La Contraloría General de la República ordenó como medida cautelar el embargo de bienes y cuentas bancarias de diez EPS, así como algunos de sus directivos, por $ 1.541 millones dentro de una investigación por posibles irregularidades en el cobro suministros, medicamentos y procedimientos médicos al Fosyga, como si no estuvieran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
La decisión, en primera instancia, afecta a Coomeva, Aliansalud, Famisanar, Salud Total, Sura, Saludcoop (hoy en liquidación), la Caja de Compensación Familiar deAntioquia, Cruz Blanca, Cafesalud y Sanitas.
Entre los directivos involucrados, se encuentran Carlos Gustavo Palacino, antiguo presidente de Saludcoop, ya investigado por un caso similar en esa EPS; Juan Carlos Fernández, de Famisanar; Gabriel Mesa Nicholls; Maria Fernanda Cabral Isaacs; Anibal Rodriguez Guerrero; Carlos Alfonso MOntoya Mejía entre otros.
Esta medida que fue tomada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, ahora pasa a una instancia en el despacho del contralor general, Felipe Córdoba, quien además decidirá sobre la compulsa de copias a la Fiscalía y la Procuraduría para las correspondientes investigaciones.
El daño patrimonial, asciende a “$296.013.368, al cual se le resta $1.150.012 que fueron reintegrados, según soportes allegados con los descargos, entonces el límite de las medidas cautelares a decretar deberá calcularse sobre $294.863.356”.
Los bienes embargados sumarían más de 1500 millones de pesos.
¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LAS EPS?
A través de un comunicado, el gremio de las EPS ACEMI, respondió a la investigación y aseguró haber actuado con transparencia en el manejo de los recobros hechos al Estado por concepto de servicios prestados que no están en el POS.
Para ACEMI, la Contraloría inició una investigación para determinar si hubo irregularidades en este proceso en el 2009, encontrando que el 99% de los recobros hechos al Fosyga en ese año que ascendieron a 1,8 billones de pesos, cumplieron las normas y fueron debidamente pagados: “Solamente sobre el 1% del valor de los recobros analizados, la Contraloría mantuvo su cuestionamiento considerando el concepto de dicha entidad sobre la definición de su inclusión o no en el POS. De estos servicios fue objeto de devolución el 50% y el restante está en controversia en tanto las EPS consideran que tienen el legítimo derecho a su pago”.
Adicionalmente resaltan que las medidas cautelares decretadas por ese órgano de control “son de carácter preventivo” y no corresponden a un fallo de fondo.
Las EPS agremiadas mostraron su compromiso con la salud de sus afiliados y estarán prestas a suministrar toda la información requerida por la Contraloría y demás entidades de supervisión.
A continuación Consultorsalud lo invita a descargar el documento de la Contraloría y el comunicado de Acemi.
