaciones sociales.

Así mismo, el total de los aportes faltantes a las cotizaciones de los meses de abril y mayo de 2020 podrá hacerse en diferentes meses, sin que en ningún caso se supere el plazo de 36 meses establecido en el presente artículo. En todo caso no se aceptarán pagos parciales para ninguno de los dos periodos.

Disposiciones adicionales para el pago de pensiones

En el caso de que un trabajador se retire o sea retirado de su cargo, la entidad empleadora deberá retener de los salarios o emolumentos pendientes de pago, el valor del aporte correspondiente al 25% a cargo del trabajador con el fin de efectuar la cotización faltante al Sistema General de Pensiones.

Si el trabajador dependiente se retiró de la empresa, fue despedido o la empresa fue liquidada y por tal razón sólo se efectuó el pago de la cotización a cargo del empleador, las Administradoras de Pensiones deberán acreditar en la historia laboral del afiliado, las semanas correspondientes a175% de la cotización realizada.

Una vez recibido el pago de la cotización faltante al Sistema General de Pensiones, las Administradoras de Pensiones deberán trasladar el porcentaje que corresponda al Fondo de Solidaridad Pensional y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

También puede leer: Vacuna “Patria” de México: disponible a finales de 2021

IBC

El ingreso base para efectuar la cotización faltante deberá corresponder con el reportado para efectuar el pago al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones para los periodos de abril y mayo de 2020. El IBC no podrá ser inferior a 1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente ni superior a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

De otro lado, los empleadores y trabajadores que se acogieron al Decreto 558 de 2020 podrán deducir en el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2020 los salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y aportes parafiscales que hayan sido efectivamente pagados.

Finalmente, la norma señala que el Ministerio de Salud realizará las modificaciones temporales que correspondan a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes ­ PILA, antes del primero de junio junio de 2021, para dar cumplimiento a lo establecido en el nuevo decreto.

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