Conéctate con nosotros

Opinión

Cobro coactivo por parte de las empresas sociales del estado

Es pertinente referirnos a la Sentencia C-666 de 2000, donde la Corte Constitucional restringió el ejercicio de la jurisdicción coactiva

Publicado

el

COBRO COACTIVO POR PARTE DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

Es pertinente referirnos a la Sentencia C-666 de 2000, donde la Corte Constitucional restringió el ejercicio de la jurisdicción coactiva, frente a las entidades descentralizadas vinculadas, en tanto consideró que la autorización legal que ostentan estas para ejercer el poder coactivo se refiere exclusivamente al cobro de recursos provenientes de “funciones netamente administrativas” confiadas por el legislador de modo expreso. El precitado fallo precisa lo siguiente:

“En todo caso, obedezca la jurisdicción coactiva a una función judicial o a una de naturaleza administrativa -polémica que, para los efectos del presente juicio de constitucionalidad no es indispensable dilucidar-, lo cierto es que aquélla va atada indiscutiblemente a los conceptos de imperio, soberanía, poder y autoridad. Es por eso que el reconocimiento de tal atribución a “organismos vinculados” a la administración pública, cuyas actividades se asemejan a las que desarrollan habitualmente los particulares -motivo por el cual se rigen generalmente por las reglas del Derecho Privado, a diferencia de lo que ocurre con los entes adscritos, como los establecimientos públicos, que están encargados de ejercer funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a las reglas del Derecho Público (ver artículo 70 de la Ley 489 de 1998)-, implica un desconocimiento de la naturaleza de las cosas, en tanto la atribución no puede considerarse como razonable, si se tienen en cuenta las funciones que cumplen los entes vinculados y el papel que desempeñan en la economía.

Es importante destacar que la finalidad de la jurisdicción coactiva consiste en recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para así poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales. Pero esta justificación no es aplicable a entes que despliegan actividades semejantes a las de los particulares, aunque aquéllas también estén, de una u otra forma, destinadas a hacer efectivos los fines del Estado (artículo 2 C.P).

También puede leer: Análisis: ¿qué es la UPC y cómo estarán distribuidos sus recursos?

Conferir dicha facultad excepcional a entes del indicado carácter para hacer cumplir obligaciones contractuales viola el principio de equidad respecto de las partes comprometidas en un conflicto (artículo 13 de la Carta), ya que es importante destacar que, dados los fines que persiguen las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, éstas suelen competir en igualdad de condiciones con los particulares. Así, pues, la conversión de las entidades vinculadas en “jueces” y partes puede afectar el equilibrio de las relaciones entre aquéllas y los particulares, con quienes compiten libremente en actividades industriales y comerciales.

Debe recalcarse que las actividades generalmente atribuidas por la ley a las entidades vinculadas corresponden, consideradas materialmente, a actos de gestión y no de autoridad y, por ello, aquéllas no deben estar investidas de una atribución exorbitante que, como se explicó con anterioridad, está ligada al concepto de imperio del Estado. En estos eventos, los conflictos que se presenten con los particulares deben llevarse a los estrados judiciales, con el fin de respetar el debido proceso y los principios de imparcialidad y de juez natural (artículo 29 Ibídem).” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Restricción que es importante establecer aplica a las Empresas Sociales del Estado, ya que si bien estos entes descentralizados no son considerados como “Vinculados”, sí desarrollan actividades que podrían considerarse no administrativas, o de gestión, en las que compiten en igualdad de condiciones con los particulares.

Se otro lado, la Ley 1066 de 2006, señala en el parágrafo 1° del Artículo 5°, lo siguiente:

“Artículo 5°.- Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas.”

“(…)”

Parágrafo 1°. Se excluye del campo de aplicación de la presente ley las deudas generadas de contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad”.

De esta manera, respecto a la Jurisdicción Coactiva de las ESE, se establece lo siguiente:

La Jurisdicción coactiva, va atada indiscutiblemente a los conceptos de imperio, soberanía, poder y autoridad.

  1. Las actividades de los “organismos vinculados a la administración pública” se asemejan a los que desarrollan habitualmente los particulares, motivo por el cual, se rigen generalmente por las  reglas de DERECHO PRIVADO.
  • Los entes adscritos,  son encargados de ejercer funciones administrativas y de prestar servicios públicos, conforme a las reglas del DERECHO PÚBLICO.
  • La finalidad de la Jurisdicción Coactiva consiste en recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para que estas puedan lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales, pero esta justificación, no es aplicable a entes que despliegan actividades semejantes a la de los particulares, aunque aquellas también estén, de una u otra forma, destinadas a hacer efectivos los fines del Estado.
  • Conferir la facultad de Jurisdicción Coactiva a Entes que despliegan actividades semejantes a las de los particulares, aunque aquellas estén de una u otra forma, destinadas a hacer efectivos los fines del Estado, para hacer cumplir obligaciones contractuales, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, respecto de las partes comprometidas en un conflicto, ya que dados los fines que persiguen estas entidades, (los Entes que despliegan actividades semejantes a las de los particulares), éstas, suelen competir en igualdad de condiciones con los particulares, y la conversión de estas entidades en JUECES Y PARTES, pueden afectar el equilibrio de las relaciones entre aquellos  y los particulares, con quienes compiten libremente en actividades industriales y comerciales.
  • Las actividades de las entidades que despliegan actividades semejantes a las de los particulares, aunque aquellas estén, de una u otra forma, destinadas a hacer efectivos los fines del Estado, corresponden, consideradas materialmente,  A ACTOS DE GESTION Y NO DE AUTORIDAD,  y por ello, estas entidades, no deben estar investidas de una atribución exorbitante, que está ligada al concepto de IMPERIO DEL ESTADO.  En estos eventos, los conflictos que se presenten entre estas entidades y los particulares, deben llevarse a los estrados judiciales, con el fin de respetar el DEBIDO PROCESO y los PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y DE JUEZ NATURAL.
  • La ESE, si bien son entidades descentralizadas, y estas no son consideradas como “organismos vinculados”, si desarrollan ACTIVIDADES DE GESTION Y NO DE AUTORIDAD, semejantes a las de los particulares, aunque estén destinados a hacer efectivos los fines del Estado, compiten en igualdad de condiciones con los particulares en actividades de ventas de servicios de salud, por lo que, NO LE ES APLICABLE A ESTAS, LA FAULTAD EXCEPCIONAL DE JURISDICCIÓN COACTIVA para recaudar en forma rápida las deudas que hay a su favor o para hacer cumplir obligaciones contractuales, ya que de hacerlo, violaría el principio de equidad  respecto de las partes comprometidas en un conflicto, y al hacer su conversión en JUECES Y PARTES, pueden afectar el equilibrio de las relaciones entre ellas y los particulares con quienes compiten libremente en la prestación de servicios de salud, VIOLANDO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, DEL DEBIDO PROCESO y los PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y DE JUEZ NATURAL. Por lo que, las ESE, no pueden estar investidas de una atribución exorbitante, que como se ha explicado, esta se encuentra ligada al concepto de IMPERIO DEL ESTADO, SOBERANIA, PODER Y AUTORIDAD.
  • Del mismo modo y conforme al parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, de la aplicación de las facultades excepcionales de Cobro Coactivo, se excluyen las deudas generales de contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades públicas desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a la de los particulares, en desarrollo del régimen privado, que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la Ley o en los estatutos de la entidad. Es por ello que, las deudas originadas de contratos de prestación de servicios de salud en las que las ESE desarrollan una  actividad de cobranza similar o igual a la de los particulares, en desarrollo al régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, conforme a lo establecido por el numeral 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, y a lo consagrado en sus estatutos de acuerdo con lo señalado por la Sala de consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en radicados números 1.137 del 20 de agosto de 1998, y 1.263 del 6 de abril de 2000, son excluidas del campo de aplicación de las facultades excepcionales de Cobro Coactivo.

Es importante aclarar, que las relaciones surgidas entre entidades pagadoras de servicios de salud y las Empresas Sociales del Estado, prestadores de servicios de salud, en lo pertinente a los contratos de prestación de servicios de salud, al trámite de glosas, al reconocimiento y pago de los servicios prestados de conformidad con el mecanismo de pago que se adopte, hoy se encuentran reguladas por La Ley 1281 de 2002,  el literal (d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007,el parágrafo del artículo 50, los artículos 56 y 57 de la Ley 1438 de 2011, el Decreto 4747 de 2007, las Resoluciones 3047 de 2008, 416 y 3253 de 2009, y 4331 de 2012.

De esta manera, las ESE, con el fin de respetar el PRINCIPIO DE EQUIDAD, el DEBIDO PROCESO y LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y DE JUEZ NATURAL, consagrados en el artículo 29 de la constitución Política nacional CPN, y para efecto del recaudo de las deudas a su favor, teniendo en cuenta, que:

  1. No son consideradas como “organismos vinculados”,
  • Desarrollan ACTIVIDADES DE GESTION Y NO DE AUTORIDAD, semejantes a las de los particulares,
  • Están destinadas a hacer efectivos los fines del Estado,
  • Compiten en igualdad de condiciones con los particulares en actividades de ventas de servicios de salud,
  • En las deudas originadas de contratos de prestación de servicios de salud, desarrollan una  actividad de cobranza similar o igual a la de los particulares, en desarrollo al régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, conforme a lo establecido por el numeral 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, y
  • Por este evento, NO LE ES APLICABLE A ESTAS, LA FAULTAD EXCEPCIONAL DE JURISDICCIÓN COACTIVA, esto es, no pueden ser  investidas de una atribución exorbitante, para recaudar en forma rápida las deudas que hay a su favor o para hacer cumplir obligaciones contractuales, ya que, pueden afectar el equilibrio de las relaciones entre ellas y los particulares con quienes compiten libremente en la prestación de servicios de salud, 

Podrán exigir, el recaudo de las deudas a su favor, por diferentes mecanismos de resolución de conflictos, esto es, por el mecanismo alternativo de resolución de conflictos del factorig de la factura de los servicios de salud, por el mecanismo alternativo de resolución de conflictos  de la conciliación ante la Superintendencia  Nacional de Salud, por el mecanismo alternativo de resolución de conflictos  de la Función de Jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud, por el mecanismo alternativo de resolución de conflictos, Administrativo Sancionatorio de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud, o por el mecanismo alternativo del proceso de cobro judicial.

Opinión

Los líos legales a los que más se enfrentan las IPS en Colombia

De acuerdo con el abogado Jesús González, gerente de la firma González Páez y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, los problemas en los procesos administrativos y temas de conflictos laborales son algunos de los tantos líos jurídicos a los que se enfrentan las entidades de salud en la actualidad.

Publicado

el

Los líos legales a los que más se enfrentan las IPS en Colombia

Las últimas estadísticas publicadas por la Superintendencia de Salud revelaron que en enero de 2021 se presentaron 72.974 solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) en contra de las entidades de salud, registrando un aumento del 11% en comparación con el mismo periodo del año pasado (65.475). Algunos expertos han dicho que esto se debe en parte a la pandemia, la cual ha suscitado una inconformidad por la atención y la falta de servicios prestados por las IPS.

Luego de un proceso ante el ente de control, varias de estas solicitudes terminan convirtiéndose en problemas legales mayores que pueden afectar no solo a la entidad en el ámbito administrativo sino también económico.

De acuerdo con el abogado Jesús Albrey González, gerente general de la firma González Páez Abogados y presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, la pandemia ha mostrado la necesidad de que,  ante el aumento de dichas demandas, los prestadores de servicios en salud fortalezcan sus competencias en riesgos legales, ya que el no hacerlo puede generarles grandes daños.

“La pandemia y la adaptación de los procesos de los prestadores a esta nueva realidad necesariamente conllevará a la disminución de su riesgo legal, pues se obliga a incorporar la gerencia del riesgo jurídico como un aspecto clave en el impacto organizacional, financiero y reputacional de los prestadores de servicios de salud”, resaltó González.

También puede leer: La accidentalidad laboral del país disminuyó en 30% en 2020

Asimismo, desde su firma han logrado percibir que algunos de los mayores inconvenientes legales que pueden estar teniendo las prestadoras de salud están relacionadas con el vínculo que hay entre el médico – paciente y el riesgo frente a la responsabilidad patrimonial en que incurre la institución para reparar eventuales perjuicios derivados de un evento de responsabilidad médica.

Otras demandas derivan de los conflictos laborales asociados al talento humano en salud, pero también están aquellas que surgen a causa de las dificultades en el recaudo de cartera y que se presentan cuando el establecimiento tiene una cartera adeudada, y algunos eventos como la liquidación de EPS, que están pendientes de pago a los prestadores.

Debido a ello, indicó que las dificultades en el flujo de recursos del sistema están impactando negativamente el patrimonio de las IPS, “sumado a que las liquidaciones de varias EPS han dejado en situación de incertidumbre el pago de las prestaciones de servicios brindadas a la población en el marco del Sistema General de Seguridad Social”.

Entre otras de las cifras entregadas por el ente de control, las regiones con mayor demanda de PQRD son Bogotá con 17.893; tras ella, le siguen Valle del Cauca (11.036) y Antioquia (10.612). Las tres terminan representando el 54% del total de las peticiones.

Mientras que uno de los principales macromotivos de denuncia de los usuarios es por la restricción en el acceso a los servicios de salud, que equivalieron al 80,6% de las peticiones presentadas y que representan un total de 58.693. La menor de las solicitudes tuvo que ver con la falta de disponibilidad o inapropiado manejo del recursos humano y físico para la atención (89).

Para el gerente de González Páez Abogados, otros de los procesos jurídicos que suelen recibir en gran medida las IPS son las investigaciones y procesos administrativos sancionatorios, originados en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control que se desarrollan en el sector salud y que se presentan por falencias en el cumplimiento de obligaciones de carácter normativo por parte de los prestadores.

No menos importante de destacar es el cierre de los servicios originado por las falencias en el cumplimiento de las condiciones de habilitación y del sistema obligatorio de garantía de la calidad (SOGC).

De esta manera, la pandemia ha generado la necesidad de estimular planes jurídicos en estas entidades, a quienes el aumento de las denuncias y demandas los ha afectado de alguna u otra manera. 

También le puede interesar: VACUNACIÓN IRREGULAR EN BOGOTÁ Y SANTANDER REPORTA LA SUPERSALUD

Continuar leyendo

Opinión

Conclusión: el pésimo acceso a trasplante de médula ósea en Colombia se traduce en muertos

Tres importantes estudios resaltan la falta de trasplante de médula ósea como una causa fundamental de muerte de cáncer hematológico en Colombia.

Publicado

el

Conclusión el pésimo acceso a trasplante de médula ósea en Colombia se traduce en muertos

Lo primero es lo primero. Entre 12 y 13 de marzo se realizó otra jornada del 4to Congreso Nacional de Investigación en Hematología y Oncología ACHO, 4to concurso de Investigación Hernando Sarasti. En este evento virtual auspiciado por la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología (ACHO) se presentaron importantes estudios tanto de hematología de adultos, hematología pediátrica y oncología en Colombia. Acostumbrado como estoy a ver lo malo, me alegra poder decir que la organización y el contenido de este evento fue excelente. Y deseo hacer públicas mis felicitaciones a la doctora Virgina Abello y Vanessa Ospina, como líderes de la Asociación, por el dinamismo que le han impreso.

Ahora quiero enfatizar el contenido del evento. Se presentaron estudios que describen nuestra realidad. Estudios que mostraron el poderío del trabajo en equipo. Incluso estudios que pueden cambiar la práctica con implicaciones mundiales. Puede que hable de todos ellos, pues merecen difusión. Pero, regresando a mis inclinaciones, voy a concentrarme en la úlcera, la llaga abierta y pútrida que logré vislumbrar en estas sesiones. Se trata de la dolorosa carencia, inexplicable e inexcusable, de trasplante de médula ósea para patologías hematológicas comunes como mieloma múltiple, leucemia mieloide aguda y linfoma de Hodgkin refractario o en recaída.

Caso 1: mieloma múltiple.

El tratamiento recomendado para pacientes con mieloma múltiple menores de 70 años, sin comorbilidades prohibitivas, se basa en unos meses de quimioterapia de inducción, seguido por trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas (coloquialmente, llamado trasplante de médula ósea autólogo, o simplemente trasplante autólogo). Múltiples estudios han demostrado que esta estrategia incremente las diversas métricas de supervivencia, incluyendo la general. La edad mediana al diagnóstico de mieloma es 69 años, así que se infiere que aproximadamente la mitad de los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple son candidatos potenciales a trasplante autólogo. La evidencia de trasplante autólogo en recaída es menos robusta, pero los expertos consideran que esta modalidad incrementa en forma sustancial la supervivencia libre de progresión.

El doctor Juan Manuel Herrera Parga (Hematooncólogos S.A. Centro Médico Imbanaco, Cali) presentó los resultados de 305 pacientes con mieloma en recaída del estudio RENEHOC (Registro de Enfermedades Neoplásicas Hematológicas de la ACHO). El RENEHOC es una iniciativa de la ACHO que busca caracterizar las neoplasias hematológicas en Colombia. En esta oportunidad, el doctor Herrera reporta los resultados de los pacientes con mieloma múltiple recaído/refractario en 18 centros colombianos, distribuidos en cinco ciudades. Los centros incluidos son grandes, muchos de ellos afiliados a prestigiosas instituciones académicas. Durante la presentación, quedó claro que trasplante de médula ósea – un procedimiento de reconocido beneficio en supervivencia – sólo se realizó en 26% y 27% de los pacientes con mieloma de-novo y recaída/refractario, respectivamente. Aunque el estudio no está diseñado para establecer la causa de la baja adopción de trasplante, especulo – basado en mi experiencia profesional, que es por barreras de acceso. Es de resaltar también, que sólo 8% de los pacientes incluidos en el RENEHOC corresponden al régimen subsidiado, población que también sufre la enfermedad y en las que el acceso a terapia apropiada es aún más difícil.

Una conclusión preliminar es que aproximadamente la mitad de los pacientes con mieloma candidatos a trasplante autólogo en primera o segunda línea no lo están recibiendo. Y esto es en los centros académicos líderes del país.

¿Qué impacto tiene un manejo inicial subóptimo? Enorme, la supervivencia mediana de mieloma refractario/recaído fue de tan solo 9.4 meses. Recaer en mieloma es perjudicial para la salud.

También puede leer: Cambia el porcentaje de giro previo por los servicios y tecnologías no UPC

Caso 2: leucemia mieloide aguda.

El trasplante de médula ósea alogénico (la médula donada proviene de un humano distinto al paciente) es la estrategia de tratamiento curativo fundamental en leucemia mieloide aguda. En otro estudio presentado en este 4to Congreso de Investigación ACHO, la doctora Claudia Lucía Sossa (FOSCAL, Bucaramanga) reporta los resultados de 289 pacientes con leucemia mieloide aguda diagnosticados en 7 centros colombianos entre 2009-2020. Este estudio es también parte de RENEHOC, el dedicado a leucemia mieloide aguda. Dos centros, la Clínica FOSCAL (Bucaramanga) y el Hospital de San José (Bogotá) aportaron 56%, y 20% de los pacientes, respectivamente. En este estudio se les realizó trasplante de médula a sólo al 21% de los pacientes. Y esto a pesar de que los dos centros de mayor reclutamiento son centros líderes en trasplante en el país. La supervivencia mediana en el grupo trasplantado no había sido alcanzada, en tanto que fue de tan solo 16 meses en el grupo que no recibió trasplante. Especulo nuevamente que se trata de un efecto Ababuara (en referencia a una paciente con leucemia aguda que logró remisión en el exterior con droga en ese entonces experimental. A quién luego forzaron a realizarse el trasplante en Colombia. La lentitud en los trámites con su asegurador se consumió la ventana terapéutica. Cuando se realizó, era tarde).

Conclusión preliminar 2: el trasplante alogénico debería ser realizado en más pacientes con leucemia mieloide aguda, y ello mejoraría la supervivencia.

Caso 3: Linfoma de Hodgkin refractario / recaído.

El tercer estudio fue presentado por el doctor Humberto Martínez Cordero (Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá) quien reportó los desenlaces en 31 pacientes consecutivos con linfoma de Hodgkin refractario/recaído tratados en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. La terapia estándar para este grupo de pacientes incluye trasplante autólogo. Sin embargo, en esta serie, se les realizó trasplante a sólo 8 pacientes (25%). De nuevo, el impacto en la supervivencia fue dramático. La supervivencia mediana en los no trasplantados fue de tan sólo 7.6 meses. Como ya el lector puede sospechar, la supervivencia mediana de los trasplantados no fue alcanzada. En su exposición, el doctor Martínez admitió dificultades de acceso al trasplante como un factor para su no realización.

Conclusión preliminar 3: no trasplantar a los linfomas de Hodgkin refractario/recaído, es peor que fumar.

Comentario

Me siento particularmente orgulloso de poder comentar sobre estos trabajos, realizados en el país, algunos multicéntricos, y todos con una metodología adecuada. Todos hacen parte de evidencia de vida real, y cada uno reporta resultados que informan sobre cada una de las nosologías evaluadas. Como espectador, en “la barrera”, aprecio cada uno de estos esfuerzos por su valor intrínseco, y aprecio el esfuerzo de la ACHO para volverlos realidad (en dos de ellos), así como la organización del foro para presentarlos. También admiro y aprecio a cada uno de los investigadores que los realizaron.

Pero, mi perspectiva de espectador también me permite hacer un metaanálisis en un sentido distinto al usual. Concluyo de éste que, como agregado, los tres estudios cuentan una historia de carencia. Hay carencia de trasplante de médula en Colombia. Esa carencia debe ser subsanada, con URGENCIA. Basta ya de barreras de acceso a esta tecnología. Si usted está en el brazo que los autoriza, deje de interponerse. Mata un poco a cada paciente que retrase o se le niegue. No debería dormir tranquilo con esas vidas en su espalda. O, ¿sí?

También puede leer: La telemedicina reinventó el valor del cuidado del paciente

Continuar leyendo

Opinión

Recomendaciones de vacunación para pacientes con enfermedad renal en diálisis

El centro de gestión del conocimiento y las juntas directivas de la Asociación colombiana de Nefrologia ASOCOLNEF, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica ACONEPE y la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos ACTO elaboraron este documento donde dan recomendaciones para vacunación en pacientes renales en diálisis y en lista de espera para trasplante renal

Publicado

el

recomendaciones vacunacion pacientes dialisis

Centro de Gestión de Conocimiento ASOCOLNEF, ACONEPE, ACTO: Nancy Yomayusa,
Camilo González, Gustavo Aroca, Adriana Robayo, Erika Yama, Camilo Montero, Richard
Baquero, Carlos Benavidez, Kelly Chacón
.

Las personas con diálisis se consideran una población de alto riesgo de infección por SARS CoV2, complicaciones y muerte. Aproximadamente, 8 de cada 10 muertes se presentan en personas con al menos una comorbilidad subyacente, en particular enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica (ERC). Por su parte, las personas con ERC en diálisis tienen 20 veces más riesgo de contraer la infección por SARS CoV2 que la población general.

En virtud del nivel de exposición, la multimorbilidad, cronicidad compleja, la inmunosupresión y alteraciones nutricionales de los pacientes con ERC en diálisis, una vez contraen la infección tienen, por obvias razones más riesgo de cursar con enfermedad grave y critica, requerimiento soporte en cuidado intensivo y mayor probabilidad de muerte. Situación que afecta en similar o incluso mayor proporción a los pacientes menores de 65 años que a las poblaciones adultas mayores. Por ejemplo, un paciente con ERC en diálisis de 40 a 59 años que se infecta por SARS CoV2 tiene un riesgo 94 veces mayor de morir que los pacientes que no están en diálisis, una vez ajustado por edad.

En Colombia cerca del 44% de la población en diálisis es menor de 60 años, adicionalmente, por los mismos retos que ha impuesto la pandemia a los programas de trasplantes, se ha incrementado notoriamente la población joven que debe seguir en diálisis al no tener opción a corto plazo de un trasplante renal, por lo tanto, las limitaciones en el acceso temprano a la vacunación contra SARS CoV2 agudizaría los problemas de esta población provocando pérdidas considerables en años de vida que la vacuna podría salvar.

También le puede interesar: SUPERSALUD PRORROGA LA MEDIDA VIGILANCIA ESPECIAL AL PROGRAMA DE SALUD DE COMFAGUAJIRA

Si bien es ampliamente conocido que el tratamiento de elección para la insuficiencia renal es el trasplante de riñón, dado el impacto en supervivencia, calidad de vida y costos, la agudización de los problemas en los procesos de donación y rescate de órganos y las relacionadas con la suspensión de algunos programas de trasplante, están asociados a un mayor riesgo de muerte de las personas en lista de espera.

La priorización propuesta para la vacunación contra SARS CoV2 en el mundo ha enfatizado de manera correcta la importancia de la edad en la estrategia de vacunación basada en la población. No obstante, existe suficiente evidencia basada en datos a nivel global que demuestra la alta vulnerabilidad y el mayor riesgo de infección por SARS CoV2 en las personas con enfermedad renal crónica en diálisis y lista de espera, lo cual supone un impacto notorio en términos de años de vida perdidas en una población que hace parte de la fuerza laboral y el capital humano para el desarrollo del país; altos costos sanitarios por cuenta de la alta inversión histórica que ha supuesto para el sistema de salud mantener la atención de largo plazo de personas con enfermedades crónicas, diálisis y trasplante; además de un mayor nivel de recursos requeridos para el manejo de pacientes con enfermedad grave y critica, asociados a largas estancias hospitalarias y prolongados procesos de rehabilitación en los sobrevivientes.

La Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos se unen a esta gran solicitud mundial, para que los entes reguladores actualicen y orienten sus decisiones de priorización informados en la evidencia científica disponible y en una sistemática evaluación de riesgos basada en datos, con el fin de identificar las poblaciones extremadamente vulnerables. Dada la magnitud humana y económica del problema, se recomienda:

  • Priorizar en la etapa 1 la vacunación de los pacientes que reciben diálisis y permanecen en lista de espera para trasplante renal, seguido de todos los demás pacientes renales.
  • Priorizar el personal de los equipos multidisciplinarios de atención y cuidado de personas con ERC por su alto riesgo de exposición con personas con infección por SARS CoV2/COVID19 sintomáticas y asintomáticas (Ambulatorio, Unidades Renales, Urgencias, Hospitalización, Cuidado Critico, Programas de Trasplante Renal).
  • Generar estrategias, de educación, alfabetización y comunicación precisa y oportuna para las personas con ERC y el personal sanitario respecto a los beneficios y precauciones de la vacunación, generando un ambiente de confianza.
  • Estrechar y fortalecer las estrategias de trabajo colaborativo entre las sociedades científicas, la comunidad académica, las organizaciones, instituciones de salud, empresas de diálisis y el Ministerio de Salud en beneficio legítimo de la salud y el bienestar de las poblaciones.

También le puede interesar: CONOZCA COMO AGENDAR VACUNACIÓN A ADULTOS MAYORES EN BOGOTÁ

La enfermedad renal crónica como factor de riesgo

La enfermedad renal crónica es un conocido e importante factor de riesgo para el desarrollo de COVID 19, así como las enfermedades precursoras: diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Williamson et al, en un restudio publicado recientemente, evaluando más de 17 millones de pacientes, evidenció que aquellos con ERC con tasa de filtración glomerular estimado inferior a 30 ml/min/1,73 m2 de manera crónica, tenían un riesgo de mortalidad de 3,48 (3,23– 3,75) veces (ajustado para edad y sexo), el cual aumenta en la medida que se deteriora la función renal.

Por su parte, los pacientes con ERC usualmente se asocian a una alta prevalencia de comorbilidades, tales como: diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, obesidad y fragilidad, lo que aumenta su riesgo frente a la COVID19. Siendo de particular relevancia que los pacientes en diálisis o trasplante renal suelen ser extremadamente vulnerables a los efectos de la COVID-19. En Colombia, la ERC es una condición muy frecuente, se estima que aproximadamente un 10% de la población tiene algún grado de enfermedad renal. En el último informe de la Cuenta de Alto Costo, se reportaron 3120 casos de enfermedad renal en niños y por encima de 40 mil personas en estadio 5 o con requerimiento de terapia remplazo renal (TRR), de las cuales 59% se encontraban en hemodiálisis, 22 % en diálisis peritoneal y 18% trasplantados. Cerca del 45% de la población en diálisis es menor de 60 años.

En respuesta al riesgo de complicaciones y muerte en esta población vulnerable, el Centro el Gestión de Conocimiento de ASOCOLNEF y ACONEPE genero en el 2020, recomendaciones informadas en la evidencia para orientar la toma de decisiones en las personas con enfermedad renal crónica en todo el curso de vida, además ha instado a las diferentes organizaciones e instituciones para optimizar los esfuerzos para garantizar las medidas de bioseguridad, prevención, protección, cuidado y atención en este grupo de pacientes, incluyendo la priorización de la vacunación contras SARS-CoV2.

Riesgo de infección por SARS CoV2 en pacientes con diálisis

Las personas que reciben tratamiento de diálisis para la ERC tienen un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2. En general, los pacientes con ERC dependientes de hemodiálisis, no pudieron cumplir estrictamente con las cuarentenas y confinamientos en las épocas de mayor contagio, viéndose obligados a asistir a su terapia de remplazo renal 3 veces a la semana, donde permanecen en espacios cerrados entre 3 y 4 horas por sesión; lo cual, aunado a su condición de inmunosupresión, desnutrición y usualmente mayor asociación con multimorbilidad, genera un mayor riesgo de contagio y enfermedad.

Por su parte, se han generado múltiples temores de los pacientes respecto al riesgo de contraer el SARS CoV-2 por las diferentes exposiciones, especialmente por exposición en el transporte, por el contacto con otros pacientes en el ámbito sanitario, particularmente en las unidades donde por sobre ocupación no se logran cumplir con los protocolos de aislamiento y distanciamiento, por su parte, existe una creciente creencia de la transmisión viral en las sesión de diálisis, lo que ha provocado ansiedad y falta de adherencia al plan de diálisis, dado que muchas personas pueden saltarse las sesiones, lo que aumenta el riesgo de muerte incluso en ausencia de COVID-19.

Por su parte, los pacientes en diálisis tienen mayor probabilidad de morir, con una tasa de letalidad entre 16%–32% (26,27) y tienen al menos entre 1.3 a 2.3 veces más riesgo de morir en comparación en los pacientes hospitalizados por COVID-19 pero sin ERC, especialmente en los pacientes de mayor riesgo como los hipertensos, con enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad.

El promedio de edad de los pacientes con ERC en diálisis es 60 años, con una población creciente de personas jóvenes que permanecen en diálisis, en virtud de las limitaciones que impuso la pandemia a los programas de trasplante en el mundo, siendo notorio que en estas poblaciones menores de 65 años la mortalidad es igual o mayor comparada con la de los adultos mayores, de tal manera que la vacunación contra SARS CoV2 tendría un impacto importante en años de vida salvados por la vacuna.

También le puede interesar: SOLICITAN A MINSALUD INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE VACUNACIÓN

Pacientes en lista de espera para trasplante renal

Un estudio realizado a corte de junio de 2020 y en el cual se cruzó la información de RedDATAINS, SIVIGILA y SISMUESTRAS, demostro el impacto del Covid 19 en los pacientes trasplantados y en lista de espera en Colombia, encontrando una mortalidad del 14.3% entre los trasplantados y 12.2% en lista de espera, lo cual resulta ser 3 veces mayor en comparación con la población general (3,9%) y comparable a reportes de mortalidad en personas mayores de 80 años que oscila entre 12 y 16%.

Ahora bien, los pacientes con trasplante renal presentan mayor riesgo de enfermedad grave, complicaciones y mortalidad de acuerdo a reportes con gran número de casos, debido a la inmunosupresión crónica y las condiciones coexistentes. En un estudio no publicado realizado en 6 centros de trasplante de la ciudad de Bogotá, se reportan 165 casos de infección por SARS CoV2 confirmados por laboratorio en receptores de trasplante renal con SARS CoV2 hasta el día 31 de enero de 2021, 14 casos con trasplante renal menor de 6 meses de evolución, 11 de 14 (78,57%) requirieron hospitalización, 7 de 14 (50%) progresaron a enfermedad crítica y requirieron ventilación mecánica, con una mortalidad del 35,7%.

En consideración al desafío que ha impuesto la pandemia para los sistemas de salud, los programas de diálisis y trasplante, así como la vulnerabilidad de las personas con enfermedad renal crónica en terapia dialítica y aquellos que permanecen en lista de espera, se hace un llamado de coherencia para que las instancias de decisión y gobernanza actualicen su plan de priorización, basado en datos e informado en la evidencia científica disponible. La vacunación contra el SARS CoV2 en la población de diálisis sin lugar a dudas será una estrategia de gran impacto al reducir el riesgo de infección, la mortalidad y garantizar la sostenibilidad del sistema. Es probable una menor eficacia de la vacunación en pacientes inmunosuprimidos, motivo por el cual es absolutamente razonable la vacunación prioritaria de todos los pacientes en lista de espera con el fin de reducir riesgo de complicaciones y mortalidad temprana.

También le puede interesar: ADRES DESTINÓ $4,29 BILLONES PARA EL FINANCIAMIENTO EN SALUD

Continuar leyendo

Editorial – Me parece

COLUMNISTAS

dr Andrés Felipe Cardona - Oncólogo Clínicodr Andrés Felipe Cardona – Oncólogo Clínico

Andrés Felipe Cardona Zorrilla (1)

Oncólogo Clínico – Clínica del Country, Bogotá
foto-carlos-felipe-muñoz-1

Carlos Felipe Muñoz (123)

CEO & Fundador CONSULTORSALUD
Carolina CorchoCarolina Corcho

Carolina Corcho (10)

Vicepresidente Federación Médica Colombiana
personaje11

Cesar Augusto Sanchez (1)

Gerente Viva1A
Claudia Patricia Vacaclaudia patricia vaca

Claudia Patricia Vaca González (2)

Msc farmacoepidemiología, Msc efectividad clínica y sanitaria
Claudia Sterling Posada - Vicepresidente Legal y de Asuntos Jurídicos de Cruz VerdeClaudia Sterling

Claudia Sterling (3)

Vicepresidente Legal y de Asuntos Jurídicos de Cruz Verde
Denis Honorio SilvaDenis Honorio Silva

Denis Honorio Silva (1)

Director Asociación Colombia Saludable, Vocero de Pacientes Colombia
Elisa Carolina TorrenegraElisa Carolina Torrenegra

Elisa Carolina Torrenegra (1)

Directora Ejecutiva Gestarsalud
Gustavo Morales CoboGustavo Morales Cobo

Gustavo Morales Cobo (6)

Presidente Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
Héctor CastroHéctor Castro

Héctor E. Castro (1)

Director Técnico Senior de Economía Farmacéutica y Financiamiento
Jaime Calderón HerreraJaime Calderón Herrera

Jaime Calderón Herrera (1)

Presidente de la fundación del corazón
Jaime González MontañoJaime González Montaño

Jaime González Montaño (1)

Presidente de Coosalud
javier pachecojavier pacheco

Javier Orlando Pacheco G. (1)

Médico Internista; Hemato Oncólogo. Miembro de la ACHO
Jesus ALbrey GonzalezJesus ALbrey Gonzalez

Jesus Albrey González Páez (1)

Presidente en Colegio de Abogados en Derecho Médico
FOTO JORGE ESTEBAN AGUDELO GÓMEZJORGE ESTEBAN AGUDELO GÓMEZ

Jorge Esteban Agudelo Gómez (1)

Abogado y asesor jurídico dentro del sector salud
columnista-jorge-ricocolumnista-jorge-rico

Jorge Rico (13)

Nefrólogo- miembro de la Academia de Medicina de Medellín
José Elías Cabrejo ParedesJosé Elías Cabrejo Paredes

José Elías Cabrejo Paredes (1)

Director Técnico Senior de Economía Farmacéutica y Financiamiento
Jose

José Octaviano Barrera (2)

Director Medico en Javesalud
Juan López Casas

Juan Gonzalo López Casas (7)

Luis Eduardo Pino Villareal Medico Internista, Hematólogo y Oncólogo ClínicoLuis Eduardo Pino Villareal

Luis Eduardo Pino (45)

Médico especialista en Medicina Interna y en Hematología y Oncología Clínica
dr-mauricio-jaramillo-restrepo-okdr-mauricio-jaramillo-restrepo-ok

Mauricio Jaramillo Restrepo (1)

Médico Internista & Hematólogo
Mauricio Lema Medina MD OncólogoMauricio Lema Medina MD Oncólogo

Mauricio Lema Medina (11)

Médico Hemato-Oncólogo
Miguel Ángel González_ presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM) (1)

Miguel Ángel González (1)

Presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM)
Olga Lucia ZuluagaOlga lucia Zuluaga

Olga lucia Zuluaga (3)

Directora Ejecutiva de ACESI
Paola Jiménez Vásquez

Paola Jiménez Vásquez (1)

Medicina Interna - Oncología Clínica
Sergio Camilo Lizarazo Riaño

Sergio Camilo Lizarazo Riaño (1)

Periodista, especialista en comunicaciones estratégicas
Virginia Abello PoloVirginia Abello Polo

Virginia Abello Polo (5)

Médica Internista & Hematóloga
William Javier Vega VargasWilliam Javier Vega Vargas

William Javier Vega Vargas (2)

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

 

 

 

Columnas recientes

Tendencias

Indicadores / Cifras