La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en el marco de la discusión de la Reforma Tributaria, le propone al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que el gravamen a los movimientos financieros o 4×1000 sea destinado al sector salud.
La entidad considera que desde hace años se vive una crisis en el sector salud en la que no se ha planteado una solución estructural, y que las iniciativas de los últimos años no han sido más que “paños de agua tibia” para un problema que necesita solución a largo plazo.
“Una crisis financiera profunda del sector salud puede ser, tanto o más grave, que una del sector financiero” aseguran en su comunicado y añaden “No se vislumbra hoy en día ningún plan de salvamento definitivo del sector que permita a los ciudadanos, al Estado y a los múltiples actores que hacen parte de la salud asegurar la continuidad sostenible del servicio en el largo plazo”.
Este impuesto creado en 1998, en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional para enfrenar la difícil situación financiera que vivía el país, por el periodo de un año y que tenía como objetivo “preservar la estabilidad y la solvencia del sistema y proteger a sus usuarios”.
Se extendió en el año 1999, a causa de la catástrofe del terremoto de Armenia y, a partir del año 2000 el tibuto fue incrementando su tarifa de maneta gradual hasta llegar al 4×1000 en 2010. Se espera que su reducción a 0 se dé entre los años 2019 al 2022.
Teniendo en cuenta el espíritu del impuesto de respaldar áreas de la economía que están atravesando situaciones de “riesgo sistémico”, la ANDI considera que es importante destinar el recaudo del 4×1000 al Sistema de Salud debido a la crisis financiera por la que está atravesando el sector y las consecuencias que está traería en los próximos años.
Por lo que expone cuatro puntos fundamentales a tener en cuenta:
1. La crisis financiera que viene atravesando el Sector Salud ha sido evidente durante los últimos años, en los cuales la cartera ha alcanzado grandes dimensiones y ha acarreado, en algunas zonas del país, déficit en la prestación de los servicios debido a las deudas acumuladas e insuficiencias de recursos, siendo los pacientes los principales afectados.
2. Es inminente la necesidad de dar sustento a los principales avances del Gobierno Nacional, en materia de cobertura universal en salud, igualación de los planes de beneficios y el plan de beneficios implícito de conformidad con la Ley Estatutaria en Salud que entra en vigencia plena en febrero de 2017 y que requerirá de mayores recursos para atender la creciente demanda de bienes y servicios.
3. Adicionalmente, es indispensable que el Sistema de Salud cuente con los recursos requeridos para afiliar y garantizar el servicio a nivel nacional a toda la población de territorios, víctimas del conflicto armado y desmovilizados de los grupos al margen de la ley, quienes ingresarán al Régimen Subsidiado en Salud según lo ha informado el Ministerio de Salud y Protección Social.
4. Una crisis sistémica del sector salud tendría inmensas consecuencias sobre la sociedad colombiana de dimensiones no conocidas el día de hoy.
Finalmente la ANDI pone a consideración la propuesta hecha en el mes de junio en el Foro de la Salud, “de destinar de manera específica los recaudos del GMF al sistema de salud colombiano, el cual es un impuesto que con el paso del tiempo el Gobierno ha evidenciado su carácter de permanente y de resguardo para situaciones críticas del país, siendo actualmente el sector salud uno de los más apremiantes, tanto por sus asuntos por resolver como por sus retos venideros”.
Por: Laura Suárez
