El punto de partida de Cepeda es una crítica estructural al modelo de salud derivado de la Ley 100. En su programa de gobierno sostiene que dicho modelo “privatizó el sistema de atención en salud” y convirtió un derecho fundamental en un negocio, bajo una arquitectura en la que, según su postura, “el Estado paga, pero los privados mandan”.
Desde esa perspectiva, el problema no se reduce a fallas administrativas de algunas EPS, sino a una organización institucional donde la intermediación privada habría concentrado decisiones clave sobre recursos públicos, redes de atención, autorizaciones y acceso efectivo a servicios. La gestión del riesgo, en esta visión, habría quedado subordinada a incentivos financieros y no necesariamente a resultados sanitarios.
Para el candidato, esta situación ha producido una brecha entre el reconocimiento formal del derecho a la salud y su garantía real. Esa brecha se expresa en demoras para acceder a servicios, dificultades en la entrega de medicamentos, represamiento de citas y tratamientos, desigualdades territoriales y debilitamiento de la capacidad pública de conducción del sistema.
Un plan de choque para los primeros 100 días
A diferencia de una propuesta centrada únicamente en la reforma legislativa, Cepeda ha planteado que los primeros 100 días de su eventual gobierno tendrían un plan de choque con al menos tres componentes inmediatos.
El primero sería una adquisición especial de medicamentos para garantizar su dispensación. Según el candidato, “la dispensación es esencial” y por eso una de las primeras acciones debería ser apelar tanto a la industria nacional como internacional de medicamentos. La medida apunta a enfrentar uno de los problemas más visibles para los usuarios: la interrupción o demora en la entrega de tratamientos.
El segundo componente sería la atención de citas, diagnósticos y tratamientos urgentes represados. Cepeda propone pedir a todo el sistema de instituciones prestadoras de salud que concentre esfuerzos en resolver esa acumulación. En el caso de las IPS públicas, afirmó que no sería una petición, sino una instrucción por vía de decreto; en el caso de las instituciones privadas, plantea una convocatoria para conjugar esfuerzos.
El candidato ha dimensionado este problema en cerca de 5 millones de demandas de servicios represadas. Aunque reconoce que no necesariamente es el problema estructural esencial del sistema, sí lo define como un asunto urgente que debe resolverse de manera inmediata.
El tercer componente sería abrir un diálogo nacional para elaborar el proyecto de reforma al sistema de salud. Este punto introduce un matiz relevante: Cepeda mantiene una orientación reformista, pero plantea que la construcción normativa debe pasar por un proceso de conversación y concertación.
¿Modelo público, privado o mixto?
La propuesta se ubica en un modelo de predominio público en la rectoría, el financiamiento y la garantía del derecho, pero no plantea una exclusión absoluta del sector privado. Más que un sistema puramente estatal, el enfoque parece orientarse hacia un modelo mixto con conducción pública reforzada.
En ese esquema, el Estado asumiría un papel más directo en la organización del sistema, el control de los recursos, la definición de prioridades sanitarias y la garantía de acceso. El sector privado podría seguir participando como prestador, proveedor o actor complementario, pero bajo reglas más estrictas de interés público.
Atención primaria, innovación farmacéutica y digitalización
Atención primaria y enfoque territorial
La propuesta de Cepeda vincula la reforma con la necesidad de garantizar atención médica, medicamentos, tratamientos curativos y prevención. En esa línea, la atención primaria aparece como eje de reorganización territorial del sistema, especialmente para cerrar brechas rurales, étnicas y regionales.
Los componentes centrales serían:
- fortalecimiento de la prevención;
- mayor presencia del Estado en territorios históricamente excluidos;
- articulación de redes públicas y privadas para resolver necesidades urgentes;
- acceso efectivo a citas, diagnósticos, tratamientos y medicamentos;
- reducción de barreras administrativas.
Digitalización y trazabilidad
La digitalización aparece conectada con el control de recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Cepeda propone fortalecer sistemas de información, trazabilidad del gasto, alertas tempranas y plataformas abiertas para prevenir desviaciones de recursos.
Aplicado al sector salud, este enfoque podría traducirse en mayor vigilancia sobre contratación, pagos, dispensación de medicamentos, flujo de recursos y resultados de atención. El énfasis no está tanto en salud digital clínica, sino en transparencia, seguimiento financiero y control institucional.
Objetivos e indicadores a transformar
El objetivo final de la propuesta es que la salud deje de operar como un servicio fragmentado y condicionado por intermediación administrativa, y se consolide como un derecho efectivo. En el programa, la salud aparece integrada a una agenda social más amplia junto con trabajo, pensión, vivienda, agua potable y superación de la pobreza.
Los indicadores que buscaría transformar serían principalmente:
- oportunidad en citas, diagnósticos y tratamientos;
- entrega efectiva de medicamentos;
- reducción de servicios represados;
- acceso territorial a atención primaria;
- disminución de barreras administrativas;
- mayor control del gasto público en salud;
- reducción de inequidades entre zonas urbanas, rurales y poblaciones étnicas;
- fortalecimiento de la red pública;
- transparencia en el uso de recursos.
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Balance técnico
La propuesta Cepeda–Quilcué combina una visión de reforma estructural con una respuesta inmediata a problemas asistenciales críticos. Su mayor fortaleza política es que identifica cuellos de botella visibles para la ciudadanía, especialmente medicamentos y servicios represados.
En términos regulatorios, la propuesta anticipa una reforma con mayor conducción estatal, participación privada regulada y énfasis territorial. Para tomadores de decisiones, el punto crítico será evaluar si el plan logra convertir una orientación política clara en una arquitectura institucional viable, financiable y medible.
Consulte y descargue el Programa de Gobierno 2026-2030 de Iván Cepeda: “El poder de la verdad” aquí:
