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EPS deben costear gastos de transporte y alojamiento de pacientes que requieran traslado de municipio – Sentencia CC

Mediante la Sentencia T-259/19, la Corte Constitucional determinó los casos en los que las EPS deben costear los gastos de transporte y alojamiento de un paciente que requiera traslado a otra población para recibir atención médica.

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Mediante la Sentencia T-259/19, la Corte Constitucional determinó los casos en los que las EPS deben costear los gastos de transporte y alojamiento de un paciente que requiera traslado a otra población para recibir atención médica.

La decisión de la Corte se da después de la demanda de dos mujeres que necesitan tratamientos fuera de sus municipios de residencia.

Una vez estudiados los casos, la Corte ordenó a las EPS COMFAMILIAR SA y ASMET SALUD financiar el transporte y los viáticos que requieran las accionantes cuando estas entidades autoricen los servicios médicos en un municipio diferente al de su residencia.

La financiación de alojamiento dependerá de que la atención médica en el lugar de remisión exija más de un día de duración. 

Los casos de las demandantes

La Sala Quinta de Revisión estudió dos expedientes en los que las accionantes reciben los tratamientos médicos en municipios diferentes a los de su residencia.

En el primer caso analizado por la Corte, una mujer diagnosticada con esquizofrenia paranoide debía desplazarse desde Tumaco (Nariño) hasta Pasto, para asistir a las citas de control en el Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Hermanas Hospitalarias.

En el segundo, la demandante debía desplazarse desde Buenaventura (Valle), hasta Cali, para recibir el tratamiento en la IPS Multimédicas.

Según su historia clínica, ella se encuentra en exámenes de diagnóstico para descartar una trombosis venosa profunda, padece asma y tiene un edema en extremidades, dolor grado 1 y cefalea crónica.

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 Las dos demandantes solicitaron la protección del derecho fundamental a la salud y, en consecuencia, que “se ordene cubrir los gastos de transporte, alojamiento y alimentación para cada una de ellas y un acompañante”.

La Corte Constitucional, al examinar las pruebas, estableció que las demandantes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Esta condición es debido a que están afiliadas al SISBEN, con puntajes de 21,88% y 33,84%, respectivamente.

Su sustento mensual depende, en el primer caso de la venta de fruta y se encuentra a cargo de su hijo, quien tiene 14 años.

En el segundo caso, la demandante trabaja como ama de casa, está a cargo de una menor de 14 años y carece de recursos económicos. 

¿QuÉ tuvo en cuenta la Corte?

La Sala de Quinta de Revisión tuvo en cuenta la Ley 1751 de 2015 en la cual se establece que el derecho fundamental a la salud se rige por el principio de accesibilidad.

Este derecho implica garantizar el acceso físico a los centros de salud cuando las EPS autorizan la prestación del servicio médico en un municipio diferente al de residencia. 

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Así mismo, la Sala de Revisión señaló que Según la Resolución 5857 de 2018, artículo 121, cuando se requiera “el transporte en un medio diferente a la ambulancia (este) podrá (…) ser autorizado por la EPS cuando se requiera acceder a una atención en salud que tenga lugar en un municipio distinto a la residencia del paciente”.

En los dos casos, las accionantes tienen que desplazarse desde su lugar de residencia a un municipio diferente.

Esto debido a que las EPS a las que se encuentra afiliadas autorizaron los servicios en IPS ubicadas fuera del municipio en el que viven.

Por consiguiente, las EPS COMFAMILIAR y ASMET SALUD “tienen obligación de cubrir los gastos que implica dicho desplazamiento”, dice la sentencia.

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Los requisitos para este beneficio

La Corte encontró que se cumplen los requisitos establecidos jurisprudencialmente para acceder al servicio de transporte debido a que:

  • El servicio médico se autorizó directamente por las EPS a las que están afiliadas las demandantes, remitiéndolas a un prestador distinto al de su residencia. 
  • Ni las accionantes ni su familia cercana cuentan con la capacidad económica para asumir los costos, las dos están afiliadas al SISBEN y, según esta Corporación respecto a esta población “hay presunción de incapacidad económica (…) teniendo en cuenta que hacen parte de los sectores más pobres de la población” y, adicionalmente, son madres cabeza de familia a cargo de sus hijos, quienes son menores de edad. 
  • De no efectuarse la remisión se arriesga la salud de las demandantes, debido a que las dos se encuentran bajo supervisión médica por sus patologías.

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Programa Nacional de Tuberculosis tendrá nuevos lineamientos técnicos

El Ministerio de Salud adopta los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis.

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El Ministerio de Salud y Protección Social, publicó el proyecto de resolución mediante el cual adopta los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis y el Plan Estratégico “Hacia el Fin de la Tuberculosis en Colombia 2016-2025”.

El proyecto contempla, entre otras cosas, la actualización de los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis de acuerdo con la generación de nuevo conocimiento e innovación en métodos de diagnóstico y manejo terapéutico de la enfermedad en el país.

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Programa Nacional de Tuberculosis

Así mismo, el documento expone que será necesario la actualización de las herramientas del Sistema de Información del Programa Nacional de Tuberculosis, en concordancia con el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación del Programa.

No obstante, dentro de las novedades del documento, cabe resaltar que las Entidades territoriales, Entidades administradoras de Planes de Beneficios- EAPB, Instituciones de Servicios de Salud- IPS, así como las Unidades de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, deberán garantizar el acceso efectivo de la población al Programa Nacional de la enfermedad, debido a que sigue siendo una de las tres que más matan, junto con el SIDA y la malaria. A nivel mundial durante el 2017 se estimaron 10,0 millones de casos incidentes de tuberculosis, se estima que hubo 1,3 millones de muertes por la enfermedad entre las personas VIH negativas en 2017 y un adicional de 300. 000 muertes por la enfermedad entre las personas VIH positivas.

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Médicos defienden su autonomía – Piden retirar dos proyectos de ley

Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Gran polémica ha causado en los diferentes gremios médicos los proyectos de Ley 104, que modifica la Ley 23 de 1981 de Ética Médica; y el 056, por el cual se reglamentan las especialidades médicas y quirúrgicas, los cuales se radicaron en el Congreso de la República hace algunas semanas.

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Al momento de su radicación, los Congresistas y médicos de profesión, José Luis Correa, del Partido Liberal y Jairo Giovany Cristancho, del Partido Centro Democrático, anunciaron con bombos y platillos la llegada de un proyecto de ley que finalmente actualizaría, tras 38 años, el código de ética en el país.

Sin embargo la noticia de estos proyectos, no cayó bien en el grueso de agremiaciones médicas, quienes solicitaron a los representantes retirar ambos proyectos.

A través de una misiva firmada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome) y la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), extendieron su solicitud a los congresistas, argumentando varios aspectos.

¿Qué le preocupa a los gremios?

En primer lugar, las agremiaciones médicas expresan su “profundo malestar” por la radicación de los proyectos de Ley 104 y el 056.

“Queremos manifestarles nuestro profundo malestar frente al alcance de los dos Proyectos que entrañan una amenaza para el ejercicio de la medicina y las especialidades médicas”, dice la carta que podrá encontrar adjunta al final de este artículo.

1. Violaciones a la ley estatutaria de salud

En primer lugar, las agremiaciones consideran que en ambos proyectos se vulneran elementos esenciales de la Ley Estatutaria como la calidad e idoneidad profesional y pilares como la Autonomía bajo el marco de la Autorregulación.

Asimismo, indican que se vulneran preceptos constitucionales como la libre asociación y la autodeterminación de las reglas que guían el desempeño de las agremiaciones en un Estado Social de Derecho.

2. No hubo participación

Por otra parte, en la carta, los gremios, expresan que no fueron tenidos en cuenta en la construcción de estos proyectos, a diferencia de como se han elaborado estos documentos en el país, donde históricamente las agremiaciones médicas han tenido un rol activo y participativo.

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“Las organizaciones firmantes que representamos a todos los médicos del país, en ningún momento fuimos consultados ni sobre las motivaciones, redacción ni contenido de los proyectos en mención, que se desmarcan del objeto definido, con claridad, en la Ley Estatutaria de la Salud”, dice el texto.

La petición de los gremios

Teniendo en cuenta lo anterior, los gremios médicos solicitaron a los representantes retirar los proyectos y entablar un diálogo para exponer las necesidades del sector.

“Solicitamos respetuosamente el retiro de ambos proyectos de ley por las razones expuestas, pero con la invitación simultánea a dialogar para exponerles nuestras propuestas que aspiramos, en una perspectiva amplia, resuelvan los aspectos pendientes bajo el marco de la Ley Estatutaria de la Salud y se consolide el goce efectivo de un derecho fundamental para todos los ciudadanos”, concluye la carta.

¿Qué dice la Federación Médica colombiana?

En diálogo con CONSULTORSALUD, el presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Sergio Isaza, explicó el porqué de la molestia de los gremios y la razón por la que enviaron la carta a los representantes Correa y Cristancho.

Inicialmente, Isaza señaló que las agremiaciones médicas hicieron la petición a los representantes porque no se les tuvo en cuenta en la construcción de los proyectos, tal y como s eha hecho históricamente.

En ese sentido, el presidente de la Federación Médica precisó que los gremios médicos del país elaboraron 16 postulados que propiciaron el acuerdo nacional que antecedió a la redacción y sanción de la Ley Estatutaria de la Salud 1751 del 15 de febrero del 2015

“Lo que pedimos es que antes de que se diera iniciativa a estos proyectos se nos tuviera en cuenta, por ejemplo la ley 1164 sobre el Talento Humano en Salud la construimos entre la Federación Médica y el Colegio Médico Colombiano”, señaló Isaza.

El dirigente gremial recordó que hay una historia de proactividad por parte de los profesionales médicos en la construcción y participación en las propuestas de leyes, que hoy son leyes que funcionan y rigen.

Isaza indicó que si bien en la construcción de los proyectos pudo haber participación de algunos médicos, no se tuvo en cuenta a los gremios que representan al grueso de profesionales.

“Lo que pedimos es que cuando se vaya a tocar cualquier tema que tenga que ver con práctica profesional y la autonomía profesional, se nos consulte”, argumentó Isaza, quien aseguró que los gremios están dispuestos a trabajar en la construcción de los proyectos junto con los parlamentarios.

¿Qué dicen los proyectos de ley?

Proyecto de ley 104 – Ética Médica

El proyecto busca modificar y adicionar algunos artículos de la Ley 23 de 1981 “por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica”. 

Según los ponentes, el proyecto consiste en actualizar las normas generales y procedimentales del Código de Ética Médica, teniendo en cuenta que la relación médico-paciente es primordial durante el ejercicio profesional.

En general, el proyecto de ley actualiza o agrega apartados a diferentes artículos de la Ley 23 de 1981.

De acuerdo con Correa con la actualización se establecen los principios de la ética médica, incluyendo temas actuales como la eutanasia y el aborto.

Proyecto de ley 056 – Especialidades médicas

Este proyecto de ley tiene por objeto reglamentar las especialidades médicas y quirúrgicas, dictar disposiciones sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes y establecer reglas para el ejercicio profesional.

Según Correa con el proyecto se busca estipular qué hace una especialidad, los requisitos para ejercerla y algunas precisiones en materia de formación.

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Colombia busca adoptar Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

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El Gobierno Nacional a través de  la  aprobación de la Ley 1953 de 2019, insta al Ministerio de Salud y Protección Social a formular una política pública que establezca los lineamientos para orientar la prevención y el tratamiento de la infertilidad dentro de los parámetros de la salud reproductiva.   El desarrollo de esta política, se promueve, mediante el “sistema de seguridad social en salud” atendiendo a las disposiciones de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).

En este contexto, desde la perspectiva de los Derechos Humanos Sexuales y los Derechos Reproductivos, (DSDR), la infertilidad cobra gran importancia en Colombia y con ella, el debate sobre la adopción de una Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad en el país.

Infertilidad en Colombia

Aunque el proyecto normativo se encuentra en borrador, permite vislumbrar en el horizonte una solución a la problemática que se enfrenta. Según estudios recientes reportan que la prevalencia mundial de infertilidad varía entre el 3% y el 16.5% en países desarrollados y entre el 3.9% y 9.3% en países no desarrollados, además de ser catalogada por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, como un problema de salud público.                                                                           

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Causas de la infertilidad

Por consiguiente, las causas de infertilidad pueden ser atribuidas a las condiciones de salud reproductivas de las mujeres, los hombres o de ambos. Al respecto, un estudio realizado por la OMS, en países desarrollados, reportó que el factor femenino estuvo asociado en el 37% de los casos, el factor masculino en el 8%, ambos factores asociados en el 35% mientras que el 20% restante fueron diagnosticados con infertilidad inexplicada. Así mismo, estima que actualmente en  Colombia hay más de dos millones de personas con problemas de infertilidad, y el costo de los tratamientos oscila entre 17 y 25 millones de pesos.

Cifras

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud (ENDS) en 2015, el 12,1% de las mujeres de 15 a 49 años que desean uno o más hijas o hijos han tenido problemas de fertilidad. La situación de la infertilidad se concentra en el grupo de mujeres de 40 a 44 años con el 25.4%.

El 13.6% de las mujeres con problemas de infertilidad, han alcanzado un nivel educativo superior, seguido de las de nivel educativo básico primaria (11.5%), sin educación formal (10%) y secundaria (8%). Las mujeres con nivel de educación superior son el grupo que reporta el más alto porcentaje de consulta con un especialista (45.1%), al igual que las de los quintiles de riqueza alto y más alto (41.8% para los dos grupos), las del grupo en el quintil más bajo de riqueza reportan el menor porcentaje de consulta con especialista (31.7%) al igual que las mujeres que no están buscando más hijos (18%)

Política Pública de Prevención y Tratamiento de la Infertilidad

La Política según el Ministerio de Salud busca entre otras cosas asegurar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Además, reglamentará el acceso a los tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistidas o Terapias de Reproducción Asistida (TRA) conforme a los lineamientos técnicos para garantizar el derecho con recursos públicos, bajo el enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos contenidos en el modelo del Plan Decenal de Salud Pública.

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Gestión y fortalecimiento institucional 

Así mismo, el proyecto que cursa en el ministerio de salud obliga a las Instituciones prestadoras de servicios salud que realicen  prevención, diagnóstico o tratamiento de la infertilidad cumplan con los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y habilitación de servicios de salud determinados en el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud.

En consecuencia, el proyecto también incluye que de acuerdo a lo establecido será el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) quien tenga la competencia para la inspección, vigilancia y control de los requisitos que deben cumplir los Bancos de Gametos y Embriones y lleve el registro de estos bancos.

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