Ante las amenazas presidenciales sobre una eventual decisión de liquidar EPS de forma “generalizada y apresurada”, especialmente aquellas bajo medida de intervención, el movimiento Pacto por una Mejor Salud lanzó una alerta sobre los riesgos que, sin un plan probado de transición, podría detonar una medida de ese alcance en el sistema de salud colombiano. En su lectura, el impacto sería inmediato sobre la continuidad de la atención, con presión adicional para hospitales y clínicas, y con un vacío operativo que el Estado no estaría en capacidad de asumir de manera simultánea en todo el país.
Sostiene que, pese a las dificultades del modelo, las EPS siguen cumpliendo funciones estructurales para el funcionamiento cotidiano del aseguramiento: gestión del riesgo en salud, organización de redes, articulación entre niveles, continuidad de tratamientos y pago a miles de IPS. Bajo esa premisa, advierte que remover abruptamente a esos agentes sin sustitutos operativos probados se traduce en una fractura funcional y financiera, con efectos escalonados sobre pacientes, prestadores y talento humano en salud.
Las EPS como engranaje operativo del sistema actual
En el estado presente del sistema, las EPS no operan únicamente como aseguradores financieros, sino como articuladores de procesos críticos que conectan población, redes de prestación y flujos de pago. El énfasis del movimiento está en que esas funciones no se reemplazan por decreto: requieren capacidad operativa instalada para ordenar autorizaciones, auditorías, referencia y contrarreferencia, continuidad terapéutica y desembolsos a la red prestadora.
Desde esa perspectiva, el riesgo central de una liquidación generalizada no estaría en el acto administrativo en sí mismo, sino en el vacío organizacional que se produciría sobre procesos que sostienen la operación diaria. La advertencia se ancla en un punto clave; la crisis podría profundizarse no por la inexistencia de recursos nominales, sino por la pérdida súbita de un operador que hoy coordina el funcionamiento del sistema, incluyendo su capacidad de pago y su interacción con miles de prestadores.
El movimiento refuerza esa idea con un argumento de capacidad institucional detallando que el Estado no contaría hoy con una entidad que pueda reemplazar de manera abrupta, en simultáneo y para todo el país, tareas como administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios. En ese escenario, la transición acelerada sería más rápida que la posibilidad real de absorber el volumen de operación y su complejidad.
“Debemos señalar que las EPS, con todas sus heterogeneidades y dificultades, cumplen hoy funciones esenciales: la gestión del riesgo en salud, la organización de redes de prestación, la articulación entre niveles de atención, la garantía de continuidad de tratamientos y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Eliminar de forma abrupta esos agentes, sin un sustituto operativo probado, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir. No hay institución del Gobierno nacional o regional que hoy tenga la capacidad operativa para atender de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el país”, señala Pacto por una Mejor Salud.
Riesgos asistenciales concentrados en pacientes de alto riesgo y tratamientos continuos
El primer impacto, según la advertencia, se concentraría en poblaciones con alta dependencia de continuidad clínica: pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo o con tratamientos sostenidos. Además, se plantea que una liquidación precipitada elevaría el riesgo de interrupción de medicamentos, retrasos en procedimientos vitales y discontinuidad terapéutica, con un traslado de carga hacia servicios de urgencias y hospitalización.
A diferencia de transiciones graduales o pilotos operativos, aquí se describe una ruptura inmediata de circuitos que garantizan oportunidad. Para los pacientes que requieren tecnologías permanentes, seguimiento y acceso programado, cualquier desorden en autorizaciones, redes o pagos se convierte rápidamente en barreras efectivas, con consecuencias clínicas previsibles en corto plazo.
En esa lógica, el riesgo no sería únicamente individual. La acumulación de retrasos y la pérdida de continuidad podrían empujar demanda hacia urgencias, tensionando capacidad instalada y tiempos de respuesta. El movimiento pone el foco en que la saturación hospitalaria sería un efecto esperable cuando el sistema pierde ordenadores operativos y clínicos.
“Una liquidación de las EPS intervenidas tendría impactos directos sobre los pacientes, especialmente sobre aquellos con enfermedades huérfanas, crónicas, de alto costo o que requieren tratamientos continuos. Se incrementarían los riesgos para la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica, con efectos previsibles en morbimortalidad y en la saturación de los servicios de urgencias” sostiene Pacto por una Mejor Salud.
Presión financiera sobre hospitales y ruptura de la cadena de pagos
En el componente financiero, el movimiento advierte que el problema no se limitaría a la existencia de recursos, sino a la capacidad de ejecutar pagos de manera ordenada y con interlocución clara. Aun si los recursos de la UPC continuaran fluyendo, el riesgo operativo estaría en la desaparición abrupta del pagador organizado y en la ruptura de la cadena de desembolsos, con impacto directo en la liquidez de hospitales, clínicas y proveedores.
La advertencia se enfoca en los efectos prácticos para la red prestadora: incertidumbre contractual, dificultades de auditoría y conciliación, y retrasos que terminan afectando sostenibilidad de servicios y condiciones laborales del talento humano. En un contexto de alta dependencia de pagos periódicos para sostener oferta, nómina e insumos, una interrupción o desorden masivo en los flujos agudizaría el cierre de servicios y la pérdida de capacidad resolutiva.
“Los efectos financieros serían severos. Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación seguirían fluyendo, la disminución o ausencia abrupta de pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Millones de ciudadanos y miles de hospitales y clínicas quedarían sin un interlocutor claro, profundizando la crisis humanitaria y de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud” detalló Pacto por una Mejor Salud.
Salida propuesta: corregir desfinanciación y garantizar transiciones responsables
Por otra parte, el movimiento sostiene que la crisis no se explica únicamente por el desempeño de las EPS, sino por fallas estructurales asociadas a financiación insuficiente, deficiencias regulatorias y de supervisión, así como por el incumplimiento de autos de la Corte Constitucional. Bajo esa lectura, una liquidación precipitada no corrige esas causas y, por el contrario, añade un factor de desorganización operativa que podría acelerar el deterioro.
En ese marco, el movimiento incorpora un contexto financiero reciente: advierte que al cierre de 2025 se habrían incrementado las deudas del Gobierno nacional con el sector salud, y que los desembolsos del presupuesto máximo de ese año estarían atrasados “en más de 2 billones de pesos”. También plantea que la actualización de la UPC 2026 produciría una desfinanciación adicional que no cubriría necesidades de atención en los regímenes contributivo y subsidiado, ni ampliaciones de cobertura e inclusiones en el plan de beneficios; y añade que el presupuesto máximo previsto para 2026 sería “apenas el 25% de lo requerido” para atenciones no cubiertas por UPC en pacientes con enfermedades huérfanas y de muy alto costo.
Con ese escenario, la postura es que cualquier transformación debe pasar por aprobación legal previa y una transición gradual, con modelos alternativos probados, suficiencia financiera garantizada y asignación clara de responsabilidades. La idea central es que el sistema no resiste un salto al vacío; las reformas requieren ingeniería operativa, no decisiones abruptas sin soporte técnico.
Entre tanto, Pacto por una Mejor Salud concluye que el derecho fundamental a la salud no debe ponerse en riesgo por decisiones improvisadas o carentes de sustento técnico. Insiste en que la salida debe enfocarse en corregir la desfinanciación, cumplir decisiones judiciales y asegurar transiciones responsables, evitando medidas que amplifiquen la incertidumbre para pacientes, hospitales, clínicas y trabajadores del sector.
