Un grupo de sociedades científicas y organizaciones médicas de Colombia hizo un llamado a que la atención en salud de niñas, niños y adolescentes que exploran o expresan una identidad de género sea discutida con criterios clínicos, bioéticos y científicos. La solicitud surge en medio de la controversia generada por el documental Colombia fábrica de niños trans y por actuaciones judiciales relacionadas con su difusión.
Las organizaciones consideran necesario separar el debate público de las decisiones que corresponden al ámbito asistencial. Advierten que la circulación de información que califican como inexacta o no verificada puede generar incertidumbre entre pacientes y familias, además de afectar la búsqueda de orientación profesional cuando existen necesidades concretas de atención en salud.
La atención de esta población, plantean, debe partir de una valoración individual, gradual e interdisciplinaria, teniendo en cuenta tanto las necesidades de salud como las condiciones familiares y sociales de cada paciente. Ética profesional, bioética, dignidad humana, autonomía progresiva e interés superior de la niñez aparecen entre los principios señalados para orientar estos procesos.
¿Qué criterios clínicos piden tener en cuenta?
Uno de los principales planteamientos consiste en evitar que las experiencias de niñas, niños y adolescentes se presenten como si todos los casos siguieran un mismo recorrido asistencial. Las sociedades firmantes sostienen que las decisiones deben responder a las circunstancias particulares de cada paciente y estar acompañadas por profesionales con las competencias requeridas para cada situación.
Entre los criterios planteados se encuentran:
- Valoración individual y gradual, de acuerdo con las necesidades de salud de cada paciente.
- Abordaje interdisciplinario, con participación de los profesionales que correspondan según cada caso.
- Consideración del entorno familiar, incluyendo la participación informada de familias o cuidadores cuando sea aplicable.
- Respeto por la autonomía progresiva, la dignidad humana y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
- Decisiones sustentadas en evidencia clínica, evitando generalizaciones y afirmaciones que no hayan sido verificadas.
Las sociedades científicas firmantes también sostienen que, de acuerdo con la práctica asistencial reconocida por ellas, en Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad. La afirmación es presentada como una precisión frente a contenidos que, según las organizaciones, han generado interpretaciones que no corresponden con la realidad clínica descrita por sus miembros.
El llamado insiste además en que las decisiones sanitarias no deberían derivarse de generalizaciones construidas a partir de casos particulares. Para las organizaciones, la valoración profesional debe definir las necesidades y alternativas disponibles en cada situación, bajo criterios clínicos, éticos y de acompañamiento informado.
Corte Constitucional y Ministerio de Salud hacen parte del marco de referencia
La discusión también tiene un componente jurídico. Las sociedades citan las sentencias T-421 de 2020, T-218 de 2022, T-199 de 2023 y T-436 de 2025 como parte de la jurisprudencia desarrollada en Colombia alrededor del derecho a la salud, la identidad de género, la valoración clínica y el acceso a servicios sin barreras administrativas.
La Sentencia T-218 de 2022 abordó específicamente el caso de una persona transgénero menor de edad. La Corte Constitucional concluyó que condicionar el acceso a un tratamiento de afirmación de género exclusivamente al cumplimiento de la mayoría de edad vulneró derechos fundamentales y señaló que las decisiones clínicas deben sustentarse en la mejor evidencia médica disponible y en una valoración adecuada del paciente.
Posteriormente, la Sentencia T-199 de 2023 reiteró la importancia del diagnóstico y de una valoración integral para definir los procedimientos o tratamientos que correspondan. La Corte señaló que los servicios previamente prescritos deben prestarse de manera oportuna, eficaz e integral, sin obstáculos administrativos injustificados.
A este marco se suma la Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia científica para la atención integral en salud y afirmación de género de personas trans, publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social en 2025. La guía está dirigida a profesionales de la salud y reúne recomendaciones clínicas desarrolladas a partir de evidencia científica para orientar la atención de esta población.
Mesa técnica nacional, la principal solicitud al Congreso
La petición institucional más concreta está dirigida a la Comisión Séptima del Congreso de la República, a la que se propone promover una mesa técnica nacional, plural, interdisciplinaria y transparente. La intención sería trasladar parte de la discusión actual a un espacio en el que puedan revisarse conjuntamente la evidencia disponible, las prácticas asistenciales y el marco jurídico aplicable.
La propuesta plantea que participen representantes del Gobierno Nacional, la Corte Constitucional y el Congreso, junto con sociedades científicas, especialistas en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil y adolescente. También contempla la participación de pacientes y familias, academia, sociedad civil y otras autoridades relacionadas con la materia.
¿Qué debería revisar la mesa técnica?
Las sociedades plantean que el eventual espacio no se limite a una discusión política o jurídica. Su composición debería permitir revisar de manera conjunta la evidencia científica, las características actuales de la atención en Colombia y los criterios que podrían orientar futuras decisiones institucionales y de política pública.
Las tareas propuestas son:
- Revisar críticamente la evidencia científica disponible, incluidos sus alcances y limitaciones.
- Precisar la realidad clínica y asistencial del país, a partir de información sobre la prestación efectiva de los servicios.
- Examinar el marco ético, constitucional, legal y de derechos humanos relacionado con la atención.
- Formular recomendaciones técnicas y de política pública basadas en la evidencia revisada.
- Definir criterios para la comunicación pública, diferenciando evidencia, hipótesis, opiniones y afirmaciones no verificadas.
La propuesta también busca articular la experiencia de las sociedades científicas con los desarrollos producidos por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud. El objetivo planteado es que cualquier eventual ajuste regulatorio o asistencial tenga en cuenta tanto la evidencia científica como la experiencia clínica y el marco de derechos vigente.
Llamado a mantener el debate en el terreno científico
Las organizaciones también expresaron respaldo al endocrinólogo pediatra Mario Angulo, quien, según las sociedades firmantes, ha sido objeto de señalamientos recientes. Frente a esta situación, solicitaron que las diferencias relacionadas con actuaciones profesionales sean abordadas mediante discusión académica, revisión de evidencia y respeto por el debido proceso.
El llamado final busca evitar que la controversia derive en descalificaciones personales contra pacientes, familias o profesionales de la salud. Las sociedades sostienen que el debate debe mantener como centro la protección del bienestar de niñas, niños y adolescentes y su acceso a servicios de salud seguros, oportunos y libres de discriminación.
La propuesta deja así una solicitud concreta sobre la mesa: que la discusión sobre la atención en salud de esta población pase de la confrontación pública a un escenario técnico en el que puedan examinarse de manera conjunta la evidencia clínica, la bioética, la jurisprudencia y la experiencia asistencial antes de adoptar nuevas decisiones institucionales.
