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ACHC pidió que el PND garantice flujo de recursos en el sector salud

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La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas pidió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República establecer en el Plan Nacional de Desarrollo, que pasó a segundo debate, un mecanismo de no repetición, como el giro directo extendido, que garantice el adecuado flujo de los recursos en el sector salud e impida que se repitan los malos comportamientos de algunas entidades que llevaron al sistema a las dificultades financieras actuales.

La ACHC en una comunicación enviada al presidente de la República, Iván Duque Márquez, advierte que la modificación que tuvo el artículo 135 del proyecto de Ley de PND, aprobada por las comisiones económicas, en el que se plantea que el giro directo sea facultativo de la ADRES, sería un retroceso frente a lo logrado con este mecanismo en los últimos años en ambos regímenes y afectaría el flujo de los recursos del sistema de salud. Este mecanismo tampoco puede dejarse al arbitrio o voluntad de las entidades responsables de pago, explica la ACHC en su misiva.

A juicio del gremio de los hospitales y clínicas, el artículo 135 del PND propuesto originalmente iba en el sentido correcto, pues permitía un mayor y mejor flujo de los recursos en el inmediato plazo, y en el mediano y largo plazo evitaría el crecimiento de la cartera hospitalaria morosa y garantizaría que los recursos de la UPC tengan la destinación y uso debidos. “Los recursos no son infinitos y resulta inadmisible que con la evidencia y resultados que tenemos hoy en día, sigamos creyendo que, haciendo lo mismo, lograremos tener distintos resultados”, puntualiza la ACHC.

La propuesta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas es que el giro directo se aplique a todas las entidades responsables de pago que estén bajo alguna medida de vigilancia, intervención o liquidación por parte de la Superintendencia de Salud y a las EPS que no cumplan con las metas de solvencia e indicadores de permanencia establecidos en la normatividad y que evalúa el ente de control.

Por lo anterior la ACHC también pide que se preserve el giro directo a las IPS del 80% de la UPC reconocidas, de aquellas EPS a las que les han sido impuestas medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación, tal como lo ordena en el artículo 10 de la Ley 1608 de 2013, y que en el Proyecto de ley del PND se propone eliminar en el artículo de vigencias y derogatorias.

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Acuerdo de punto final

Entre las consideraciones presentadas por la ACHC al Plan Nacional de Desarrollo y enviadas también al Ministro de salud, Juan Pablo Uribe y al Congreso de la República, también se reitera la necesidad de que en el Acuerdo de punto final incluido en los artículos 133 y 134 del PND, además de las deudas por coberturas que se encuentran fuera del Plan de Beneficios, se tengan en cuenta mecanismos para sufragar las carteras deterioradas o de las mega liquidaciones de EPS.

Al respecto el gremio propone que la titulación que se ha contemplado para el pago de esas deudas, se haga a las IPS directamente, de manera tal que se garantice que los recursos llegarán a toda la cadena del Sistema de Salud, se reduzca la cartera y mejore el balance financiero de los que histórica y legítimamente han venido reclamando el pago de la deuda derivada de servicios de salud ya prestados. Para ello la ACHC sugiere que la operación se haga a través de la banca pública para establecer un techo o valor máximo de intermediación.

La ACHC en su comunicación también se refiere al artículo 131 del PND que propone ordenar las competencias de las Entidades Territoriales respecto a la cobertura de servicios no incluidos en el plan de salud y pide que se garantice los recursos financieros para atenderlos; señala que en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, es necesario brindar a través de los subsidios a la oferta las condiciones justas para que las Empresas Sociales del Estado puedan subsistir y atender sin problemas la población a su cargo.

Respecto al artículo 139 sobre solidaridad en el sector, la ACHC hizo un llamado a endurecer las medidas anti evasión y anti elusión, antes de pensar en crear microseguros o aportes a cargo de población que está tratando de salir de la pobreza, y evitar que los recursos que deban destinar a estos pagos, terminen riñendo con su mínimo vital. 

En cuento al Artículo 55 sobre fortalecimiento de las competencias de la Supersalud, la ACHC advierte que es necesario articularlo con la normatividad ya existente e involucrar a otras Superintendencias. Además, ampliar ese mecanismo de supervigilancia a las figuras de reorganizaciones institucionales de EPS, de manera tal que se revisen las operaciones que proponen y en especial que se exija un Paz y Salvo con la red prestadora  para avanzar a un cambio de su naturaleza jurídica.

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Medicamentos de baja calidad: realidad en Latinoamérica

Un detallado análisis reveló que un gran porcentaje de medicamentos utilizados en la región son de baja calidad o están relacionados con incidentes negativos en su suministro

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La Revista Panamericana de la Salud ha publicado una investigación que resulta alarmante para América Latina, ya que sus resultados evidencian que los fármacos de baja calidad, irregulares o falsificados son los que dominan el mercado. Las consecuencias no solo se evidencian en el plano económico. La salud de los habitantes de la región está expuesta a mayores complicaciones al seguir tratamientos con este tipo de medicinas.

En el artículo publicado, sus autores mencionan que se realizó una búsqueda exhaustiva en las páginas web de las autoridades regulatorias de cada país, identificando todos los incidentes elegibles durante 2017-2018. Dentro de las variables consideradas en este análisis, se consideraron las siguientes: país, año, tipo de incidente, grupo terapéutico, cadena de suministro, medidas reglamentarias y datos de laboratorio.

En total, se evidenciaron 596 incidentes en 13 países. Las anormalidades encontradas en los medicamentos se clasificaron de la siguiente forma: 236 de baja calidad, 239 falsificados, 116 no registrados y 5 robados. La categorías con mayor número de estos incidentes son antiinfecciosos, medicamentos para el dolor/cuidados paliativos, hormonas/contraceptivos, medicamentos para las vías respiratorias y medicamentos para trastornos mentales/de comportamiento, entre otros. En total, los medicamentos antiinfecciosos representan el 41% de fármacos asociados a estos reportes. Le siguen los medicamentos para las vías respiratorias, medicinas para los trastornos de conducta y medicamentos para enfermedades gastrointestinales. 

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Tipos de medicamentos en los que se registraron irregularidades. Fuente: Revista Panamericana de la Salud.

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Estos medicamentos contribuyen a la resistencia antimicrobiana

Para el grupo de investigadores, estos hallazgos alertan sobre posibles complicaciones para la población general. Particularmente, en sus páginas advierten sobre el desarrollo de nuevos problemas de salud pública derivados de la resistencia microbiana y la percepción negativa de los pacientes sobre las autoridades sanitarias de cada país. Sobre este último aspecto, se pide tener en cuenta el impacto en el plano socioeconómico y que también afectaría a otros programas de salud pública.

Había una tendencia a no comunicar datos sobre las diferentes etapas de la cadena de suministro en las que se habían detectado incidentes. De los 596 incidentes aptos para el análisis, el 54,8% (N=327) no tenía información al respecto, se puede leer en la publicación. Adicionalmente, los países de la región con mayor número de irregularidades -dentro de los años revisados- fueron Perú (31%), Brasil (28%), y Chile y Colombia (10%). El análisis también incluyó a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Venezuela.

Dentro de las observaciones, en el análisis se destaca que los países también utilizaron con frecuencia medidas como el retiro/recuperación de los productos afectados, la incautación/confiscación, la prohibición de la comercialización, la prohibición de la distribución y la prohibición del uso.

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Brasil y Colombia fueron los únicos países que utilizaron sistemáticamente por lo menos ocho de los diez tipos principales de medidas. De acuerdo con la información disponible, Brasil fue el único país de la región que aplicó la prohibición de la publicidad, Colombia fue el único que solicitó a los interesados locales que vigilaran los acontecimientos adversos posteriores al uso de los productos afectados (farmacovigilancia). Por último, Brasil, Colombia y Perú fueron los países en los que se ordenó específicamente la destrucción de los productos afectados.

Adicionalmente, los investigadores resaltan que, debido al número de participantes en las cadenas de suministro, hacen a los medicamentos más vulnerables a situaciones o amenazas que influyen negativamente en su calidad, seguridad y eficacia. La detección fue más común en las tiendas/drogas/mercados, farmacias y hospitales/clínicas. En estos tres tipos de instalaciones, que representan el 78,1% de todas las detecciones documentadas, los medicamentos estaban listos para ser vendidos, dispensados o administrados a los pacientes.

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Polución del aire podría aumentar mortalidad por covid-19

Estudio indicaría que exposición a largo plazo a la polución del aire podría aumentar el riesgo de mortalidad en aproximadamente un 15%.

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Un estudio publicado por la universidad de Oxford que buscaba evaluar en qué medida la contaminación del aire puede llegar a influir en la mortalidad por la covid-19, evidenció que la exposición a largo plazo a la polución del aire podría aumentar el riesgo de mortalidad en aproximadamente un 15%.

El estudio  que fue publicado en la revista Cardiovascular Research indica además que la proporción de mortalidad por polución del aire  en Europa sería del 19%, seguido por un  17% en América del Norte y un 27% en el este de Asia.

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Asimismo, según estimaciones del profesor Jos Lelievel del Instituto Max Planck de Química en Maguncia (Alemania) y de sus colegas, la exposición a largo plazo a la polución del aire habría contribuido al 29% de las muertes por covid en la República Checa, al 27% en China, al 26% en Alemania, al 22% en Suiza, al 21% en Bélgica, al 19% en Holanda, 18% en Francia, 15% en Italia, 14% en el Reino Unido, 12% en Brasil, 11% en Portugal, 9% en España, 6% en Israel, 3% en Australia y solo el 1% en Nueva Zelanda.

De acuerdo con los investigadores, para llegar a estas conclusiones, se emplearon datos epidemiológicos anteriores de Estados Unidos y China sobre la contaminación del aire y el covid-19, así como sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) de 2003, una enfermedad similar al covid-19.

Así mismo, “para realizar dichos  cálculos se  combinaron  datos vía satélite sobre la exposición a partículas finas contaminantes (PM2.5) y datos de redes de vigilancia de contaminación del suelo”. Explican.  Sin embargo, los autores no establecen una relación directa de causa y efecto entre esta contaminación y la mortalidad por covid-19.

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Por su parte, el profesor Thomas Munzel  de la Universidad Johannes Gutenberg, Maguncia indica. “La contaminación del aire daña los pulmones y aumenta la actividad del ACE-2, lo que conduce a una mejor absorción del virus”, asimismo agrega. “La transición a una economía verde con fuentes de energía limpias y renovables favorecerá tanto al medio ambiente como a la salud pública, a nivel local mejorando la calidad del aire y a nivel mundial limitando el cambio climático”, asegura.

No obstante, para la profesora de epidemiología ambiental (Universidad de Leicester) Anna Hansell, la contaminación del aire y la mortalidad por covid-19 aun es prematura para intentar medirlo con precisión.

De otra parte, la organización State of Global Air 2020, afirmó que la contaminación del aire condujo a que cerca  de 476.000 recién nacidos en 2019 fallecieran por esta causa, especialmente en India y en África subsahariana.  En consecuencia, el estudio destaca la responsabilidad del humo tóxico que emana de los combustibles usados para cocinar en los hogares, en el 75% de los casos.

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Contraloría denuncia excesivo recobro de algunos medicamentos

La Contraloría denuncia que algunos medicamentos exceden su valor de recobro hasta en un 8.000%, especialmente los de enfermedades de alto costo.

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Contraloría denuncia excesivo recobro de algunos medicamentos

El pasado 20 de octubre la Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, expusieron una serie de problemáticas que afectan de manera directa el sistema de salud: el recobro excesivo de medicamentos que en algunos casos llega a exceder el 8.000% del precio máximo permitido.

Adicionalmente, informó que tres EPS concentran el 60% de la suma de recobros girados en 9 meses, por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo.  Además hay concentración de proveedores en el 50% de los recobros en ese mismo caso.

A esto se suman nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de cuatro EPS, el giro preferente de igual número de EPS a un mismo proveedor de medicamentos y una marcada concentración en pocas EPS de los recursos destinados por concepto de compensación y liquidación mensual de afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado. 

“No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios”, enfatizó el servidor público.

A pesar que el proyecto de regulación de medicamentos ha permitido ahorrar aproximadamente $7 billones de pesos en el último quinquenio, entre enero y septiembre de 2019 la Contraloría ha evidenciado medicamentos que exceden hasta en un 8 mil por ciento el precio máximo permitido por el Ministerio de Salud, según los hallazgos del  tablero de control de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI- de la CGR.

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Estos son algunos de los medicamentos detectados por el DIARI:

  • DOXOPEG SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 20 mg/10 Ml. Excede presuntamente hasta el 8000% del máximo permitido
  • HAEMATE P 500 UI. Excede presuntamente hasta el 6000% del máximo permitido.
  • IMMUNATE 1000 FACTOR DE COAGULACIÓN. Excede presuntamente hasta el 3000% del máximo permitido.

Esta herramienta además permitió evidenciar cuales son las EPS que más han realizado recobros por medicamentos no PBS de algunas enfermedades de alto costo. Estas son: NUEVA EPS, SURAMERICANA y SANITAS, por $906.000 millones.

Este monto equivale a más del 60% de los recobros girados entre enero y septiembre de 2019. Aproximadamente 50% de los recobros se han girado solo a 7 proveedores a nivel nacional.

Así mismo, se muestra una concentración de pagos hacia los prestadores que tienen vínculos empresariales con la administradora, lo que ponen en evidencia una posible condición de integración vertical, en casos particulares como: Coomeva EPS, Salud Total EPS, Nueva EPS y Famisanar EPS.

Del mismo modo, se observa que cuatro EPS giran de manera “preferente” a un proveedor de medicamentos, lo que enciende las alarmas de la CGR ante la configuración de un posible oligopolio.

Otros hallazgos de la Contraloría

Entre enero y julio de este año se han destinado $14.73 billones para el cubrimiento de la UPC de los afiliados al régimen contributivo, 5 EPS concentran la mayor parte de los recursos por conceptos de compensación: Nueva EPS, Suramericana, Sanitas, Salud Total y Famisanar.

De otro lado, para el régimen subsidiado en ese mismo periodo se han destinado $13.54 billones. Las EPS que reciben mayor cantidad de recursos por la Liquidación Mensual de Afiliados son: Coosalud, Nueva EPS, Mutual Ser, Emssanar y Asmetsalud, es decir estas EPS, han recibido más de 6 billones de pesos correspondientes al 44% de la totalidad de los recursos girados en ese lapso.

De los $3,93 billones destinados durante la actual vigencia para los presupuestos máximos, la ADRES ha realizado giros por $2,36 billones a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB). A pesar de la obligatoriedad del reporte de la destinación de los recursos solo 11 de estas han realizado el envió de la información a la ADRES. Por tanto, el Contralor exhortó a las 28 entidades restantes a que realicen el reporte de la destinación de los recursos recibidos.

Acuerdo de Punto Final

Finalmente, el funcionario indicó que el avance para el saneamiento total de la deuda del sector por medio del acuerdo de punto final ha sido muy lento ya que solo $1.51 billones de los $6.7 billones proyectados para este fin han sido pagados efectivamente.

Del mismo modo, afirmó que el órgano de control ve con preocupación que el giro anticipado de presupuestos máximos para los meses de febrero, marzo y abril de este año no se evidenciaron como un flujo de recursos para los prestadores, fin último del establecimiento de este anticipo.

Según precisó, en su ejercicio de Vigilancia y Control fiscal a dichos recursos, la CGR ha venido haciendo un seguimiento de manera específica y ha encontrado que algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%. Por lo tanto, anunció que el plan de vigilancia de la entidad contempla la realización de de auditorías 28 EPS para establecer las responsabilidades.

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