El más reciente Boletín de acceso y oportunidad N.°6 de Así Vamos en Salud ofrece una radiografía preocupante del sistema de salud colombiano: quejas ciudadanas al alza, riesgo creciente en la protección financiera, retrocesos en la capacidad instalada materno-perinatal y un gasto de bolsillo que roza el límite catastrófico definido por la OMS. Aunque la afiliación sigue siendo alta, el informe confirma que el acceso real y la calidad de la atención se están deteriorando de manera sostenida.
Acceso a la salud en Colombia: señales de alerta en la afiliación
Aunque Colombia ha mantenido históricamente altos niveles de aseguramiento, el análisis advierte que la cobertura dejó de ser un indicador de tranquilidad. Si bien en 2022 el país registró una afiliación del 99,6%, la tendencia descendente se consolidó en 2025:
- La cobertura promedio se situó en 98,6%, con caídas sucesivas.
- El aumento del régimen subsidiado frente al contributivo sugiere tensiones en la formalidad laboral y en la sostenibilidad financiera del aseguramiento.
Para Así Vamos en Salud, este comportamiento genera alertas estructurales: la afiliación es el punto de entrada para ejercer el derecho a la salud, y su disminución compromete la equidad territorial y la continuidad en la atención.
Mayor demanda, más atenciones – pero también más barreras
El número de servicios prestados continúa en aumento, reflejando necesidades acumuladas y una mayor presión sobre la red:
- 10 millones más de personas atendidas en consulta externa desde 2015.
- Crecimiento del 63% en urgencias.
- Aumento del 126% en hospitalizaciones.
Este incremento, lejos de traducirse en mejores resultados para los usuarios, ocurre en un escenario de deterioro en la experiencia de atención:
- Las PQRS aumentaron 36,4% entre junio y agosto de 2025.
- De mantenerse la tendencia, el año cerraría con más de 2 millones de quejas, el registro más alto hasta ahora.
- En las EPS intervenidas, julio mostró un pico crítico de reclamos, cuestionando la efectividad de las medidas adoptadas.
- Las tutelas podrían alcanzar 318.000 casos en diciembre, un incremento del 54% frente a 2019.
Estas cifras evidencian que la demanda supera la capacidad de respuesta, y que las fallas administrativas terminan trasladando a los ciudadanos la carga de reclamar por sus derechos.
Retrocesos en servicios materno-perinatales y neonatales
El boletín identifica reducciones sensibles en servicios esenciales, particularmente en aquellos dirigidos a mujeres gestantes, recién nacidos y poblaciones rurales:
- 97 camas menos en servicios de trabajo de parto, parto y recuperación.
- Disminución progresiva de UCI neonatal, con ausencia total en Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
- La infraestructura continúa concentrándose en grandes ciudades, ampliando brechas históricas entre zonas urbanas y rurales.
En contraste, las camas de salud mental presentan un leve incremento, una respuesta que se alinea con los desafíos crecientes del país en esta materia. Sin embargo, este avance no compensa los retrocesos en áreas críticas para la supervivencia materna y neonatal.
El gasto de bolsillo como riesgo inminente para la protección financiera
Uno de los hallazgos más sensibles del informe es la evolución del gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud. De acuerdo con cifras citadas por la Defensoría del Pueblo y ANIF:
- El indicador pasó de 15,8% en 2019 a 17,2% en 2024, acercándose peligrosamente al límite del 20% establecido por la OMS como umbral de gasto catastrófico.
Varios departamentos ya superan ese nivel crítico:
- Tolima (35,68%)
- Guaviare (35,6%)
- Arauca (35,12%)
- Putumayo (26,69%)
El incremento confirma que una parte creciente de la población está financiando su atención con recursos propios, una señal de debilitamiento en la protección financiera y de inequidades profundas entre regiones.
Un sistema que exige decisiones urgentes y basadas en evidencia
El boletín concluye que garantizar acceso real a la salud implica mucho más que mantener una alta afiliación. Se requieren acciones integrales para:
- Fortalecer la capacidad instalada en territorios críticos.
- Mejorar la gestión administrativa de los actores del sistema.
- Proteger financieramente a los usuarios frente a gastos crecientes.
- Asegurar información clara, actualizada y verificable para orientar la toma de decisiones públicas.
Consulta el Boletín de acceso y oportunidad N.°6 de Así Vamos en Salud:
