La más reciente alerta de la Defensoría del Pueblo sobre la crisis de salud que afecta la atención y la dispensación de medicamentos en ocho departamentos, incluido el Valle del Cauca, volvió a poner en primer plano la fragilidad financiera de la red pública y privada del departamento, donde la cartera supera los $6 billones y la deuda con los trabajadores de la salud rebasa los $300 mil millones.
Una alerta nacional que impacta directamente al Valle del Cauca
La comunicación de la Defensoría Nacional del Pueblo, centrada en las afectaciones a la atención y a la entrega de medicamentos en varios territorios, fue interpretada por la administración departamental como un respaldo a un llamado que viene reiterándose desde el Valle del Cauca: la necesidad de soluciones estructurales ante el deterioro de la red hospitalaria por el crecimiento de la cartera de las EPS.
En Cali, la crisis se expresa en un elemento determinante para la continuidad de la atención: la alta proporción de población afiliada a EPS intervenidas por el Gobierno nacional. Según la Secretaría de Salud del Valle, este factor es clave para entender la limitación de contratación y el impacto sobre la oportunidad de los servicios.
“El 90% de los vallecaucanos” afiliados a EPS intervenidas: el cuello de botella
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que el departamento enfrenta una restricción crítica por el peso que tienen las EPS intervenidas dentro del aseguramiento regional. “La razón está en que el 90% de los vallecaucanos, estamos afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno nacional por una situación financiera lamentable, que no se ha corregido y que significa que, como ellos no tienen los recursos, no contratan la red pública y privada para la prestación de servicios. Nosotros no tenemos la oportunidad de acceder a unos servicios que no están contratados o una movilidad de los médicos, especialmente los especialistas, por falta de pago”.
El planteamiento de la Secretaría sugiere una cadena de efectos: menor contratación con la red – reducción de la disponibilidad efectiva de servicios (y de especialistas) – presiones sobre tiempos de atención y continuidad asistencial. En ese escenario, la discusión deja de ser únicamente de suficiencia financiera y se traslada a la experiencia real del usuario: servicios no contratados son servicios que, en la práctica, no están disponibles.
Nueva EPS concentra más de un millón de afiliados en el Valle
El riesgo se agrava, de acuerdo con las autoridades departamentales, por la concentración de afiliados en una de las EPS intervenidas: Nueva EPS, que en el Valle del Cauca agrupa a más de un millón de personas. La lectura institucional es directa: una EPS con alta participación poblacional y dificultades financieras puede amplificar el impacto sobre la red y sobre la continuidad en la entrega de servicios y medicamentos.
Para la Secretaría de Salud, la salida inmediata para “oxigenar” el sistema pasa por el pago oportuno: garantizar flujo de recursos permitiría sostener operación hospitalaria, preservar continuidad de la atención y asegurar la nómina de los profesionales.
Cartera por encima de $6 billones y deuda laboral superior a $300 mil millones
El punto más sensible del diagnóstico presentado por la autoridad sanitaria departamental es la magnitud de la cartera y su impacto sobre el talento humano. “La deuda en el departamento supera los 6 billones de pesos, y la deuda a los trabajadores de la salud, supera los 300 mil millones de pesos”, afirmó la funcionaria.
Como respuesta parcial, la Gobernación del Valle del Cauca reportó la destinación de $12.800 millones para el pago de nómina en hospitales específicos: el Universitario del Valle, el hospital “Tomás Uribe Uribe” de Tuluá, y en Cali, Mario Correa Rengifo e Isaías Duarte Cancino.
Aunque se presenta como un alivio, la medida también evidencia la presión sobre las finanzas hospitalarias: cuando un gobierno territorial debe acudir a recursos propios para sostener nómina, el mensaje de fondo es que los flujos ordinarios del aseguramiento no están garantizando la estabilidad mínima de la red.
Estrategias operativas del departamento para sostener la atención
Además de los recursos para nómina, la Gobernación mantiene acciones orientadas a reducir barreras de acceso y reforzar capacidad de respuesta. Entre ellas se destaca el programa de “Desconcentración de Servicios”, que ha permitido que más de 15 mil vallecaucanos reciban atención especializada en sus municipios, según el reporte oficial.
A este componente se suman otras líneas de acción mencionadas por el departamento: el fortalecimiento del parque automotor con nuevas ambulancias para mejorar la respuesta en urgencias y la destinación de recursos propios para apoyar el pago de salarios del personal de salud.
EPS intervenidas con mayores obligaciones vencidas en el Valle
El panorama de obligaciones vencidas se concentra, de acuerdo con el texto base, en las EPS intervenidas Asmet Salud, Coosalud, Emssanar, Nueva EPS y SOS, señaladas como las que acumulan las mayores deudas con la red hospitalaria del departamento.
En conjunto, el diagnóstico departamental subraya que la crisis no se limita a un episodio coyuntural, sino a un problema de sostenibilidad de la red asistencial: sin contratación y sin flujo oportuno de recursos, la capacidad instalada se deteriora, se tensionan las nóminas, y el acceso real de los usuarios a servicios (especialmente especializados) se vuelve más frágil.
