La ADRES pagó reclamaciones por accidentes de tránsito sin SOAT por un total de $702.000 millones durante 2025, según el balance oficial presentado por la entidad. El dato representa un incremento de 44% frente a 2024, cuando los pagos a clínicas y hospitales ascendieron a $489.000 millones. De acuerdo con la información institucional, este comportamiento estuvo acompañado por un avance en el reconocimiento de facturas pendientes radicadas por las IPS.
En paralelo, las IPS del país radicaron 432.234 reclamaciones nuevas durante 2025. De ese total, el 99,6% correspondió a accidentes de tránsito sin SOAT, es decir, 430.651 reclamaciones, por un valor superior a $1,070 billones. El 0,4% restante se asoció a eventos catastróficos o terroristas. Frente a 2024, cuando se radicaron 456.483 reclamaciones por más de $1,078 billones, la ADRES registró una disminución de 5,7% en el número de reclamaciones y de 0,7% en el valor reclamado.
Este contraste entre una menor radicación y un mayor volumen de pagos sugiere que el esfuerzo institucional estuvo orientado no solo a la gestión del flujo corriente de reclamaciones, sino también al saneamiento de cuentas acumuladas. En términos operativos, el balance muestra una presión financiera persistente sobre el mecanismo de reconocimiento, aun cuando el volumen anual de nuevas cuentas no haya crecido frente al año anterior.
Víctimas jóvenes y hombres concentraron la mayor carga de los siniestros registrados
Durante 2025, la ADRES registró 249.627 víctimas únicas de accidentes de tránsito con vehículos sin SOAT. La cifra fue inferior a la de 2024, cuando se contabilizaron 273.706 personas afectadas. En la distribución por sexo, el 64,8% correspondió a hombres, es decir, 161.675 personas; el 34,1% a mujeres, con 85.070 casos; y el 1,2%, equivalente a 2.882 personas, quedó sin información de sexo.
El grupo etario con mayor participación fue el de 20 a 39 años. En ese rango se ubicaron 116.482 víctimas, lo que representa el 46,7% del total registrado. Este dato confirma que la mayor carga de accidentalidad reconocida por la ADRES se concentró en población joven y en edad productiva, un patrón que tiene implicaciones tanto clínicas como económicas por el perfil de demanda de servicios de urgencias, cirugía, rehabilitación y atención posterior al evento traumático.
Valle del Cauca lideró el valor reclamado y concentró el mayor número de casos
Por departamentos, cinco territorios concentraron el 58,7% del valor total de las reclamaciones nuevas radicadas en 2025. Valle del Cauca ocupó el primer lugar con el 21,0% del valor total, equivalente a $224.529 millones. Le siguieron Atlántico, con 12,7% y $136.070 millones; Córdoba, con 10,3% y $110.593 millones; Magdalena, con 8,4% y $90.158 millones; y Bogotá, con 6,2% y $66.712 millones.
Cuando se revisa el número de reclamaciones, el liderazgo también recae sobre Valle del Cauca, cuyas IPS radicaron el 30% del total nacional. Después aparecen Córdoba con 8,9%, Atlántico con 8,8%, Bogotá con 7,8% y Antioquia con 6,4%. En conjunto, estos departamentos concentraron el 61,9% del total de reclamaciones nuevas, lo que evidencia una fuerte concentración territorial del fenómeno.
En el top 10 de IPS con mayor valor reclamado aparecen entidades de Valle del Cauca, Córdoba, Atlántico, Bogotá, Santander y Magdalena. Fabilu Ltda., de Valle del Cauca, encabezó el listado con $71.842 millones reclamados y 29.654 reclamaciones, seguida por IPS Clínica Cali con $59.149 millones y Especialistas Asociados S.A., de Córdoba, con $57.326 millones.
Vehículos sin identificar y motos marcaron el comportamiento de las reclamaciones
Uno de los hallazgos más relevantes del balance corresponde a la identificación de los vehículos involucrados. Del total de reclamaciones nuevas radicadas, 196.099, equivalentes al 45,5%, correspondieron a vehículos no identificados o “vehículos fantasmas”, por un valor de $433.779 millones. La ADRES señaló que esta cifra representó una disminución de 19,9% del valor total reclamado frente a 2024, cuando se radicaron facturas por $541.360 millones bajo esta misma categoría.
La entidad atribuyó este comportamiento al fortalecimiento de los procesos de auditoría y al mayor control sobre las reclamaciones mediante contrastación de información. Ese punto resulta especialmente relevante porque la categoría de vehículo no identificado ha sido históricamente una de las más sensibles desde la perspectiva de verificación, trazabilidad del siniestro y validación del reconocimiento económico.
El 54,4% restante, correspondiente a 234.552 reclamaciones, estuvo asociado a vehículos identificados sin SOAT vigente, por un valor de $636.900 millones. En 2024, esta categoría había representado el 46,7%, con 213.308 reclamaciones y $537.070 millones. Es decir, en 2025 aumentó su participación tanto en número como en valor dentro del universo total de reclamaciones nuevas.
Dentro de este grupo, las motocicletas dominaron de forma contundente. Las motos concentraron el 95,9% de las reclamaciones por vehículos identificados sin SOAT, con 225.267 reclamaciones por $610.775 millones. Frente a 2024, esto significó un incremento de 11,0% en el número de reclamaciones y de 19,3% en el valor reclamado, cuando se habían reportado 202.860 reclamaciones por $511.852 millones.
El balance de 2025 confirma una presión persistente sobre IPS y financiamiento público
El consolidado presentado por la ADRES deja ver una tensión sostenida entre accidentalidad, no aseguramiento y financiamiento de la atención. Aunque el número total de reclamaciones nuevas descendió frente a 2024, los pagos crecieron de manera significativa y el peso de los vehículos sin SOAT vigente, especialmente motocicletas, se hizo más visible en la composición final de los casos reconocidos.
Para el sector salud, el balance aporta señales concretas sobre dónde se concentra la carga asistencial y financiera de estos eventos. También evidencia que el problema no se limita a la accidentalidad, sino que involucra factores de aseguramiento, control, auditoría y oportunidad en el reconocimiento de servicios prestados por las IPS. En esa medida, los datos de 2025 muestran que el fenómeno continúa teniendo un impacto relevante sobre la red prestadora y sobre los recursos públicos destinados a cubrir atenciones por accidentes de tránsito sin amparo del SOAT.
