Panamá aprobó la Ley 564 del 9 de noviembre de 2026, que establece nuevas restricciones para las grasas trans industriales en los alimentos comercializados en el país. La normativa fija un límite máximo del 2 % respecto del contenido total de grasas, prohíbe los aceites parcialmente hidrogenados y establece un periodo de adaptación de 36 meses para la industria alimentaria. También contempla sanciones de hasta 250.000 balboas para quienes incumplan sus disposiciones.
La medida, publicada en la Gaceta Oficial 30649 B, busca reducir la exposición de la población a estas sustancias, asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Su aplicación comprende productos nacionales e importados y establece obligaciones para los diferentes actores de la cadena alimentaria, bajo la vigilancia del Ministerio de Salud de Panamá.
Panamá establece un límite máximo del 2 % para las grasas trans industriales
La nueva legislación dispone que el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial (AGT-PI) no podrá superar los 2 gramos por cada 100 gramos de grasa total presente en los alimentos. La restricción se extiende a los aceites, grasas, ingredientes y materias primas utilizados en los procesos de elaboración, independientemente de su origen nacional o importado.
El artículo 5 también prohíbe la producción, venta y distribución de aceites y grasas parcialmente hidrogenados en productos alimentarios, una vez cumplidos los plazos de adecuación establecidos. Estas sustancias se obtienen mediante procesos industriales que modifican la estructura de los aceites y constituyen una de las principales fuentes de grasas trans presentes en alimentos procesados.
La disposición incorpora, además, restricciones al uso de denominaciones que oculten, distorsionen o generen confusión sobre la composición de los productos, particularmente cuando puedan encubrir la presencia de grasas trans industriales por fuera de los límites permitidos.
La ley establece una excepción para las grasas provenientes de carnes de rumiantes y sus derivados, incluidas las grasas lácteas. Por tanto, las restricciones se concentran en aquellas originadas mediante procesos industriales y no constituyen una prohibición general de todos los ácidos grasos trans presentes naturalmente en los alimentos.
La industria alimentaria tendrá 36 meses para cumplir las nuevas exigencias
El artículo 14 de la legislación establece un cronograma progresivo para permitir la adaptación de los procesos productivos y la reformulación de los alimentos. El plazo total de 36 meses se distribuye en tres etapas sucesivas.
| Etapa | Plazo acumulado | Exigencia |
|---|---|---|
| Primera | 12 meses | Ajustar ingredientes y materias primas al límite máximo del 2 % de grasas trans industriales. |
| Segunda | 18 meses | Adecuar los productos alimentarios terminados al límite establecido. |
| Tercera | 36 meses | Eliminar los aceites y grasas parcialmente hidrogenados de la industria alimentaria. |
La norma comenzó a regir el 10 de noviembre de 2026, al día siguiente de su promulgación. No obstante, la exigibilidad de las medidas de adecuación se encuentra sujeta a los plazos diferenciados que establece la propia legislación.
Adicionalmente, el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, deberá reglamentar la ley en un periodo máximo de seis meses. Esta reglamentación tendrá que definir las competencias de las unidades responsables, los procedimientos de vigilancia y los mecanismos para aplicar las sanciones correspondientes.
Multas de hasta 250.000 balboas por incumplir la regulación alimentaria
La Ley 564 establece un régimen sancionatorio que contempla multas económicas, suspensión temporal de autorizaciones y cancelación definitiva de permisos de funcionamiento, dependiendo de la gravedad de las infracciones.
Las sanciones económicas se distribuyen de la siguiente manera:
- Faltas leves: multas entre 100 y 10.000 balboas por incumplimientos cometidos por primera vez.
- Faltas graves: multas entre 10.001 y 100.000 balboas, aplicables en casos de reincidencia conforme a los criterios establecidos en la ley.
- Faltas gravísimas: multas entre 100.001 y 250.000 balboas cuando exista una situación de peligro colectivo, aun sin afectación comprobada, o cuando se superen tres infracciones.
La autoridad sanitaria deberá considerar factores como el riesgo para la salud de las personas, los beneficios obtenidos por el infractor, la reincidencia y la gravedad de la conducta. Las resoluciones sancionatorias también podrán ordenar medidas de reparación, incluida la destrucción de productos que incumplan la normativa.
Los procedimientos podrán iniciarse por iniciativa de la autoridad o mediante denuncias, incluso anónimas. La legislación contempla inspecciones, verificaciones y actuaciones administrativas, así como mecanismos para garantizar el derecho de defensa de las personas naturales o jurídicas investigadas.
La OMS atribuye más de 278.000 muertes anuales al consumo de grasas trans industriales
La regulación panameña coincide con las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir los factores alimentarios asociados con la enfermedad cardiovascular.
De acuerdo con la ficha informativa de la OMS sobre grasas trans, más de 278.000 muertes anuales en el mundo son atribuibles al consumo de grasas trans producidas industrialmente. Su ingesta elevada se asocia con un incremento del 34 % en el riesgo de muerte por cualquier causa, del 28 % en las muertes por cardiopatía coronaria y del 21 % en el riesgo de desarrollar esta enfermedad.
La organización recomienda limitar el consumo total de grasas trans a menos del 1 % de la ingesta energética diaria, equivalente a menos de 2,2 gramos en una alimentación de 2.000 calorías.
Asimismo, la OMS identifica dos medidas regulatorias principales: establecer un máximo obligatorio de 2 gramos de grasas trans industriales por cada 100 gramos de grasa total y prohibir la producción o utilización de aceites parcialmente hidrogenados como ingredientes alimentarios. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha promovido estas intervenciones dentro de su plan regional para eliminar las grasas trans de producción industrial, mediante restricciones obligatorias y mecanismos de vigilancia sanitaria.
¿Qué cambia para fabricantes e importadores de alimentos en Panamá?
La implementación de la ley exigirá que los fabricantes, importadores y distribuidores revisen la composición de los productos comprendidos en la regulación, así como los ingredientes utilizados durante su elaboración. Entre las principales implicaciones operativas se encuentran la identificación de materias primas con grasas trans industriales, la reformulación progresiva de productos, la verificación de los límites permitidos y la revisión de las denominaciones comerciales utilizadas para describir su composición.
Para las empresas que utilizan aceites parcialmente hidrogenados, la transición también supone identificar alternativas tecnológicas compatibles con las nuevas exigencias. La OMS señala que estas sustancias pueden sustituirse por grasas y aceites más saludables, incluidos aquellos ricos en ácidos grasos insaturados.
Sin embargo, los resultados de la implementación dependerán de la reglamentación, de las capacidades de vigilancia del Ministerio de Salud y del cumplimiento efectivo de los plazos establecidos. La aprobación de la ley no acredita, por sí sola, que la totalidad de la oferta alimentaria ya cumpla los nuevos estándares.
¿Cómo contribuirá la nueva ley a la prevención de enfermedades cardiovasculares?
La eliminación de las grasas trans industriales constituye una de las intervenciones promovidas por la OMS para reducir la exposición poblacional a factores de riesgo cardiovascular modificables.
A través de su iniciativa REPLACE, la organización impulsa políticas orientadas a sustituir estas sustancias por alternativas más saludables, fortalecer la vigilancia de los alimentos y promover medidas regulatorias obligatorias. La OPS ha respaldado este enfoque como parte de las estrategias regionales de prevención de enfermedades no transmisibles.
En Panamá, la Ley 564 establece el marco jurídico para avanzar en esa dirección mediante límites de composición, prohibiciones específicas, responsabilidades institucionales y un régimen sancionatorio. El seguimiento de la reglamentación y de las tres etapas de adecuación permitirá determinar el grado de cumplimiento de la industria alimentaria. Los efectos sobre la exposición de la población y los indicadores cardiovasculares deberán evaluarse posteriormente mediante información sanitaria y mecanismos de vigilancia.
