La situación jurídica y financiera de Nueva EPS se agrava tras la más reciente decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, que ordenó ampliar la medida de embargo sobre sus recursos hasta alcanzar un monto de $887.249.858 millones de pesos. Esta cifra duplica el valor decretado apenas una semana atrás, y afecta recursos catalogados por la normativa vigente como inembargables, lo que ha generado preocupación en las autoridades y actores del sistema de salud.
El fallo se emite en un contexto nacional marcado por la crisis de liquidez, la cartera hospitalaria creciente, estimada en más de $24 billones, y las tensiones judiciales sobre el manejo de los fondos públicos de la salud. Según expertos del sector, esta nueva medida no solo incrementa la incertidumbre jurídica, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad operativa del aseguramiento y la continuidad en la atención de los más de 11 millones de afiliados que dependen de Nueva EPS en todo el país.
El caso, además, plantea interrogantes sobre la coordinación institucional entre los jueces y las autoridades sanitarias, en especial respecto a la protección de los recursos que financian el derecho fundamental a la salud.
¿Por qué se amplió la medida judicial contra Nueva EPS en Florencia, Caquetá?
La ampliación del embargo responde a nuevos mandamientos judiciales que incrementan el valor retenido a casi $900 mil millones, afectando los flujos financieros de la EPS y su capacidad para garantizar la atención en salud. El despacho judicial de Florencia concentra actualmente el 45,9% de las demandas ejecutivas contra Nueva EPS, convirtiéndose en el juzgado con mayor número de medidas cautelares activas contra una sola entidad del sistema.
Entre las instituciones que han promovido los procesos de embargo se encuentran Clínica Médicos del Cesar, Clínica Uros S.A.S., Fundación Cardio Infantil, Clínica San Juan Bautista S.A.S., Medicuc IPS LTDA y Clínica de Valledupar, entre otras.
La agente interventora, Dra. Gloria Libia Polanía Aguillón, advirtió que estas decisiones “no solo desconocen la naturaleza jurídica de los recursos, sino que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”.
Ante la magnitud del impacto, Nueva EPS informó a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, solicitando medidas urgentes para detener los embargos y proteger los recursos misionales del sistema.
¿Qué normas protegen la inembargabilidad de los recursos del sistema de salud?
El artículo 48 de la Constitución Política establece que los recursos de la seguridad social son inembargables, por su naturaleza pública y destinación específica. Este principio se encuentra respaldado por las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y por múltiples pronunciamientos judiciales y administrativos.
En concordancia, la Circular 000032 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Circular 014 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación advierten que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no pueden ser objeto de medidas cautelares. La razón es clara dado que se trata de fondos parafiscales, esenciales para garantizar la atención médica y el funcionamiento de la red hospitalaria.
Pese a este marco normativo, los embargos decretados incluyen recursos del régimen subsidiado, afectando a los afiliados más vulnerables del sistema. En la práctica, esto significa que los dineros destinados a financiar tratamientos, medicamentos y servicios esenciales podrían quedar bloqueados, dificultando la atención y el pago oportuno a las IPS.
Proteger los recursos de la salud es proteger el derecho fundamental a la atención
El embargo ampliado por $887 mil millones contra Nueva EPS no es solo un hecho jurídico; constituye un alerta estructural sobre la fragilidad del modelo de financiamiento del sistema de salud colombiano. Cada peso bloqueado se traduce en servicios no prestados, medicamentos no entregados y pagos retrasados a las instituciones prestadoras.
La agente interventora hizo un llamado urgente a las autoridades para salvaguardar los recursos públicos del sector y garantizar que se cumpla el principio de inembargabilidad. “Embargar recursos de la salud vulnera el orden jurídico, compromete el patrimonio público y afecta la garantía del derecho fundamental a la salud”, reiteró.
