La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) emitió un comunicado en el que condensa sus preocupaciones sobre el proyecto de reforma a la salud, inquietudes que han sido expuestas en varios espacios académicos e informativos. De acuerdo con su análisis exhaustivo del articulado, de ser aprobado se acabaría en dos años con el aseguramiento y las EPS.
En el comunicado, ACEMI reitera que la propuesta que busca transformar el sistema de salud no ofrece soluciones a las situaciones que son objeto de queja de los usuarios (oportunidad en las atenciones), ni tampoco a las dificultades actuales frente a la sostenibilidad financiera. Se mantiene la propuesta inicial del Ministerio de Salud de eliminar el modelo de aseguramiento, constituir un pagador de naturaleza pública universal, eliminar las EPS, adscribir a las personas a Centros de Atención Primaria (CAPS) y fragmentar la prestación.
Sobre el rol de las gestoras de salud y vida, es decir, en la figura en la que se convertirían las actuales promotoras, la asociación señala que su papel no resuelve un problema estructural, pues no hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad — incluido el bajo gasto de bolsillo— están seriamente comprometidos y habría un riesgo fiscal para la Nación.
ACEMI tampoco comparte las modificaciones a la ADRES. En su concepto, la administradora de recursos de la salud no tiene la capacidad suficiente para asumir la auditoría médica de las atenciones en el país. “Las nuevas funciones frente a los cobros por atenciones SOAT son claro ejemplo de esa falta de capacidad. A la fecha los prestadores (clínicas y hospitales) no han podido radicar la primera factura desde la entrada en vigencia de la norma, en diciembre de 2022″.
Tampoco se da el visto bueno a la aparición de distintos fondos y cuentas (fragmentación financiera), pues entorpece la gestión operativa y administrativa. En el proyecto de ley no se especifica la participación de los diferentes fondos en el total de recursos administrados, de forma tal que no
se comprende cómo serán distribuidos. “La naturaleza de fondos cuenta no cambia el planteamiento ni el riesgo de burocratización: el Fosyga era un fondo cuenta con más de 400 empleados”.
Otras de las consideraciones expuestas por ACEMI son los siguientes:
- La transición propuesta no es viable ni en tiempos ni en recursos. Preocupan los cerca de 100 mil empleos que se pueden perder, y la continuidad y financiación de las atenciones a los 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo.
- Se elimina la libre elección del asegurador. Al crear un monopolio estatal, se elimina la posibilidad de que los afiliados elijan su asegurador. La elección de un médico tratante o de un centro de servicios es una concepción limitada de este derecho.
- La eliminación del aseguramiento supone que el riesgo financiero lo asuma el afiliado. Como ya no hay EPS, serán los hogares colombianos los que deban financiar cobros adicionales o inesperados.
- Triple integración vertical. El Estado define la política, la regula, define tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila. El MinSalud asume funciones operativas, Agencias como la ADRES asumen competencias regulatorias, lo que es un retroceso en diseño institucional.
- La ponencia no elaboró un análisis riguroso e integral de los proyectos presentados para acumulación. Si bien se adicionan algunos artículos de otras iniciativas, no responde a un ejercicio conceptual de construir un articulado coherente, técnico y concertado.
¿Cuáles son los aspectos positivos del proyecto según ACEMI?
En su comunicado, ACEMI manifestó que concuerda con varios elementos del proyecto de reforma, destacando:
- Énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el marco de un sistema de aseguramiento y con un enfoque de determinantes sociales.
- Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, acompañado de modelos de atención diferencial para zonas dispersas y apartadas.
- Fortalecimiento de la política de talento en salud y mejoras en las formas de contratación del personal sanitario.
- Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento del sector salud.
- Impulso de producción nacional de medicamentos, insumos y vacunas.
- Creación de un sistema sociosanitario con financiación propia.
Al final, el gremio reiteró que las EPS mantienen su disposición para aportar a los objetivos del Gobierno
desde las capacidades construidas a lo largo de tres décadas. Asimismo, indicó que las inquietudes han sido compartidas con la Comisión Séptima de manera oficial.
