Cambios en la red de prestadores de Nueva EPS: cobertura garantizada para afiliados

En octubre de 2025, Nueva EPS confirmó la implementación de ajustes en su red de prestadores de servicios de salud a nivel nacional. La medida, según la entidad, busca fortalecer la cobertura, mejorar la calidad de la atención y garantizar una adecuada administración de los recursos, en el contexto de la intervención forzosa administrativa vigente.

De acuerdo con el comunicado oficial, algunos contratos con IPS no continuarán, lo que marca una reorganización significativa del modelo de atención. La EPS aseguró que la decisión responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión del gasto, promover la transparencia en la gestión financiera y facilitar la entrada de nuevos actores en regiones donde los afiliados enfrentan barreras de acceso.

La medida genera expectativa entre prestadores y usuarios, pues aunque la entidad garantiza la continuidad del servicio, la transición implica ajustes operativos en distintos departamentos del país.

Garantías para la atención en baja y mediana complejidad

Nueva EPS subrayó que los servicios de baja y mediana complejidad están completamente garantizados. Según la entidad, tras la terminación de los contratos, las IPS actuales deberán mantener la atención durante un periodo de 60 días, tiempo en el cual se adelantará la articulación de la nueva red.

Durante este lapso, la EPS trabajará en la transición para asegurar que los afiliados no enfrenten interrupciones en su atención. La entidad se comprometió a informar de manera oportuna a través de sus canales oficiales, página web, líneas de atención y puntos de contacto, sobre los nuevos prestadores que ingresarán a la red.

Este modelo transitorio busca minimizar el riesgo de desarticulación en los servicios, un aspecto crítico considerando que la EPS atiende a millones de afiliados en todo el país.

Pago a prestadores y conciliación de cartera

Otro punto clave en el proceso de reorganización es la estabilización de pagos a los prestadores de salud. Según la EPS, desde agosto de 2025 se han girado más de 3,5 billones de pesos, lo que refleja un esfuerzo por reducir la presión financiera sobre hospitales y clínicas.

Adicionalmente, se han adelantado mesas de trabajo con prestadores en todo el país para conciliar cartera y mejorar la relación contractual. Este mecanismo es crucial para garantizar que las IPS cuenten con recursos oportunos y puedan sostener la operación durante la transición de red.

La entidad remarcó que estas acciones buscan no solo recuperar la confianza de los prestadores, sino también asegurar la sostenibilidad del modelo de atención en el mediano plazo.

Retos en la reorganización y confianza de los afiliados

El proceso de reorganización de Nueva EPS plantea desafíos relevantes para el sistema de salud. La desconcentración de servicios en zonas apartadas, la incorporación de nuevos actores y la necesidad de mantener la continuidad asistencial representan puntos críticos a vigilar.

La entidad reiteró su compromiso con “la salud y el bienestar de sus afiliados”, asegurando que atenderá inquietudes y acompañará a los usuarios durante la transición. Sin embargo, especialistas del sector coinciden en que la verdadera prueba será garantizar que los ajustes en la red no generen rupturas en la atención primaria y especializada, especialmente en regiones con menor capacidad instalada.

En este escenario, la transparencia en la comunicación con los usuarios y la puntualidad en los pagos a prestadores serán claves para sostener la confianza en el proceso de reorganización.

Cambios en la red, en medio de cuestionamientos fiscales

El anuncio de la reorganización de la red de prestadores de Nueva EPS llega en un momento especialmente complejo para la entidad, en medio de los señalamientos de los órganos de control que han evidenciado serias debilidades financieras y administrativas en su gestión.

El panorama se tensiona aún más tras el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que al 30 de junio de 2025 la EPS tenía $15,3 billones en anticipos sin legalizar. Según el ente de control, al no contar con los soportes y auditorías requeridas, dichos recursos constituyen un riesgo fiscal crítico para el sistema de salud.

La coincidencia entre la reorganización de la red y los hallazgos fiscales pone sobre la mesa un doble desafío para Nueva EPS; garantizar la continuidad en la atención de más de 10 millones de afiliados y, al mismo tiempo, responder a los cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos que financian el aseguramiento en salud.