Durante el más reciente Consejo de Ministros televisado el 25 y 26 de marzo de 2025, Félix Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), aseguró que el gobierno nacional está al día con los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “En este momento no se debe un peso a ninguna empresa del país, ni un solo peso”, sostuvo el funcionario, destacando que ya se han girado 2,3 billones de pesos en el primer trimestre del año.
El director enfatizó que el régimen subsidiado se paga anticipadamente el quinto día hábil de cada mes, mientras que el contributivo se paga semanalmente, en sincronía con el recaudo de aportes laborales. “Pagamos anticipado todo ese dinero. Este es un cronómetro de una precisión absoluta”, puntualizó Martínez, insistiendo en que las demoras en servicios no pueden atribuirse al flujo de recursos desde la entidad.
Saldos presupuestales y giros anticipados
Martínez presentó cifras que refuerzan su posición: el presupuesto de la ADRES pasó de 71 billones de pesos en 2022 a más de 100 billones en 2025, lo que representa un incremento del 40% en tres años. Además, aseguró que se están cumpliendo con adiciones presupuestales para rubros adicionales a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), alcanzando pagos por 4 billones en 2024 y una proyección de hasta 5 billones para el cierre de 2025.
El funcionario también hizo alusión al reconocimiento de deudas históricas: “Pagamos el 2019 de Duque y el 2022 también”, incluyendo gastos asumidos por el gobierno anterior durante la pandemia, y sostuvo que, gracias al Plan Nacional de Desarrollo, se ha fortalecido el giro directo a hospitales y clínicas, con montos que pasaron de dos a cinco billones mensuales, evitando así intermediarios y optimizando la liquidez para la red prestadora.
Sí existen deudas y riesgos financieros: ACEMI
La postura oficial de la ADRES contrasta con las declaraciones de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), cuyo gremio representa a las principales EPS del país. Su presidenta ejecutiva, Ana María Vesga, indicó en entrevista con un medio de comunicación que “técnicamente” es correcto afirmar que la ADRES no debe recursos, dado que “la ADRES paga lo que el Ministerio de Salud reconoce”.
No obstante, Vesga precisó que existe una deuda de aproximadamente $419.000 millones correspondiente a ajustes no reconocidos del año 2022, y que aún falta por realizar el cálculo y reconocimiento de los ajustes de 2024. “Lo que hoy dicen los gremios que se deben millones no es falso, pero tampoco es deuda directa de la ADRES”, explicó.
Además, advirtió que las EPS intervenidas enfrentan una situación crítica: de los $9,6 billones en pérdidas registradas en 2024 por todas las EPS, el 70% proviene de aquellas bajo intervención. Famisanar y Sanitas, dos de las entidades más afectadas, habrían registrado pérdidas cercanas a $2,8 billones y $1 billón, respectivamente.
El debate por el control de los recursos
Un punto clave en la controversia es el modelo de giro directo. Con el Decreto reglamentario derivado del Plan Nacional de Desarrollo, se ordenó que las EPS que no cumplan con el requisito de patrimonio adecuado no reciban el 100% de la UPC, sino solo el 20%, delegando la ADRES el 80% restante directamente a los prestadores de servicios, según instrucciones de cada EPS.
Martínez aclaró que el ADRES actúa como un “banco”, sin poder de decisión sobre la distribución final de los recursos: “Cuando un hospital dice que el ADRES no le pagó, es que la EPS no le ordenó el pago”. Esta modalidad, según el funcionario, mejora la trazabilidad y reduce los riesgos de retención de recursos en las EPS.
Sin embargo, desde el sector privado se ha señalado que esta modalidad, aunque técnicamente adecuada, ha generado nuevas tensiones en la relación entre EPS e IPS, particularmente en la red pública y en los gestores farmacéuticos.
¿Qué sigue para el sistema?
El debate sobre si existen o no deudas acumuladas se enmarca en una crisis más amplia del sistema de salud colombiano. La sostenibilidad financiera de las EPS, los flujos de recursos hacia las IPS, la falta de reconocimiento de ajustes por parte del Ministerio de Salud, y las tensiones por la reforma sanitaria propuesta por el gobierno, continúan generando incertidumbre.
Vesga concluyó que “si esto no se resuelve con recursos, con un consenso técnico sobre el financiamiento del sistema, no hay de dónde más”. También alertó que cualquier transformación debe tener sustento legal, especialmente si se considera convertir a las EPS en gestoras, una figura que fue creada por ley y no puede cambiarse vía decreto.
La controversia entre el Gobierno Nacional, la ADRES y los gremios de la salud continúa abierta. Mientras tanto, la necesidad de garantizar el flujo de recursos, mejorar la trazabilidad y asegurar la sostenibilidad del sistema, sigue siendo una prioridad para todos los actores del sector.
