El pasado 17 de febrero se radicó el proyecto de ley de adición presupuestal que agrega $23,2 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN), recursos de la reforma tributaria 2022. Cabe anotar que, en el documento presentado, la suma total de adición es de $25,4 billones. La diferencia por $2,2 billones de gasto corresponde a los establecimientos públicos y se financia con recursos propios de estos como tasas, contribuciones y multas.
Con la adición neta el PGN 2023 llegaría a $414,2 billones: 2,1% superior al monto actual ($405,6 billones) y 15,0% superior al PGN 2022 ($352,4 billones). Durante el trámite de la ley 2276 de 2022, que aprobó el monto actual, se incluyeron $14,4 billones. De esta forma, el PGN 2023 crece $22,8 billones (5,8%) frente al monto de gasto previsto en el proyecto de ley radicado el 29 de julio de 2022 ($391,4 billones).
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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, con el cambio en el presupuesto, las asignaciones de inversión ascenderían a $86,5 billones; monto que representa un incremento de 24,1% frente al año pasado. Asimismo, se trata de una cifra que contrasta con la caída de 10% que evidenciaba este rubro cuando se presentó el PGN 2022 ante el Congreso el año anterior.
“La adición pretende poner en marcha una estrategia de gasto público que apoye el crecimiento económico, al tiempo que impulse una transformación productiva que nos permita avanzar, de forma fiscalmente responsable, hacia la construcción de una paz duradera con justicia social y justicia ambiental”.
Para la programación de los recursos adicionales, se tuvo en cuenta la política de responsabilidad fiscal que impulsa el Gobierno Nacional y los siguientes criterios: artículación con el Plan Nacional de Desarrollo; avance en la estructuración legal y financiera de los programas, subprogramas y proyectos de inversión; y el tiempo efectivo de ejecución disponible durante esta vigencia presupuestal.
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En ese sentido, las prioridades gubernamentales para la distribución de la adición presupuestal sería la siguiente: mejorar la prevención y atención primaria en salud; apoyar la superación del déficit operacional de los fortalecer los subsidios de vivienda, agua potable y saneamiento básico; impulsar la reforma rural integral, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria; fortalecer las transferencias monetarias para la población pobre y vulnerable; ampliar la protección ambiental; agilizar la descongestión judicial; fortalecer la lucha contra la elusión y la evasión fiscal, y cumplir mandatos legales que protegen el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios, entre otros.
Los ajustes al PGN también buscan adecuarlo a condiciones económicas, sociales y ambientales que puedan cambiar durante la ejecución de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda pública o de los proyectos de inversión, que, por diferentes motivos, no fueron previstas durante la etapa de programación presupuestal.
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Así quedarían distribuidos los recursos de la adición presupuestal
Con la adición presupuestal, el sector salud recibiría 3.5 billones de pesos, monto que será transferidos a la ADRES para cubrir el impacto de la inflación sobre los costos del aseguramiento y la prestación de servicios de salud en todo el país y $231 mm de inversión a funcionamiento para atender las necesidades de infraestructura hospitalaria y en general mejoramiento de capacidad instalada en salud en territorio.
La mayor apropiación estaría destinada a la inclusión social (5.6 billones de pesos) de los cuales $5 billones se dirigen al programa de Transferencias Monetarias Condicionadas como parte de la estrategia de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, con el fin de incorporar a la focalización familias de los municipios ubicados en los dos quintiles más altos de incidencia de desnutrición y pobreza multidimensional, así como en municipios PDET; y $200 mm para reparación e indemnización a víctimas. Con recursos de recaudo propio de las entidades del sector se adicionan $424 mm en cabeza del ICBF para apoyar el programa de atención a la Primera Infancia.
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