Mediante un informe de propuestas de cara a los próximos años, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) planteó una ruta urgente para que el próximo gobierno estabilice el sistema de salud en Colombia antes de emprender una nueva reforma estructural.
El informe propone actuar sobre tres frentes inmediatos: atención de pacientes represados, flujo de recursos y definición sobre EPS intervenidas, en medio de lo que el gremio califica como “uno de los periodos más complejos desde la Ley 100”. La propuesta parte de un deterioro del acceso, demoras en servicios prioritarios, interrupciones de medicamentos y “pasivos billonarios entre EPS, prestadores y aseguradores”.
¿Por qué ACEMI propone un plan de choque para el sistema de salud?
El informe de ACEMI no plantea comenzar por una reforma estructural, sino por una estabilización operativa. La premisa central es explícita: “antes de emprender un nuevo intento de reforma estructural, es necesario estabilizar el sistema”. Para el gremio, esa estabilización implica “volcar todas las capacidades públicas y privadas, para detener el sufrimiento de los pacientes”.
El diagnóstico tiene un eje asistencial . ACEMI advierte que el sistema enfrenta “un deterioro en cuanto al acceso y continuidad de la atención en salud”, reflejado en “demoras para servicios prioritarios, interrupciones terapéuticas —en particular farmacológicas— y aumento de tutelas y reclamos en salud”. Bajo esa lectura, el problema no se limita al financiamiento: también compromete oportunidad, continuidad clínica y gestión del riesgo.
Por eso, la primera propuesta se denomina “Ponernos al día con los pacientes”. Su objetivo es ordenar la respuesta del sistema según riesgo, empezando por quienes no pueden esperar. ACEMI propone una estrategia punta-pirámide para concentrar desde el primer día capacidades clínicas, administrativas y de suministro, especialmente medicamentos, en los casos de mayor riesgo, mientras se reduce el rezago acumulado en la base.
En términos operativos, la punta de la pirámide corresponde a pacientes con riesgo vital, que deberían ser gestionados en un plazo de horas a 72 horas. El segundo nivel incluye pacientes de riesgo priorizado, con atención requerida en menos de tres meses. La base agrupa servicios diferibles, controles, procedimientos electivos y diagnósticos autorizados no prestados, con un horizonte de resolución de seis a doce meses, según el servicio.
¿Cómo funcionaría el PMU Nacional por la Salud y el plan de 90 días?
La gobernanza del plan descansaría en un PMU Nacional por la Salud, concebido como una instancia de identificación, priorización, coordinación, referenciación y toma de decisiones ágiles. ACEMI propone crearlo desde el primer día, encabezado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con concurrencia de la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
El PMU tendría que operar con reglas claras de periodicidad, quórum, manejo de conflictos de interés, escalamiento y salvamento de voto. También contaría con una secretaría técnica con capacidad analítica y de seguimiento. En la práctica, su función sería destrabar barreras administrativas, coordinar redes territoriales, hacer seguimiento a casos críticos y publicar tableros de control por EPS, territorio y grupo de riesgo.
El plan de 90 días se concentra en la población de riesgo priorizado. ACEMI lo describe como una estrategia de puesta al día por cohortes, con diagnóstico de brechas frente a guías y protocolos, identificación de pacientes en abandono o baja adherencia, búsqueda activa, agendamiento y agendas protegidas para grupos como cáncer, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, gestantes, salud mental, enfermedades huérfanas y patologías neurológicas.
Uno de los componentes más sensibles es la continuidad de medicamentos. El informe advierte que “la interrupción de tratamientos críticos aumenta eventos evitables y uso de urgencias”. Para enfrentarlo, propone un tablero de medicamentos críticos con resolución de pendientes entre 24 y 72 horas, priorizando terapias oncológicas, antiinfecciosas, cardiovasculares, respiratorias, antitrombóticas y psicofármacos de mantenimiento en pacientes de alto riesgo.
¿Qué plantea ACEMI sobre EPS intervenidas y financiamiento de 2026?
La situación de las EPS intervenidas es uno de los puntos más delicados del informe. ACEMI advierte que en agosto próximo el país tendría que enfrentar 18 millones de colombianos en EPS intervenidas, inviables financiera y operativamente. A ello suma un sistema fragmentado, sin confianza entre sus agentes y miles de pacientes cuya atención no da espera.
Frente a ese escenario, el gremio propone que la Superintendencia Nacional de Salud remueva y reemplace a los interventores de las ocho EPS bajo medida, y conforme un equipo técnico que entregue en los primeros tres meses un diagnóstico operativo y financiero. Con base en ese análisis, se decidiría entre dos rutas: liquidación y traslado de afiliados, o restitución a sus accionistas condicionada al cumplimiento de requisitos de habilitación financiera.
El segundo eje es el financiamiento de la vigencia 2026. ACEMI estima que se requieren $9,57 billones adicionales. De ese monto, $3,73 billones serían para incrementar la UPC del régimen contributivo; $2,38 billones para pagar ajustes de presupuestos máximos desde 2023, sin contar Nueva EPS; y $3,46 billones para financiar presupuestos máximos corrientes que, según el informe, están desfinanciados.
La fuente de financiación también está planteada. Cerca de $5,29 billones procederían de ingresos presupuestales excedentarios frente a los aforos estimados por la ADRES, mientras que los $4,28 billones restantes deberían cubrirse con mayor esfuerzo fiscal, recursos de capital, ahorros por optimización del gasto público o reasignaciones desde otros sectores. Para ACEMI, este financiamiento daría un alivio temporal, pero no resolvería por sí solo el desequilibrio acumulado.
¿Por qué la conciliación de cuentas sería decisiva para IPS y proveedores?
El saneamiento financiero es el componente que conecta la atención represada con la liquidez del sistema. ACEMI estima que el faltante actuarial para los años 2021 a 2025 es de $34,2 billones, aunque aclara que “esta cifra debe ser revisada y reconfirmada” mediante un estudio actuarial e interdisciplinario.
La propuesta de pago sería gradual: 40% el primer año de gobierno, 30% el segundo, 20% el tercero y 10% el cuarto. Los recursos se orientarían a honrar obligaciones de las EPS con prestadores, proveedores y personal de salud, mediante giro directo, auditoría y supervisión. Para clínicas y hospitales, esto implicaría depurar cuentas por cobrar con detalle de cada factura.
ACEMI también propone una conciliación nacional de cuentas para identificar si los servicios están facturados, en auditoría, glosados, conciliados o liquidados. El objetivo es distinguir la deuda cierta de las obligaciones aún sujetas a revisión y permitir que los recursos fluyan con mayor transparencia. Este proceso debería cerrar con un acta entre EPS y prestadores en los primeros 100 días de gobierno.
El plan de ACEMI plantea una secuencia de emergencia: primero pacientes críticos, medicamentos y rezagos; luego financiamiento de 2026, definición de EPS intervenidas, saneamiento financiero y conciliación de cuentas. Su viabilidad dependerá de información confiable, recursos extraordinarios y capacidad institucional para coordinar decisiones entre Gobierno, EPS, IPS, proveedores, entes de control y territorios.
Para los pacientes, el resultado esperado sería menor espera y mayor continuidad terapéutica. Para IPS y proveedores, la prioridad sería convertir cartera incierta en flujo efectivo. Para el Gobierno, el desafío será transformar una propuesta gremial en una agenda pública verificable, con responsables, plazos e indicadores. La estabilización, bajo esta hoja de ruta, no se mediría solo en recursos asignados, sino en acceso real y atención efectiva.
