En un trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) se logró el decomisó de 192 goteros del medicamento Interferón Beta sublingual, que se encontraba siendo comercializado en la FUNDACIÓN JULIO KLINGER, en la ciudad de Popayán de manera fraudulenta.
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decomiso de medicamentos fraudulentos
Según la medida sanitaria impuesta por la autoridad, “la FUNDACIÓN JULIO KLINGER no cuenta con habilitación en ningún servicio de salud, ni con Certificación de Buenas Prácticas de Elaboración para la preparación y manipulación de medicamentos; tampoco está autorizada por el Invima para adelantar estudios clínicos en relación con el medicamento Interferón”.
Así mismo, la investigación apunta a que los goteros de 30 ml, decomisados se encontraban almacenados en cadena de frío sin control de temperatura, sin etiquetas o información del producto allí contenido, cada uno con un costo de COP $80.000.
También se encontraron volantes del producto con información de su composición, contraindicaciones y usos, los cuales no están certificados por el Invima, lo que implica que presuntamente, se trata de un producto fraudulento, debido a que no cuenta con registro sanitario.
El Invima resaltó que desconoce la composición del medicamento y que la publicidad que se estaba realizando respecto de las indicaciones y usos de este producto como tratamiento para el SARS-CoV-2, o síntomas asociados, no solo contraviene la normatividad sanitaria vigente, sino que, al no contar con respaldo ni evidencias científicas, generan riesgo para la salud individual y colectiva.
Medidas impuestas por medicamento fraudulento
Las medidas sanitarias de seguridad aplicadas en este caso son tres:
- Suspensión total de los procesos de fabricación de medicamentos biológicos
- Decomiso de los productos y volantes informativos
- Suspensión de trabajos o servicios de publicidad en el sitio web www.doctorjuliocesarklinger.com y en la red social www.facebook.com/Fundacionjulioklinger/?ref=page_internal
Cabe mencionar, que según la institución sanitaria, estas medidas son de carácter preventivo y de inmediato cumplimiento, y su no acatamiento pueden generar la imposición de multas sucesivas hasta por 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, debido a su renuencia. (Art. 90 de la Ley 1437 de 2011. Ejecución en caso de renuencia.)
De igual manera, el Invima, a través del Grupo de Trabajo Territorial Occidente 2 de la Dirección de Operaciones Sanitarias, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos y el Grupo Unidad de Reacción Inmediata – GURI de la Secretaría General, de manera articulada con la Polfa, continuará trabajando contra la ilegalidad, en salvaguarda de la salud pública.
Finalmente, la autoridad sanitaria indicó, “estos hechos son materia de investigación por la Dirección de Responsabilidad Sanitaria del Invima, encargada de adelantar el proceso administrativo sancionatorio, para definir si se infringió la normatividad sanitaria y si por estos hechos, hay lugar a la imposición de sanciones, garantizando el debido proceso, los derechos de defensa y contradicción de los presuntos infractores. Además, estos hechos se pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de Nación para que se tomen las medidas a que haya lugar y se determine si se trata de delitos que atentan contra la salud pública”.
