Un salto de equidad muy importante resultará tras adoptar esta decisión, que con solo el titular parecería impropia de sugerir en un país empobrecido; sin embargo, hay que acabar el régimen subsidiado, y para ello voy a presentar cinco (5) argumentos de otros muchos que ustedes podrían aconsejar.

Lejos de querer afectar algún subconjunto poblacional o ser piedra edificante de polarizaciones infructuosas, el camino sugerido busca justamente lo contrario, alcanzar las garantías integrales para con ese derecho fundamental en la población más vulnerable y vulnerada, eliminando lo que otrora fuera una medida democrática y positiva: el régimen subsidiado de salud.

EL RéGIMEN SUBSIDIADO HOY

Entendamos previamente a qué llamamos hoy Régimen Subsidiado: un subconjunto de la población asegurada a unas EPS (23 EPS operan únicamente en el Régimen Subsidiado, 4 en ambos regímenes y 10 EPS solo en el Contributivo), que deben garantizar el acceso, representarlos ante la compleja institucionalidad sectorial y responder por el riesgo financiero.

Estamos justamente hablando de 23.891.147 colombianos para mayo de 2021 (en diciembre de 2019 eran 22.808.930); como se nota, hay un crecimiento del 4,74% en un lapso de diecisiete (17 meses, evidencia clara del deterioro de las condiciones laborales y de empleabilidad que azotan la nación).

De esos 23.8 millones de colombianos, el 49.42% se encuentran afiliados en solo cinco (5) EPS: Nueva EPS, Coosalud, Mutual Ser, Asmet Salud y Emssanar, lo cual refleja un fenómeno ampliamente divulgado por quien redacta estas líneas, de concentración del aseguramiento y su riesgo (quizás un oligopolio) que podría o no ser conveniente para la obtención de resultados.

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LAS DIFERENCIAS CON EL CONTRIBUTIVO

Primero: la UPC

Sus valores son diferentes. Mientras que por cada persona afiliada al régimen subsidiado las EPS reciben $872.496, en el contributivo esa cifra se extiende hasta los $938.826 (un 7,60% adicional), con las mismas obligaciones atadas a las tecnologías financiadas con la prima.

Me sigue pareciendo impropio camuflar dentro de la UPC del contributivo (que debería atender también solo situaciones del cuidado de la salud), las licencias de maternidad y paternidad y las incapacidades laborales, terreno obviamente que debería estar ligado más a las ARL que a las EPS.

Argumenta ocasionalmente (y solo cuando es lejanamente cuestionado el Minsalud sobre el particular), que las frecuencias de uso difieren justificando discretamente la anomalía.

Segundo: las actividades de Promoción y Prevención

Solo las EPS del contributivo reciben por cada afiliado $ 24.152,40 anuales, y nadie dice nada de este despropósito. ¿No requieren los pobres del país actividades individuales de PyP? ¿Qué hacen realmente con este rubro las EPS del contributivo? La cifra que no se entrega a las personas del subsidiado y sus EPS cada  año es de $577 mil millones de pesos.

Tercero: el SISBÉN

Que se convirtió de tiempo atrás en una herramienta feudal y politiquera para afianzar a caciques municipales (en alcaldías, consejos e incluso asambleas departamentales) que tienen cierto poder sobre la aplicación (y manipulación) de la encuesta y el antiguo puntaje del sistema de selección de beneficiarios.

Desde el pasado 5 de marzo de 2021, y con la entrada en vigor del Sisbén IV, confiamos se depure la lista, y se expropie el derecho ilegitimo del que hoy se favorecen estos individuos. Con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo; esto significa que ya no existirá un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos (A,B,C, y D)

Lo que es real, es que hay decenas de miles de colados (otra forma de corrupción social), que teniendo postura cotizante, evaden o eluden sus obligaciones, desfinanciando el contributivo y robándole al subsidiado.

Cuarto: la obligación de contratar el 60% de la UPC de salud con las Empresas Sociales del Estado

Que norma tan ilógica; es una afrenta a la primera obligación de las EPS: comprar inteligentemente los servicios. Siempre he defendido que las EPS deben perseguir los buenos resultados, y esta búsqueda debe estar por encima de cualquier proteccionismo contractual arcaico y mal diseñado.

Como van a comprar las EPS los mejores servicios, o de la más alta calidad, si están obligadas a esta ineficiente e inefectiva “medida financiera”; porque claramente es una pobrísima medida de protección institucional para los hospitales públicos, que deprime la posibilidad de acceso a los mejores prestadores disponibles en las regiones.

Seguramente el párrafo anterior puede ser contestado a voz alzada, con el insípido y repetitivo argumento que son los prestadores únicos en muchos municipios colombianos, lo cual es probable, pero insuficiente para justificar la atadura a malos resultados, especialmente cuando de la vida se trata.

Como ya saben, me aferro a datos e investigaciones cuando escribo artículos de opinión, y ejecuto consultorías estratégicas; y allí van mis soportes presentados en la siguiente tabla, producto del último estudio sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud que realizó la EAFIT, liberado hace menos de 20 días (entre otras cosas presiente el estudio, un déficit de la ADRES de un tamaño monstruoso 2.8 puntos del PIB para 2040 – ya comentaré este tema en otro artículo -):

Volvamos a la obligación de contratar con las ESE: su eficiencia es solo del 52% frente a las IPS privadas (76%); la satisfacción global es asombrosamente baja (29%); las privadas escalan al 79%.

Descargos:

No estoy atacando a las ESE, estoy defendiendo a los ciudadanos vulnerables del subsidiado. Y sí, debemos proteger también la institucionalidad pública prestacional; arropémosla con medidas como subsidio a la oferta, despolitización del nombramiento de gerentes, blindaje contra el clientelismo, reducción de la rotación de sus funcionarios, patrocinio de renovación tecnológica, de su infraestructura física, de la educación continuada de su talento humano y de la aprobación del régimen laboral especial, tanto como al mismo tiempo exijamos a estos prestadores mejores desenlaces.

Quinto: el abismo en el acceso diagnóstico y terapéutico

Reservé el último aspecto clave para lo que considero más importante, y es que los análisis de datos del sistema muestran con dolorosísima consistencia, que las personas del régimen subsidiado son menos diagnosticadas para casi todos los grupos de patologías principales que clasifica el CIE10, y el índice de prescripción en el SISBEN es casi la mitad, como puede leerse en la siguiente tabla que validó el observatorio interinstitucional de presupuestos máximos en enero de 2021:

Lo pensé mucho, pero debo aportar también al menos una tabla guía de una patología rastreada por CONSULTORSALUD en SISPRO, y me incliné por la oncología:

¿No les parece igualmente aterradora la diferencia asistencial entre regímenes?

Seguramente parte de esta radiografía descarnada pueda explicarse mirando por el retrovisor y descubriendo como por ejemplo, las tecnologías NO POS (NO PBS) estuvieron por mucho tiempo desfinanciadas a cargo de los entes territoriales, generando barreras de acceso administrativas (desde los gobiernos locales que no deseaban ese endeudamiento no buscado), y desde las IPS y los profesionales prescriptores, quienes tuvieron muchas veces que decidir entre la salud y la sobrevivencia financiera de sus organizaciones, y la escogencia del vademécum a utilizar de acuerdo al carné que el paciente presentara en la entrevista (que situación tan lamentable).

Supongo que muchos de los profesionales e incluso de los prestadores, todavía no reversan estas conductas, y siguen considerando a los pacientes del subsidiado y a sus EPS como de alto riesgo financiero, y condicionan sus manejos a esta inexistente realidad.

Hoy las tecnologías no UPC, están financiadas en los Presupuestos Máximos, que se giran cada mes anticipadamente a las EPS: he dicho en muchos auditorios nacionales que la cartera nueva debería tender a cero (0); y si esto no está ocurriendo, hay que revisar inmediatamente y con estudios actuariales la suficiencia de la UPC y del Presupuesto Máximo, cuando no, los modelos de contratación, precios y potenciales fugas de recursos.

CONCLUSIONES

Entonces las personas afiliadas al régimen subsidiado técnicamente tienen el mismo derecho fundamental a la salud, pero para garantizarlo sus EPS reciben menos dinero de UPC, no las cobijan recursos específicos para actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la red disponible que se contrata no es la óptima producto de una norma obtusa que raya con la inconstitucionalidad, afilia a miles de corruptos sociales que lo desangran, y para terminar, no reciben con equidad el acceso asistencial y a sus tecnologías solamente por pertenecer a este segmento poblacional o a sus EPS debilitadas financieramente.

LA RECETA PARA ACABAR EL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Si fuésemos idealistas, el argumento central de la receta estaría ligado inmediatamente con el acabar con la pobreza, que es una forma indirecta de terminar con el régimen subsidiado; acabar entiéndase como la construcción de una nación pujante, competitiva, altamente productiva, educada, autosuficiente, socialmente equilibrada, justa, feliz y deliberativa.

Como estas condiciones distan por el momento bastante de ser posibles, la siguiente medida sería la “unificación de los regímenes de salud”. Sí, es una estrategia simple pero potencialmente efectiva y eficiente.

El nombre es lo de menos. A mí me gusta, lo que proponía la archivada reforma a la salud: el Régimen Único de Salud RUS.

Este RUS podría atacar los cinco jinetes del apocalipsis que nombré, de la siguiente manera:

1. La UPC será única.
   • La UPC no contendrá el pago de licencias ni incapacidades. Estas pasarán a cargo de las ARL.
2. Las EPS recibirán por cada afiliado al RUS, los recursos destinados a las actividades Individuales de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad
   • Estos recursos no se reasignarán a incentivos por resultados, como lo contempló inapropiadamente la Ley 1955 de 2019.
   • Estos recursos si se canalizarán para el cumplimiento progresivo de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud.
3.  El SISBEN IV restituirá el equilibrio natural del financiamiento del sistema
   • Se decretarán medidas sancionatorias para sus infractores
   • Se automatizará la clasificación de selección de beneficiarios para evitar en el futuro fraude procesal, quitándole esta competencia a los entes territoriales.
4. Las EPS serán genéricas (pues ya no habrá régimen subsidiado ni contributivo), no tendrán ninguna obligación de contratar porcentajes de la prima de aseguramiento con ningún prestador público ni privado.
   • Se decretarán medidas especiales de protección financiera para las ESE que por su naturaleza o ubicación así lo requieran.
5. La inequidad en el acceso diagnóstico o terapéutico  se diluirá por sustracción de materia, al desaparecer el condicionante apellido de “subsidiado”, pero podría aun mantenerse un residuo vivo por referenciación con su EPS aseguradora y el riesgo financiero que pueda traducir, entonces:
   • Los recursos frescos de UPC pagarán únicamente los servicios de la operación mensual que financian.
   • No podrá surgir cartera nueva. Este KPI será rastreado como un nuevo indicador de riesgo operacional y será condición para la renovación de la licencia anual
   • Los pagos serán justos a máximo 45 días.
   • La cartera antigua será atendida con el cumplimiento de la estrategia de Punto final y capitalizaciones privadas de las EPS.
   • Se establecerá un saneamiento de EPS definitivo por incumplimientos de la habilitación financiera y técnico científica

Es una receta corta, fácil de entender, surgida del entendimiento del problema, no ligada a presiones gremiales ni políticas, y especialmente viable y factible.

¿No les parece que hay que acabar con el régimen subsidiado?

Sus comentarios como siempre son bienvenidos. Escríbanos a [email protected] o tengamos una conversación en linkedin: linkedin.com/in/consultorsalud

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En este documento conocerás los ingresos financieros y usos del SGSSS, la distribución de pagos de las EPS, los pagos por departamentos, por IPS públicas y privadas y las cifras mensualizadas, lo que en general configura las cifras del sector salud 2020.

CONSULTORSALUD ha revisado los últimos informes de la Supersalud y los catálogos financieros de los actores para producir este informe con cifras oficiales.

Cifras del sector salud 2020

Aquí las cifras correspondientes a los recursos que recibieron en la vigencia 2020, por tanto, que tenían disponibles las EPS para operar el aseguramiento en salud en cualquiera de los dos regímenes, dependiendo en el cual se encuentre autorizada.

Se incluyen 37 EPS habilitadas que reportaron información a la Supersalud, así: 4 entidades que operan en ambos regímenes, 10 entidades que operan sólo en el régimen contributivo y 23 que solo operan en el régimen subsidiado

De acuerdo con las cifras reportadas, los ingresos que obtuvieron las EPS en la vigencia 2020 fueron de aproximadamente $55,4 billones, correspondientes a los ingresos por UPC, UPC adicional que reciben las EPS según el rango de edad, género y zona geográfica de sus afiliados, cuotas moderadoras, copagos e incapacidades, e ingresos por presupuesto máximo.

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uso de los recursos de salud 2020

Las EPS durante 2020 tuvieron aumentos en los depósitos a la vista y las inversiones, de $2,2 billones y $2,0 billones, respectivamente; y realizaron pagos a proveedores que alcanzaron los $51,8 billones. Estos rubros, sumados, ascienden a un valor total de $56,0 billones, reflejando un valor adicional en el uso de recursos respecto a lo recibido durante el año en cuestión, lo cual puede ser explicado por otros ingresos no operativos correspondiente a los intereses de sus inversiones o capitalizaciones, una disminución en el efectivo, entre otros

El aumento del saldo en inversiones, que corresponden a depósitos a la vista (cuentas corrientes o de ahorros), carteras colectivas, títulos de renta fija o deuda pública, se observa principalmente en 32 EPS que alcanzan un aumento de $4,3 billones de pesos, 10 de estas EPS operan únicamente el régimen contributivo, 3 en ambos regímenes, y las 13 restantes el subsidiado. Por otra parte, 6 EPS disminuyeron sus inversiones en $146 mil millones.

DISTRIBUCION DE LOS PAGOS DE LAS EPS EN 2020

En cuanto a los pagos efectuados durante 2020, que pueden corresponder tanto a costo y gasto corriente o saldos en cartera pendientes de pago de otras vigencias, se encuentra que de los $51,8 billones, el 60.3% fue destinado a IPS privadas o mixtas , con $31.26 billones, el 17,8% en IPS públicas, con $9,2 billones, el 7,0% en proveedores de insumos y medicamentos, con $7,0 billones , y el 14,9% restante se distribuye entre prestadores con objeto social diferente, la prestación habilitada para la misma EPS, profesional independiente, transporte especial de pacientes, la Nación y otros proveedores.

pagos de EPS por departamento a IPS publicas y privadas en 2020

En cuanto a la distribución de los pagos realizados a las IPS por departamento, se destaca que el 31,6%,
$12,8 billones, fue destinado a IPS que se encuentran habilitadas y prestan servicios en más de un
departamento.

El otro 68,4% del monto total pagado a IPS de naturaleza pública y privada se encuentra distribuido en los 33 departamentos (tal como se muestra en la siguiente gráfica), evidenciando que en Bogotá D.C. se registra el mayor valor pagado a IPS, que representan el 11,7%; seguido por Antioquia, y Valle del Cauca con un 11,1% y 8,6%, respectivamente.

valor promedio de pagos por departamento a IPS publicas y privadas en 2020

En cuanto al valor promedio de pago por IPS, se encontró que para las privadas o mixtas es de $5,8 mil millones (5.372 IPS) y para las públicas de $9,3 mil millones (992 IPS).

En 32 departamentos en promedio las IPS públicas recibieron más pagos que las IPS privadas; las diferencias más grandes se encuentran en las IPS de los departamentos de Bogotá D.C., Casanare, Arauca, Guaviare, Norte de Santander, Meta y Caquetá que superan los $259,9 mil millones.

destinatarios de pagos realizados por EPS en 2020

Finalmente, en cuanto a las cifras y saldos mensuales para 2020, se encuentra que para el mes de diciembre de 2020, las EPS recibieron el mayor valor anual de ingresos por UPC, UPC adicional, cuota moderadora y presupuesto máximo y a su vez fue el mes dónde se observan mayor cantidad de pagos efectuados.

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Cifras del sector salud 2020

Para el 26 de mayo del 2021 en Colombia se han aplicado 8.842.360 dosis de vacunas para el Covid-19, con segundas dosis 3.195.848 de ciudadanos han sido inmunizados, conforme al our world in data. Para la fecha, si comparamos la vacunación de Colombia con seis países latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Brasil), Colombia solo supera en vacunación a Ecuador y a Bolivia. Se debe tener en cuenta que Colombia supera en mortalidad por 100 mil y por millón de habitantes a estos dos países, y que tieneun subregistro de mortalidad conforme los datos del INS y el DANE, que en su último informe de exceso de mortalidad mostró que para la semana del 5 al 11 de abril habrían 70.848 fallecimientos por Covid-19 confirmados y 16.464 sospechosos, lo que supone que para esa fecha ya habrían 87 mil fallecimientos, en contraste con la mortalidad reportada por el Ministerio de Salud que para el 26 de mayo, un mes y medio después, presenta 86.180 fallecimientos, lo que supone que conforme al DANE, Colombia ya habría superado los 100 mil fallecimientos por Covid-19 en mayo del 2021.

Se debe insistir que muchas de estas muertes, eran evitables mediante políticas de salud pública que permiten evitar estos desenlaces fatales. En ese contexto, el país tiene las mortalidades por millón de habitantes más altas del mundo. Lo que implicaría que, los esfuerzos para acelerar el proceso de vacunación, tendría que ser superior a la de cualquier país latinoamericano, para contener la avanzada del virus, pero no ha sido así. Solo hasta el mes de mayo, casi 4 meses después de haber iniciado la vacunación, se alcanzó el número de aplicación de dosis que se requería haber logrado desde el primer mes, 230 mil diarias aproximadamente, y nada garantiza que se vaya mantener este ritmo y sea estable.

El Plan de Vacunación que presentó el Ministerio de Salud, desde el principio presentaba enormes vacíos, desoyeron las recomendaciones de la sociedad civil y de expertos, lo que generó un conjunto de barreras de acceso que hubieran podido evitarse. El primer error fue concebir un plan que no tenía ni siquiera un cronograma, porque nunca publicaron el cronograma proyectado de los acuerdos establecidos con las transnacionales farmacéuticas. Fueron obligados a publicarlos por un fallo de tutela concedido por el Tribunal de Cundinamarca al Instituto de Transparencia que ha estado haciendo esta legítima solicitud desde el año pasado, con diversas organizaciones de la sociedad civil. Pero desde la publicación del plan, nadie sabe en Colombia, ni siquiera las autoridades sanitarias locales, cual sería ese cronograma, que es un elemento básico de cualquier medida que se denomine“plan”.

El segundo error, que también se pudo evitar, es insistir en otorgarles un papel a las EPS en el proceso de vacunación, sin que fuera necesario. Esto derivó en que se burocratizó el proceso, enredado en varias partes del país, en listados incompletos de estas instituciones para citar a los ciudadanos a aplicarse la dosis, la no identificación de sus propias poblaciones afiliadas, cancelación de citas para vacunar, sumado a que los prestadores de servicios de salud, que llevan a cabo la tarea se encuentran en iliquidez, porque no se ha garantizado el flujo oportuno de los recursos para el desarrollo de esta tarea prioritaria parala salud pública del país. La exitosa experiencia chilena había advertido que este proceso tenía que ser expedito, allí las municipalidades citaron abiertamente a los ciudadanos a espacios abiertos, sin intermediarios, varias discusiones, nos costó en Colombia para que esto se entendiera. El tiempo valioso que se pierde en este país para remover las fijaciones de gobiernos que no escuchan. Les advertimos que las EPS ya habían fracasado en la realización de pruebas para el Covid-19, los cercos epidemiológicos y aislamientos, que no era conveniente y tampoco necesario entregarles la vacunación.

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El otro problema que se presentó es que en medio de la improvisación se presentaron colados, esto siempre se va a presentar en una sociedad en donde existe una subcultura del atajo, pero lo que es inaceptable es que, desde las mismas decisiones de la autoridad sanitaria, se clientelice el proceso de vacunación. Se hacen adelantos de las etapas, se han saltado las priorizaciones sin que exista una clara explicación y proceder transparente que sustente este tipo de decisiones. Es así como el Ministerio de Salud amplió la segunda ytercera etapa para adelantar la vacunación de funcionarios de la Fiscalía, gran parte de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría, que es sabido, son instituciones cooptadas por el gobierno central que dirigen amigos del presidente de la República, decisión tomadamediante el decreto 466 de 2021. Estos funcionarios han sido priorizados por encima de los bomberos, personal de alto riesgo que trabaja en las cárceles y socorristas de la Cruz Roja.

En ese mismo sentido emitieron la resolución 507 del 19 de abril de 2021, en la cual se otorgan facultades a actores privados para comercializar vacunas con las transnacionales farmacéuticas, esto en un contexto de escasez de producción de vacunas por elacaparamiento de las mismas por parte de los países del norte global. El gobierno colombiano habilitó a actores privados para que compitan con el estado colombiano en el mercado internacional para acceder a vacunas, como lo expresó la veeduría de vacunación de Antioquia en documento enviado al Ministerio de Salud el 11 de abril de 2011:

“Encontramos de extrema gravedad la alteración en el proceso de priorización vital en el plan de vacunación nacional que se vería completamente vulnerado, “saltándose” las necesidades vitales de muchos por encima de los que tienen dinero, caso en el cual se vulneraria la exigencia del literal (B) del proyecto de resolución en el cual se establece que: “En el respectivo acuerdo con el prestador de servicios autorizado o la entidad autorizada,deberá dejarse constancia acerca de que la aplicación de las respectivas vacunas no afectarála ejecución del Plan Nacional de Vacunación-PNV”.

Lo que no ha permitido que se lleve a cabo estas negociaciones permitidas por el Ministerio de Salud, es negativa de las farmacéuticas que han entregado vacunas a Colombia hasta ahora, Pfizer, Astrazeneca y Sinovac, de vender a actores distintos que a los Estados. Estos oligopolios resultaron con una mejor conciencia sobre la salud pública que el propio gobierno colombiano.

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En el mismo sentido de saltarse la priorización, por la vía de la acción positiva o las omisiones de la autoridad sanitaria en Colombia, la misma veeduría expresó el 8 de mayo, su rechazo al hecho de que en una acción unilateral de empresarios del futbol representados en la CONMEBOL, hayan gestionado vacunas en la China para inmunizar a los futbolistas, lo que recaba una vez más en el acceso inequitativo a las vacunas, en un momento que en el país tenía suspendida la aplicación de la segunda dosis de varios adultos mayores, por la escasez, y por las demoras en la llegada de las mismas al país.

El periodista Alejandro Wall, (The Washington Post) escribió:

“Lo que la Conmebol autopercibe como un orgullo aparece, en realidad, como la jactancia de un privilegio. ¿Por qué el fútbol consigue un acuerdo que ninguna otra industria en el mundo pudo conseguir? Y, sobre todo, ¿por qué cuando la distribución de las vacunas está en discusión se priorizaría la inmunización de futbolistas sobre sectores que lo requieren con urgencia? Son los momentos en los que surge la pregunta sobre la esencialidad del fútbol, aquello que le adjudican a Jorge Valdano sobre ser lo más importante de lo menos importante”.

Afirma, además, el periodista Wall:

“Una región sumergida bajo la segunda ola pandémica, con un nivel de vacunación que en su mayoría no llega a completar la inmunización de su población de riesgo, observa desde la ventana cómo la industria del fútbol consigue vacunas para jóvenes veinteañeros o treintañeros saludables, dedicados a entretener con la pelota. El contraste se hizo visible con la efusividad del anuncio. “¡La mejor noticia para la familia del fútbol sudamericano!”.

En el momento en que se escriben estas líneas, Colombia está lejos de llegar al número de personas vacunadas requeridas para el logro de la inmunidad de rebaño, esto supondría 35 millones de ciudadanos vacunados con sus respectivas dosis. No existe una política pública para el manejo de pandemia ni para el proceso de vacunación, el manejo de esta, corresponde a decisiones del día a día, en donde desde hace varios meses, no existe una correspondencia entre las decisiones que se toman y el comportamiento del virus en el país.

No se hacen ni la mitad de las pruebas para el Covid-19 que se debería estar haciendo, el programa PRASS de prueba, rastreo selectivo, no está funcionando y no se hace nada para replantearlo. Estamos pues, a merced del autocuidado, de lo que los ciudadanos puedan hacer para evitar el contagio. Las instituciones hospitalarias están colapsadas, los sistemas de información no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo en las UCI, los servicios de urgencias y hospitalización, respecto a la pandemia. Los resultados no son para nada alentadores, las propuestas para cambiar esto están sobre la mesa del gobierno colombiano, pero pareciera tomar relevancia la frase del reconocido periodista Félix de Bedout: “No es desconexión de la realidad, es que no les importa”.

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