Ante el cierre terrestre de la frontera colombo-panameña, la Defensoría del Pueblo, por medio de su Centro de Analítica de Datos en Derechos Humanos y su delegada para los Derechos a la Población en Movilidad Humana, desarrolló un modelo analítico prospectivo sobre la vulneración de derechos humanos.
Este estudio se centró en Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá, en Antioquia, y Acandí y Unguía, en Chocó, municipios que forman parte del Urabá-Darién, subregión que tiene alrededor de 480.000 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Según este modelo, si los cierres fronterizos resultaran en la permanencia de un 10% a un 20% de la población migrante en la subregión del Urabá-Darién, se proyecta que en un período de seis meses a un año, los municipios que experimentarían el mayor incremento poblacional serían San Juan de Urabá, con 5713 personas adicionales (2.9%), Arboletes, con 3400 personas (2.0%) y San Pedro de Urabá, con 3230 personas (1.9%).
Vulneración del derecho a la salud
Los registros del Sistema Visión Web, gestionado por la Defensoría, han evidenciado que el derecho esencial a la salud es uno de los más vulnerados en la subregión del Urabá-Darién. Según el modelo analítico prospectivo, si los cierres fronterizos provocaran la permanencia de un 10% a un 20% de la población migrante en esta zona, se prevé un aumento significativo en la propagación de enfermedades y una sobrecarga en la red hospitalaria.
Incremento en la propagación de enfermedades
El modelo proyecta que el área de influencia de la subregión Urabá-Darién podría experimentar un aumento en las tasas de contagio de varias enfermedades por cada 1000 habitantes:
- Sífilis congénita: 5.7%
- Chikunguña y dengue: 5.2%
- Leptospirosis: 4.7%
Estas cifras sugieren un inminente desafío para el sistema de salud local, que ya enfrenta limitaciones significativas.
Brecha en la capacidad hospitalaria
Del mismo modo, se ha identificado una considerable disparidad entre el número de camas hospitalarias requeridas, según los estándares de la OMS, y las camas disponibles actualmente en los municipios de la subregión. Los municipios con mayores brechas en Antioquia son:
- Turbo: Requiere 461 camas, pero solo tiene 100 instaladas.
- Apartadó: Necesita 451 camas, con solo 291 disponibles.
- Carepa: Debería contar con 179 camas, pero solo dispone de 56.
La insuficiencia de camas hospitalarias es especialmente crítica considerando que las complicaciones de las enfermedades mencionadas pueden requerir hospitalización.
La implementación de restricciones en la subregión Urabá-Darién podría desencadenar una crisis humanitaria, afectando de manera severa la salud pública. Es imperativo abordar estas problemáticas de manera integral y con un enfoque humanitario para prevenir un colapso del sistema de salud y asegurar la protección de los derechos esenciales de la población.
La situación exige una respuesta coordinada que incluya la mejora de la infraestructura sanitaria, la provisión de recursos médicos adecuados, y estrategias de salud pública que mitiguen la propagación de enfermedades y fortalezcan la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Llamado a la acción por parte de la Defensoría del Pueblo
Ante la situación crítica en la subregión Urabá-Darién, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio de Salud y Protección Social, así como a las autoridades sanitarias municipales y departamentales, a implementar medidas urgentes y efectivas para prevenir el posible incremento de enfermedades derivado de una eventual concentración masiva de migrantes.
Medidas preventivas y de salud pública:
- Implementar medidas de salud pública que mitiguen la propagación de enfermedades.
- Asegurar la disponibilidad de recursos médicos y fortalecer la infraestructura sanitaria.
- Activar mesas de gestión migratoria con un enfoque humanitario, para coordinar la respuesta ante el flujo de migrantes.
Caracterización sociodemográfica:
- El Dane debe realizar un ejercicio de caracterización sociodemográfica de la población local y migrante, tanto en tránsito como asentada en otros territorios de la ruta migratoria.
- Identificar factores de vulnerabilidad, especialmente en condiciones de salud, para tomar decisiones de política pública adecuadas.
Mediación internacional:
- Solicitar al Gobierno Nacional mediar con las autoridades panameñas para asegurar el respeto a los derechos humanos y las normas internacionales sobre refugio y no devolución de migrantes.
