Luego de la aprobación definitiva en el Congreso de la reforma al Sistema General de Participaciones, promovida por el gobierno de Gustavo Petro, se han intensificado los llamados desde sectores oficialistas para que las diferentes entidades del Ejecutivo apoyen la implementación de la iniciativa y eviten generar obstáculos en su ejecución. Por su parte, Fecode, el principal sindicato de docentes emitió un comunicado a la opinión pública reafirmando su apoyo a esta reforma que es de gran valía y que salda en buena medida una deuda histórica con los sectores de educación, salud, agua apta para el consumo humano y las inversiones contenidas en el propósito regional y nacional.
Del mismo modo, reconoce “el trabajo conjunto de varias federaciones integrantes de la Mesa Sectorial, especialmente de educación de la iniciativa del Ministerio de Educación, del Interior, de Salud y de Trabajo, del acuerdo parlamentario tanto en Senado de la República como en la Cámara de Representantes, que hicieron efectiva esta reforma. De igual forma, al magisterio colombiano y la estructura organizativa de la federación, sus fuerzas políticas y el Comité ejecutivo, que siempre mantuvieron la iniciativa, en defensa de los derechos de los niños, jóvenes y padres de familia”.
Es clave mencionar que la propuesta de reforma respaldada por Fecode ha suscitado críticas entre economistas y especialistas en desarrollo económico, quienes alertan sobre los riesgos asociados al aumento de transferencias hacia las regiones sin la correspondiente definición de fuentes claras de financiación. Asimismo, los opositores destacan la ausencia de mecanismos de control robustos que aseguren la correcta administración de los recursos y prevengan posibles irregularidades en su gestión.
Puntos clave del acto legislativo que reforma el SGP
Entre los puntos clave del acto legislativo aprobado está que el SGP crecerá hasta llegar al 39.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en un periodo de transición de 12 años, los cuales serán contando a partir del año siguiente en que se expida la ley reglamentaria. Cabe destacar que en el año 2023 el SGP solo tuvo una participación del 20% de los ICN.
Por otra parte, la educación se mantiene como sector prioritario de la distribución de los recursos, reconociéndose constitucionalmente como un derecho y no solo como un servicio. Además, el Gobierno Nacional debe presentar al Congreso en un termino de hasta 12 meses contados a partir de la promulgación del acto legislativo, una ley que regule la organización y el funcionamiento del SGP y la distribución de competencias.
Otro de los puntos clave de esta reforma es que tanto el acto legislativo como la ley reglamentaria tendrán como objetivo principal el cierre de brechas sectoriales, territoriales, sociales y económicas. A su vez, se elevará a rango constitucional los tres años de educación preescolar, nueve años de educación básica secundaria, dos años de educación media y se podrá concurrir con nuevos recursos en dos años de educación superior en establecimientos oficiales.
Ahora bien, los sectores del Gobierno Nacional y Fecode han propuesto la articulación de los dos años de educación media con la universidad, pero la ley reglamentará la concurrencia de recursos y competencias, así como como el tipo de establecimiento oficial. Es importante mencionar que los recursos asignados para educación, salud, agua apta para el consumo, no podrán ser utilizados en otros sectores, sino que tienes una destinación especifica.
La ley determinará un porcentaje progresivo para garantizar la universalidad y cobertura de los sectores mencionados y también definirá los casos en los cuales la Nación podrá concurrir evitando la dualidad de competencias entres lo niveles del Estado.
Fecode insta al Gobierno a priorizar la inversión social en el marco de la reforma al SGP
Fecode enfatizó en que el “en el acto legislativo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación (DNP) hacen énfasis en que los recursos y las competencias estarán en equilibrio con la sostenibilidad, regla y el mediano plazo fiscal hoy existentes como instrumentos constitucionales y legales, un condicionamiento que ojalá no frene el espíritu de inversión contenido en la iniciativa aprobada”.
Además, añadió que el nuevo acto legislativo rompe con la perspectiva tradicional defendida por economistas, gremios y exministros de Hacienda, quienes no lograron imponer su enfoque. La tecnocracia neoliberal comete un error al considerar la financiación de los derechos como un gasto o carga, ignorando su impacto positivo en la sociedad.
Con ello, hacen un llamado al Ministerio de Hacienda y al DNP para que sintonicen en consonancia con los retos del Gobierno del Cambio en el próximo año, dado que es esencial que “la ortodoxia económica neoliberal no siga imponiendo condiciones restrictivas para la inversión social en el país, permitiendo así una mayor flexibilidad y en foque en el desarrollo social y humano”. Asimismo, pidieron al Gobierno adoptar una metodología y cronograma de trabajo participativo con los sectores interesado, como las Federaciones y los actores principales del sistema educativo.
