Víctimas del conflicto tienen su capítulo en el Plan Decenal de Salud Pública

En 2020, 3.732.110 habitantes reconocidos como víctimas del conflicto accedieron a servicios de salud en el territorio nacional.
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La Resolución 2405 de 2021 integra formalmente a las víctimas del conflicto armado mediante un capítulo diferencial en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP). Con este agregado que constituye una visión a largo plazo, las autoridades en salud tienen como propósito asegurar acciones diferenciales en salud pública para esta población, especialmente en lo que se refiere a las garantías de acceso y atención oportuna, mejoramiento de la calidad y el bienestar y lograr cero tolerancia con la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables.

Adicionalmente, el documento señala que el capítulo también se enmarca bajo el enfoque diferencial -ya aplicado a distintas áreas de las políticas públicas- que reconocen las particularidades de esta población, hoy en día de mayor vulnerabilidad para el ejercicio del derecho a la salud. Bajo esta premisa, el apartado constituye un insumo fundamental para que sean articulados por los entes territoriales, autoridades nacionales, departamentales, distritales a manera de proyectos, iniciativas y estrategias.

Uno de los aspectos trascendentales para la creación de este capítulo es la violencia como problema de salud pública. De acuerdo con expertos, la afectación del conflicto armado fue más que evidente en el aumento de incapacidades, hospitalizaciones y muertes evitables desde la década de los 80, sin contar las consecuencias físicas y psicológicas que este período ha dejado en los colombianos. Otro de los componentes fundamentales tiene que ver con el panorama nacional tras el Acuerdo de Paz, en el que se establecieron líneas de trabajo específicas para las víctimas del conflicto armado:

  • Articulación con los  mecanismos del sistema  integral  de verdad, justlcla. reparación y no repetición.
  • Medidas  para la recuperación emocional  individual.
  • Medidas  de  rehabilitación  comunitaria  y colectiva. “Precisamente, en desarrollo de la segunda línea sobre medidas para la recuperación emocional individual, uno de sus objetivos es aumentar la oferta de atención psicosocial y en salud integral a victimas del conflicto armado, por lo que este Ministerio ha venido avanzando en la construcción del Módulo del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado-PAPS/VI para zonas rurales, destaca la resolución.

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La responsabilidad de la implementación del enfoque diferencial recaerá sobre las entidades territoriales, distritales y municipales, de acuerdo con la normatividad vigente. En esto se incluye la integración y ejecución de programas o iniciativas propuestas desde los distintos actores involucrados en las distintas áreas de la salud pública.

En materia de financiación de este capítulo, en la resolución se menciona lo siguiente: “es importante reconocer en este componente la necesidad de coordinación y articulación de las respuestas en salud de la  población victima con las diferentes entidades, planes e instrumentos  que ha díspuesto  e! Gobierno nacional y que se integran al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctlmas y. más aún, entre la nación y las entidades territoriales”.

Panorama de atención en salud y afiliación al sistema de las víctimas del conflicto armado

Las estadísticas indican que el 18% de la población colombiana actual (51.049.498 habitantes) está inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV), equivalentes a 9.153.078 de individuos. No obstante, los registros en SISPRO hasta el 1 de julio de 2021 indican solamente que 8.117.556 personas están plenamente identificadas como víctimas del conflicto. A nivel demográfico, el 73% de esta población se encuentra entre los 15 y los 64 años, el 18% tiene 14 años o menos y el 8% tiene 65 años o más.

Si nos trasladamos al área de la salud, la resolución menciona que en 2020, 3.732.110 habitantes reconocidos como víctimas del conflicto accedieron a servicios de salud en el territorio nacional. Ese año se llevaron a cabo 44.894.821 intervenciones, siendo las consultas y los procedimientos las de mayor número. En menor proporción se encuentran las atenciones por urgencias u hospitalizaciones. Cabe anotar que estas últimas pudieron estar mermadas debido a la aparición de la pandemia. En cuánto a los porcentajes por género, las atenciones fueron en un 61% para las mujeres vs. un 39% para los hombres.

De acuerdo con la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA ,con corte a julio de 2021, el 95.1 %, equivalente a 7.328.219 víctimas del conflicto armado se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).  De este total, el 70.5% pertenece al Régimen Subsidiado, el 26.9% al Régimen Contributivo y el 2.6% al régimen Especial y de Excepción.

Diagnósticos más comunes y situación de discapacidad:

En esta población, el Ministerio de Salud detectó que los diagnósticos más comunes son enfermedades del sistema digestivo, seguidas por trastornos del sistema genitourinario, sistema osteomuscular, sistema respiratorio y traumatismos.

Frente a la discapacidad, en el capítulo diferencial se indica que 190.863 personas víctimas del conflicto ha declarado estar en dicha situación. Las afectaciones más comunes son aquellas en del movimiento del cuerpo, manos, brazos. piernas con un porcentaje del 38%. A continuación se encuentra la discapacidad del sistema nervioso con un 24.6% y la discapacidad ocular con el 15%.

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Estos son los retos para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria con relación a las víctimas identificadas

Según la Resolución 2405 de 2021, el Ministerio de Salud ha propuesto una serie de estrategias para garantizar el acceso a la atención en salud y mejoras en la respuesta a la necesidades en salud de este y otros grupos vulnerables contemplados en el Plan Decenal de Salud Pública. Estas son algunas de las más importantes en relación con la autoridad sanitaria y el aseguramiento de la población.

EstrategiaDefinición de la estrategia
Aseguramiento de la población víctima del conflicto armadoEl Ministerio de Salud determina a las personas plenamente identificadas como víctimas pendientes por asegurar (según información de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV). Las entidades territoriales deberán gestionar la información al SGSSS.
Fortalecimiento y consolidación del PAPSIVI para la atención integral en saludEl Ministerio de Salud desarrollará e implementará acciones para consolidar al Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas – PAPSIVI como la política principal en salud para los colombianos más afectados por el conflicto armado. Dentro de esta política se tienen en cuenta la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. Para ello se buscará la implementación de:

– Protocolo de Atención Integral en Salud con Enfoque Psicosocial a víctimas.
– Lineamientos para la construcción departamental de planes de gestión e integración del protocolo.
– Guía para la territorialización de la medida de rehabilitación.
– Capacitación del talento humano (Res. 1166 de 2018) para la atención a víctimas del conflicto armado.
Atención integral en salud a víctimas de violencias por conflicto armadoLos agentes del sistema de salud (asegurador, prestador, territorio) en articulación con las Rutas de Atención Integral en Salud (RIAS) garantizan las condiciones que aseguran la integralidad en la atención sanitaria a las personas afectadas por la violencia en el territorio nacional. La estrategia también establece el desarrollo de acciones que puedan implementarse en los modelos de atención integral para generar los esquemas de atención en salud que mejoren los resultados esperados.

Descargue el capítulo diferencial para las víctimas del conflicto armado aquí:

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