La Contraloría General de la República ha intensificado su vigilancia sobre el uso indebido de los recursos de la salud, revelando que actualmente existen 522 procesos de responsabilidad fiscal abiertos, que suman $11 billones. Esta cifra refleja la magnitud de las irregularidades detectadas en la administración de los dineros destinados al sistema de salud colombiano.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentran 111 imputaciones de responsabilidad fiscal por un valor de $498.539 millones, así como 41 fallos de responsabilidad fiscal ejecutoriados que ascienden a $542.995 millones. Estas investigaciones han permitido el resarcimiento de $10.849 millones y la recuperación de $174.230 millones mediante cobros coactivos, logrando un total de $185.080 millones recuperados.
Hallazgos de la Contraloría: Un problema estructural
Desde 2022, la administración de la Contraloría ha realizado auditorías financieras y de cumplimiento, así como actuaciones especiales de fiscalización y seguimiento a denuncias fiscales en el sector salud. Gracias a este trabajo, se han identificado graves inconsistencias en el uso de los fondos públicos, lo que ha llevado a 871 hallazgos administrativos, de los cuales 182 tienen presunta incidencia fiscal por un monto de $181.049 millones.
Uno de los problemas detectados ha sido el incumplimiento de los indicadores de habilitación financiera, lo que ha generado un uso indebido de los recursos de la salud y la falta de liquidez en diversas entidades. También se ha señalado un manejo inadecuado de los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), elemento fundamental para garantizar la cobertura de los servicios médicos.
El FOMAG bajo la lupa
La prestación de servicios de salud a los docentes, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ha sido objeto de especial vigilancia por parte de la Contraloría. Solo en 2023 y 2024 se encontraron hallazgos fiscales por más de $436.000 millones, evidenciando una gestión ineficiente y mal manejo de los fondos destinados a los maestros.
El monitoreo realizado a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha sido clave para rastrear los movimientos financieros entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), las EPS, IPS y demás prestadores de salud. Este seguimiento ha permitido identificar irregularidades en el flujo de pagos y desvíos de recursos que deberían destinarse exclusivamente a la atención de los pacientes.
EPS en la mira: uso irregular de la UPC
Uno de los informes más contundentes de la CGR se enfocó en el cumplimiento de requisitos financieros de las EPS, detectando que más de 14 entidades no cumplían con las normas establecidas. Entre los principales problemas evidenciados se encuentran:
- Uso indebido de la UPC: Se halló que más de $6 billones de la Unidad de Pago por Capitación, que deberían haberse utilizado para reservas técnicas, fueron desviados para pagar deudas antiguas, algunas con más de 13 años de antigüedad.
- Pagos sin facturación: Se identificó que las EPS realizaron pagos por $5 billones a IPS sin facturas ni soportes, lo que ha motivado indagaciones preliminares para determinar el destino real de esos recursos.
Contraloría alerta sobre corrupción en infraestructura hospitalaria
Además de la mala administración de recursos en EPS e IPS, la Contraloría también ha puesto en evidencia problemas en las obras de infraestructura hospitalaria financiadas por el Ministerio de Salud. En este sentido, la DIARI ha emitido 14 alertas sobre el modelo de construcción de instituciones hospitalarias en varias regiones del país, subrayando problemas como sobrecostos, retrasos en la ejecución y posibles actos de corrupción.
Para enfrentar estas irregularidades, la Contraloría ha fortalecido el trabajo de su Grupo Especial Élite, encargado de realizar un seguimiento minucioso al uso de los recursos de la salud y a los flujos de financiamiento del sistema. Este equipo también ha participado en la creación de un sistema de información especializado, que permite rastrear el movimiento de fondos públicos desde su origen hasta su destino final en la prestación de servicios médicos.
Corrupción y politización en la salud: Un debate abierto
El Vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga Pardo, ha sido enfático en señalar que la Contraloría ha estado presente en el debate sobre el sistema de salud y ha aportado informes contundentes que revelan múltiples irregularidades. A pesar de ello, la politización del sector y la falta de medidas correctivas inmediatas han dificultado la recuperación de los recursos desviados.
Uno de los puntos más críticos es la eliminación de criterios meritocráticos para la selección de directivos en hospitales públicos, lo que ha generado preocupación por la posible captura política de las instituciones de salud. Sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados, persiste el riesgo de que los fondos del sector sean utilizados para intereses particulares en lugar de garantizar el acceso a servicios de calidad.
¿Qué sigue para el sistema de salud?
Con más de $11 billones en juego, la Contraloría General de la República ha reiterado su compromiso de perseguir el uso indebido de los fondos de la salud y exigir correctivos inmediatos a las entidades responsables. Sin embargo, los procesos judiciales y administrativos en curso aún tienen un largo camino por recorrer antes de que los responsables rindan cuentas.
Mientras tanto, el país enfrenta el desafío de reformar su sistema de salud sin comprometer su sostenibilidad financiera, garantizando que cada peso destinado a la atención médica llegue realmente a los pacientes que lo necesitan. La vigilancia de los organismos de control será clave para evitar que la corrupción siga debilitando uno de los sectores más sensibles para la población colombiana.
