(Noticia en desarrollo) En una decisión que ha generado gran repercusión, la Corte Constitucional ha declarado inexequible el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Esta medida, que fue tomada por el Gobierno como respuesta a la crisis que ha afectado a la región durante mucho tiempo, ha sido objeto de controversia desde su expedición.
Durante varias semanas, la Sala Plena analizó una ponencia presentada por la magistrada Natalia Ángel Cabo que proponía respaldar, con ciertas condiciones, el decreto, con la comprensión de que la medida tenía como objetivo abordar los elementos fundamentales de la crisis.
La Procuraduría, en un concepto enviado al alto tribunal, argumentó que el decreto es inconstitucional, ya que la crisis en La Guajira es una problemática estructural que puede ser abordada y resuelta a través de una buena gestión administrativa. Según esta entidad, los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia no son “sobrevinientes” y, por lo tanto, pueden ser atendidos de otras maneras.
No obstante, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, ha manifestado su desacuerdo con la Procuraduría, argumentando que la crisis en La Guajira va más allá de una simple cuestión de gestión y requiere de medidas urgentes para su atención.
Y el Ministerio de Salud alegó que se necesita el Estado de Emergencia debido a las fallas continuas en el modelo de atención en salud que han llevado a resultados deficientes, “con presencia de morbilidad y mortalidad evitable en cifras superiores a las registradas en el país y bajas coberturas para la gestión del riesgo en salud especialmente en zonas rurales”.
A pesar de la decisión de la Corte Constitucional, el Gobierno anunció recientemente que se destinarán recursos a 30.000 familias wayúu para mitigar la crisis en la región. Estas familias recibirán un giro de 500.000 pesos después de las próximas elecciones de octubre.
Plazos de la decisión de la Corte Constitucional
La decisión de la Corte Constitucional tiene efectos diferidos por un año en lo que respecta a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria debido a la escasez de agua. Además, se exhorta al Gobierno nacional y al Congreso de la República a adoptar las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que afecta a la región y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en la zona.
Es importante que las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico sean fortalecidas en materia de cambio climático y se les asignen los recursos necesarios para hacer frente a las circunstancias actuales.
Durante la decisión de la Sentencia C-383 2023, se registraron distintas posturas entre los magistrados. La ponencia conjunta estuvo a cargo de la magistrada Diana Fajardo y el magistrado José Fernando Reyes. En esta ocasión, las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo, junto con el magistrado Juan Carlos Cortés, optaron por salvar su voto. Por otro lado, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses decidieron aclarar su voto. Finalmente, el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.
