En el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, el presidente Iván Duque encabezó el acto protocolario de inicio de los desembolsos para la implementación del ‘Acuerdo de Punto Final’, incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo.

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Tal y como anticipó CONSULTORSALUD el Acuerdo de Punto Final empezó a rodar con el pago de las deudas que contrajo la liquidada EPS Caprecom con entidades en todo el país, proceso que se había anunciado un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

La suma que ya empezó a ser pagada es de $514 mil millones, principalmente por prestación de servicios a Caprecom de tecnologías en salud no cubiertas con la Unida de Pago por Capitación (UPC).

Asimismo, se empezarán a pagar $172 mil millones de deudas reconocidas por el mecanismo de glosa transversal a través de la Adres.

Según informó el Gobierno nacional, a lo largo de todas sus fases, con el ‘Acuerdo de Punto Final’ inyectará al sistema de salud $7 billones.

¿A quiénes se les pagará?

Los recursos que este martes comenzaron a girarse para darle liquidez al sistema llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país.

Los distritos y departamentos que más recibirán pagos son Bogotá ($29.582 millones), Antioquia ($23.104 millones), Valle del Cauca ($22.318 millones), Barranquilla ($13.993 millones) y Atlántico ($12.529 millones).

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Por su parte, los hospitales públicos a los que más les girarán recursos son el Hospital Departamental de Villavicencio ($9.301 millones), el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ ($6.673 millones), el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, ($6.476 millones); el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá, ($6.411 millones), y el Hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, ($5.065 millones).

Finalmente, las IPS a las que más les llegarán dineros son la IPS Universidad de Antioquia ($7.096 millones), Dumian Medical, de Buenaventura, ($4.614 millones); Su Vida, de Cali, ($4.075 millones); clínica Laura Daniela, de Valledupar, ($4.061 millones), y la clínica Medilaser, de Neiva, ($3.269 millones).

Otras medidas

Este Acuerdo de Punto Final viene acompañado de medidas estructurales que hacen más eficiente el gasto en salud y evitan una nueva acumulación de deudas, como la actualización del Plan de Beneficios de Salud (PBS), el control de precios de medicamentos, las compras centralizadas, la continuidad de las exclusiones, la implementación de Valores Máximos de Recobro.

Además centraliza en la Nación el pago de servicios que están por fuera de la UPC y que antes eran responsabilidad de departamentos y distritos.

Un estudio adelantado por Constanza Cortázar, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que la entrega errónea de medicamentos está entre las quejas más reportadas en los hospitales.

La investigadora llegó a esta conclusión tras adelantar un estudio de 1.042 reportes en un hospital de alta complejidad de Bogotá.

Este estudio identificó que 18,8% de reportes o quejas (196), están relacionados con medicamentos, de los cuales 42,8% ocurrió por omisión de prescripciones o dosis.

A esto le sigue un 20,9 % que están relacionados por reacciones adversas al medicamento.

En las novedades reportadas también se evidenció que las quejas por medicamentos están asociadas con el fallo terapéutico o por error del profesional de salud.

Cortázar afirmó que además de encontrar fallas en los medicamentos, también identificó una mayor frecuencia de reportes de incidentes asociados con el cuidado, y finalmente con los dispositivos médicos.

Otros hallazgos

El grupo de medicamentos más frecuentemente involucrado en los reportes fueron los del grupo del sistema nervioso con un 30,4%.

A ellos le siguieron el grupo del sistema musculoesquelético y del sistema cardiovascular cada uno con 10,7 %.

Según este criterio, se incluyeron 41 reacciones adversas y 15 fallos terapéuticos por sospecha de calidad del medicamento, que corresponden a un 5,4 % del total de reportes y a un 28,6 % de los reportes relacionados con medicamentos.

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“Se observó que las flebitis son las reportadas con más frecuencia, con un 23,7 %, seguidas de las reacciones de hipersensibilidad con un 18,4 % y el bloqueo neuromuscular excesivo con un 13,1%”, dijo la mágister.

Asimismo precisó que el 71,4 % de los reportes estaban representados en cuasiincidentes e incidentes sin daño.

Según la magíster, 78,1% pertenece a la clase A, en las que se encuentra la flebitis, el bloqueo neuromuscular y la sobreanticoagulación, entre otras.

Entre tanto, el 21,9 % pertenece a la clase B, en la que se presentan reacciones de hipersensibilidad.

Fallas en la comunicación

Además del análisis de los reportes, la investigadora entrevistó a seis profesionales de la salud, entre auxiliares de farmacia y enfermeras, quienes reconocieron que la diferencia entre el programa de farmacovigilancia y el de seguridad del paciente no es clara.

“Aunque no está en esa área, se sabe que ellos están respaldando todo el tiempo el seguimiento de antibióticos y demás; además hay un químico a cargo, que es el encargado de la tecnovigilancia y la farmacovigilancia”, indica uno de los entrevistados.

Otro de los inconvenientes mencionados es que la comunicación entre los equipos de farmacovigilancia y seguridad del paciente con médicos o especialistas es distante.

A lo anterior se suma la falta de recurso humano para las tareas que se exigen, ya que “algunos afirman que la rotación del personal influye en el aumento y la disminución de los indicadores de infecciones y reportes”, aseguró Cortázar.

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“Una de las integrantes del programa de seguridad al paciente afirma que se hace depuración de bases de datos de las novedades varias veces, lo que sugiere que la cantidad de trabajo es alta, a veces se realiza el mismo análisis varias veces doblando la carga laboral de los profesionales”, comenta.

Para la investigadora es clave que se realice una retroalimentación a los funcionarios de las actividades derivadas de los análisis de los reportes.

El Ministerio de Salud, en alianza estratégica con 16 entidades, dio a conocer los resultados de la primera Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) que se adelanta en el país.

La encuesta midió la prevalencia y circunstancias alrededor de la violencia sexual, física y psicológica.

Este ejercicio se adelantó en personas de 18 a 24 años, que reportaron haber vivido estos fenómenos durante infancia y adolescencia.

Asimismo da un panorama de la violencia que se reporta entre aquellos de 13 a 17 años, además de los factores de riesgo, de protección y consecuencias de la violencia.

Con los resultados de la encuesta, el Gobierno tomará medidas que busquen reducir significativamente todas las formas de violencia contra los niñas y adolescentes.

violencia física, la más común

Los resultados de la Encuesta establecieron que la física es la forma más prevalente de violencia, seguida de la sexual y la emocional.

La violencia física ocurre más en hombres, sin embargo, las mujeres reportaron en mayor proporción haber faltado a la escuela como consecuencia de ella.

De igual manera, la violencia sexual es más prevalente en todas sus formas en mujeres.

Los datos de esta encuesta muestran que el porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que sufrió violencia sexual, física o psicológica antes de los 18 años fue de 40,8% en mujeres y 42,1% en hombres.

La violencia física antes de los 18 años afecta más a los hombres (37,5%) que a las mujeres (26,5%).

Entre tanto, la violencia sicológica por padres, cuidadores, parientes o adultos antes de los 18 años se ejerce más sobre mujeres(21,2%) que sobre hombres(9,5%).

Las personas que han estado expuestas a la violencia psicológica reportan más problemas de salud mental como estrés, conductas de auto daño e ideas suicidas.

Así mismo, la encuesta señala que existe elevado consumo problemático de alcohol, tanto en mayores como en menores de edad.

¿Cómo se hizo LA ENCUESTA?

El viceministro de Salud, Iván Dario González, resaltó el hecho que es la primera vez que en Colombia se realiza una encuesta de este tipo.

La encuesta se desarrolló entre agosto y noviembre de 2018 y fueron encuestados 5.218 personas en 26.526 hogares.

Los tópicos abordados por la encuesta incluyen violencia sexual, física y sicológica, así como consecuencias, factores de riesgo, contexto y perpetradores, entre otros aspectos.

Esta encuesta tuvo el apoyo técnico y metodológico del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y su financiación fue apoyada por la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y la fundación Together for Girls.

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“Los resultados de la encuesta generan una línea de base que nos ayudará a que las políticas públicas sean más eficientes para garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Además, nos alineamos con la estrategia INSPIRE, para la prevención de la violencia infantil, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo González.

González sostuvo que es necesario generar entornos protectivos que contribuyan a construir un mejor futuro para los menores y acudir a los servicios sociales, incluidos los de salud para recibir atención y orientación cuando sea necesario.