En medio de la crisis e incertidumbre que está viviendo el sector salud en Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de la Vicepresidencia de Salud y la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional ante el deterioro acelerado de la cartera del sector y el creciente riesgo de desfinanciamiento que afecta de manera directa la atención y la oportunidad de los servicios que reciben los pacientes en todo el país.
Según una reciente encuesta aplicada a 23 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la ANDI advierte un crecimiento desbordado de la cartera que compromete la continuidad de tratamientos, la estabilidad operativa de las instituciones y la capacidad para garantizar productos y servicios esenciales para la salud de los colombianos.
¿Qué revelan las cifras de la cartera de las IPS?
La encuesta realizada por la ANDI muestra un incremento significativo de la cartera total y de la cartera vencida de las IPS entre 2022 y 2025. De acuerdo con los datos reportados:
- En el tercer trimestre de 2022, la cartera de las IPS alcanzaba los $2,8 billones, mientras que para el tercer trimestre de 2025 este valor llegó a $5,7 billones.
- El saldo vencido de cartera pasó de $1,9 billones en el tercer trimestre de 2022 a $4,2 billones en el mismo periodo de 2025.
- En el periodo de análisis, el índice de cartera vencida más castigada se triplicó.
La participación de la cartera corriente en el total también evidenció una tendencia decreciente en los últimos años. Según el informe de la ANDI, este componente pasó de 30,4 % en el tercer trimestre de 2023, a 29,3 % en el mismo periodo de 2024, y se redujo a 26,7 % en el tercer trimestre de 2025. Ahora bien, los ciclos de recaudo de cartera registraron igualmente un incremento sostenido:
- El promedio pasó de 190 días en el tercer trimestre de 2022 a 211 días en el tercer trimestre de 2025.
- La ANDI precisa que, de no haberse realizado castigos de cartera, los ciclos habrían pasado de 189 días a 253 días en el mismo periodo.
En el comunicado se advierte que, sin recursos suficientes y sin un pago oportuno, se presentan serias dificultades para garantizar una adecuada prestación de los servicios de salud. Adicionalmente, la ANDI señala que, con corte a junio de 2025, se alcanzaron los niveles más altos de quejas, con más de 180.000 reclamaciones mensuales. De este total:
- El 21 % corresponde a negación de tecnologías.
- El 17 % se relaciona con falta de citas.
- El 16 % obedece a demoras en la atención.
¿Cómo se refleja el deterioro en las EPS intervenidas y en la Nueva EPS?
El comunicado de la ANDI destaca un deterioro crítico en la cartera asociada a las EPS intervenidas, que se refleja en la situación financiera de las IPS encuestadas. Entre 2022 y 2025, la cartera de estas entidades registró aumentos de varios cientos de puntos porcentuales. En el caso de las EPS intervenidas, la información reportada por las IPS consultadas muestra que:
- La cartera total pasó de $271.330 millones en 2022 a $1.002.042 millones en 2025, lo que representa un incremento de 269 %.
- La cartera vencida creció 293 %, al pasar a $764.403 millones en ese mismo periodo.
- El porcentaje de vencimiento aumentó de 71,5 % a 76,3 %.
La ANDI presenta un énfasis particular en la situación de la Nueva EPS dentro de las instituciones encuestadas. En este caso:
- La cartera total pasó de $160.067 millones en 2022 a $576.000 millones en 2025, lo que corresponde a un incremento de 259,8 %.
- La cartera vencida aumentó de $116.452 millones a $439.000 millones en el mismo periodo, con un crecimiento de 276,9 %.
Según el documento, estos comportamientos explican buena parte del rezago en los pagos a los prestadores y el consecuente aumento en negaciones, demoras y fallas en la atención. El deterioro operativo que viven millones de pacientes se presenta en paralelo con el deterioro acelerado de las EPS intervenidas.
ANDI exige al Gobierno medidas urgentes para evitar que el desfinanciamiento siga afectando a los pacientes
La ANDI advierte que el deterioro financiero del sistema está generando riesgos reales en la salud de los colombianos por falta de atención de millones de pacientes. En su comunicado, la entidad hace un llamado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional frente a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, en esa línea, a tomar medidas financieras contundentes que prioricen la continuidad de los servicios de salud.
El pronunciamiento concluye señalando que, en el contexto actual, son los pacientes y usuarios quienes están sufriendo las consecuencias del desfinanciamiento y del incumplimiento en los pagos dentro del sistema de salud.
