La reforma a la salud propuesta en Colombia, según la ponencia negativa analizada, suscita varias preocupaciones importantes. El documento firmado por grupo de senadores critica la propuesta de transformación del sistema de salud colombiano en múltiples frentes, argumentando que podría llevar a un retroceso en los logros alcanzados hasta la fecha en materia de salud y acceso a servicios médicos para la población colombiana.
Por una parte, los ponentes resaltaron las principales anomalías sobre la legitimidad del proceso y los potenciales efectos adversos sobre el marco jurídico del sistema de salud del país. A continuación, se detallan los principales vicios identificados:
- Falta de consulta previa: no se llevó a cabo la debida consulta previa antes de la presentación de la iniciativa, un paso fundamental para la inclusión de todas las partes interesadas.
- Ausencia de aval fiscal: se omitió un análisis fiscal que evaluara las consecuencias económicas de la propuesta, un elemento crucial para entender su impacto financiero.
- Errores en las ponencias: las deficiencias en las ponencias presentadas obstruyeron una comprensión y discusión adecuadas entre los miembros de la Cámara, afectando el proceso de toma de decisiones.
- Indebida convocatoria a las sesiones: las convocatorias para las sesiones en las que se votó el proyecto no se realizaron de manera adecuada, poniendo en duda la validez de las mismas.
- Falta de mayorías calificadas: no se obtuvieron las mayorías calificadas necesarias para aprobar artículos que, por su naturaleza constitucional, lo requerían.
Entre tanto, la adopción de una fórmula derogatoria, como se propone en el texto aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, podría dejar al país sin una ley clara que regule el sistema de salud, exacerbando los riesgos para el derecho a la salud de los colombianos.
Reforma de salud en Colombia: entre desafíos ignorados y datos ausentes
Los senadores también explicaron en el documento los desafíos en términos de justificación, planeación, y ejecución, con un potencial considerable de afectar negativamente el acceso y la calidad de la atención en salud en Colombia. De hecho, especificaron 15 puntos clave, de los cuales se destacaron los siguientes:
- Desconocimiento de logros previos: la reforma no toma en cuenta los avances y capacidades ya consolidadas por el sistema de salud colombiano, omitiendo un balance entre los logros existentes y los desafíos por superar.
- Falta de justificación basada en datos: se evidencia una carencia de estudios detallados que fundamenten los cambios sugeridos, lo que cuestiona la base de las decisiones de política pública implicadas.
- Ausencia de resultados esperados claros: no se presentan análisis técnicos que respalden cómo la reforma contribuirá a mantener o mejorar los niveles de salud de la población, generando incertidumbre sobre los beneficios reales.
- Omisión de diagnóstico de capacidades institucionales: no se evalúan las capacidades actuales ni las necesidades de fortalecimiento de las entidades del sistema de salud para afrontar los cambios propuestos.
- Concentración de funciones en el Ministerio de Salud: la centralización de responsabilidades en esta entidad sin un análisis técnico adecuado sobre su capacidad de asumirlas, aumenta el riesgo de ineficiencias y limita la agilidad del sistema.
- Barreras al acceso a servicios de salud: los cambios introducen complicaciones adicionales para el acceso de individuos y familias a los servicios, afectando la gestión integral de la atención y limitando la libertad de elección.
- Incremento en los tiempos de espera: la necesidad de coordinar entre múltiples nuevas entidades y procesos administrativos augura retrasos en el acceso a servicios especializados y de alta complejidad.
- Riesgos en el periodo de transición: la falta de planificación detallada para la implementación de la reforma sugiere que el periodo de transición estará lleno de desafíos, poniendo en riesgo la continuidad y calidad del servicio.
- Fraccionamiento de la gestión financiera de recursos del sistema: la segmentación de responsabilidades entre diferentes entidades (GSV, CAPS, y Unidades Zonales de Planeación y Evaluación) puede comprometer la atención al paciente. El principal problema radica en la fragmentación de la gestión, especialmente en lo que respecta a la contratación, supervisión, y evaluación de los servicios de salud (CAPS), lo que podría afectar negativamente los procesos de auditoría de cuentas, el flujo de pagos, y otros aspectos esenciales para la prestación eficiente de servicios de salud.
Una preocupación adicional es la falta de claridad sobre quién es responsable de procesos claves, como la referencia y contrarreferencia, y el traslado no asistencial, a pesar de que el GSV y el CAPS tienen el rol de establecer y coordinar estos sistemas. No se especifica quién opera o financia estas operaciones esenciales.
Una reforma a la salud no concertada
Otro de los argumentos de esta ponencia negativa a la reforma a la salud por parte de los senadores, es que actores importantes del sistema de salud, entre ellos, pacientes y usuarios no fueron incluidos en el proceso de diseño de la reforma sanitaria, infringiendo así el principio de participación ciudadana establecido en la Ley Estatutaria.
Tras varias denuncias sobre esto, se organizaron reuniones bilaterales y multiactor, incluyendo audiencias públicas promovidas por senadores de la Comisión Séptima, con la participación de académicos, expertos en salud, gremios y otros actores relevantes, pero las observaciones y preocupaciones expresadas no han sido efectivamente abordadas durante los debates y en el proceso de formulación de las propuestas legislativas.
