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Una de las decisiones más sensibles sobre Nueva EPS terminó bajo la lupa de la Procuraduría, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud trasladara las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de intervención de la entidad. La actuación expone la secuencia de hechos que rodeó el vencimiento de la medida especial, la falta de pronunciamiento sobre su prórroga, los reparos internos frente a una nueva intervención y las observaciones formuladas sobre la designación del nuevo agente especial interventor.
La comunicación fue remitida por la Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud en el marco de la Red de Controladores del Sector Salud y puso en conocimiento de la Procuraduría un caso que, según la propia Supersalud, compromete no solo el trámite administrativo seguido frente a Nueva EPS, sino también la continuidad del aseguramiento, la adecuada destinación de recursos públicos y la garantía del derecho a la salud en una EPS que concentra más de 11,5 millones de afiliados.
El traslado parte de una premisa central; la discusión sobre Nueva EPS no surgió de un hecho aislado, sino de un proceso que ya venía acompañado de alertas asistenciales, jurídicas, administrativas y financieras. Sobre esa base, la Superintendencia reconstruyó paso a paso lo ocurrido entre finales de febrero y abril, y dejó consignado que, en medio de ese escenario, se produjeron actuaciones que ahora serán revisadas por los órganos de control.
La solicitud de prórroga quedó sin respuesta y Nueva EPS quedó sin medida vigente
La primera pieza clave del caso fue la recomendación de prorrogar por un año la intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva EPS. Esa propuesta fue formulada el 27 de febrero de 2026 por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y entidades adaptadas ad hoc y respaldada el 2 de marzo por la Delegatura para Entidades de Aseguramiento en Salud, con base en un concepto técnico de seguimiento que advertía que la EPS seguía presentando fallas relevantes en la prestación de servicios y en su situación financiera.
Con ese sustento, la Superintendencia remitió al Ministerio de Salud y Protección Social la solicitud formal de prórroga ejecutiva por un año de la medida que estaba vigente hasta el 3 de abril de 2026, término que, según la actuación, se extendía hasta el 6 de abril por ser el día hábil siguiente. No obstante, la Supersalud dejó constancia de que no recibió pronunciamiento del Ministerio dentro de ese plazo y precisó además que no hubo requerimientos de ajuste ni comunicación previa informando que la medida no sería prorrogada.
Ese punto es determinante dentro del expediente, porque la propia entidad sostuvo que, ante la falta de decisión, desde el 7 de abril Nueva EPS quedó sin medida especial de intervención para administrar. A partir de ahí se requirió formalmente al Ministerio para que informara el estado de la solicitud y se pidió al interventor saliente la rendición de cuentas, así como las actuaciones relacionadas con la convocatoria de la asamblea general de accionistas y la transición administrativa de la EPS.
La controversia posterior quedó marcada por ese vacío. Mientras seguía sin definirse la prórroga solicitada inicialmente, la discusión interna dentro de la Superintendencia se desplazó hacia la posibilidad de adoptar una nueva intervención, escenario que terminó concentrando las observaciones más delicadas del oficio remitido a la Procuraduría.
¿Qué hallazgos reportó la Supersalud sobre la situación de Nueva EPS?
El concepto técnico que sirvió de base para pedir la prórroga dejó descrito un panorama complejo en el funcionamiento de la EPS. Según la Supersalud, aunque Nueva EPS mostraba crecimiento en el aseguramiento, ese avance no se reflejaba en mejoras verificables en acceso, oportunidad ni continuidad de los servicios, por lo que persistían fallas que seguían afectando a los afiliados.
Entre los hallazgos más relevantes, la entidad reportó:
- Un incremento anual de 14,25 % en las solicitudes radicadas y una tasa mensual de 33,97 reclamos por cada 10.000 afiliados, superior a la tasa nacional
- Brechas en la entrega de medicamentos financiados con UPC, así como dificultades en especialidades como oftalmología, ortopedia, otorrinolaringología, urología y medicina interna
- Retrasos en tecnologías en salud y problemas de trazabilidad y oportunidad en la red de prestación
- Desviaciones en salud infantil, coberturas de vacunación, tamizajes, oportunidad diagnóstica y tratamiento en cáncer, así como baja tamización de hemoglobina glicosilada en diabetes
- Fallas en la contratación, en la legalización de vínculos comerciales, en la supervisión contractual y en la gestión de medidas cautelares, tutelas y desacatos
- Incumplimiento sistemático en el reporte de información financiera desde marzo de 2024 y falta de aprobación de los estados financieros de 2023 por parte de la asamblea de accionistas
En el frente financiero, la Superintendencia señaló que uno de los hechos más críticos era el represamiento en el procesamiento de cuentas médicas. Ese rezago pasó de $5,7 billones al inicio de la intervención a $14,9 billones a diciembre de 2025, equivalentes a más de 14,2 millones de facturas pendientes de procesar. También indicó que los anticipos crecieron 115 % hasta $17,1 billones y que las cuentas por pagar a la red aumentaron 24 %, al pasar de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025.
La designación del nuevo agente interventor también quedó bajo observación
En medio de ese contexto, la Superintendente Nacional de Salud ad hoc para Nueva EPS solicitó el 9 de abril revisar la hoja de vida de Jorge Iván Ospina Gómez para el cargo de agente especial interventor. Esa evaluación adquirió relevancia dentro del expediente porque la actuación trasladada a la Procuraduría deja constancia de reparos sobre el cumplimiento de requisitos para asumir ese rol.
De acuerdo con la revisión consignada por la propia Superintendencia, Jorge Iván Ospina Gómez no cumplía con la experiencia mínima de tres años en labores directivas o asesoras en entidades del sector salud ni con los dos años adicionales exigidos para la categoría A aplicable a una entidad como Nueva EPS. La evaluación también registró una consulta en listas vinculantes y restrictivas con una calificación de riesgo alto de 32 puntos, un elemento que quedó incorporado dentro de las observaciones del caso.
Este punto no fue accesorio dentro de la actuación. Por el contrario, se integró a la secuencia de reparos internos que rodearon el trámite de la nueva intervención y pasó a formar parte de los hechos que la Supersalud decidió trasladar a la Procuraduría para su revisión.
El Comité de Medidas Especiales recomendó no adoptar una nueva intervención
Otro de los aspectos más sensibles del expediente es lo ocurrido en el Comité de Medidas Especiales. Según quedó consignado, la Superintendente Nacional de Salud ad hoc solicitó convocar al comité para el 10 de abril con el fin de tratar una nueva intervención a Nueva EPS y la propuesta de designación de interventor por mecanismo excepcional. Sin embargo, antes de esa sesión, la Dirección de Medidas Especiales consideró necesario realizar un análisis jurídico y técnico de la situación para presentar una recomendación ajustada al procedimiento de control definido.
La actuación remitida a la Procuraduría señala que, una vez surtida la deliberación, los integrantes del comité recomendaron por unanimidad no acoger una nueva medida de intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva EPS. En el expediente quedaron resumidas tres razones centrales:
- Primero, debía existir un informe previo de la Dirección de Inspección y Vigilancia
- Segundo, era necesario contar con el concepto técnico completo antes de soportar una decisión de ese alcance
- Tercero, la medida no podía adoptarse sin agotar el procedimiento que la propia estructura de control consideraba necesario
Ese elemento es uno de los núcleos del caso, porque muestra que dentro de la propia estructura técnica y administrativa de la Superintendencia existía una recomendación expresa de no avanzar de inmediato con una nueva intervención. La observación no se limitó a una diferencia de forma, sino que apuntó a la necesidad de agotar el soporte procedimental y técnico antes de adoptar una medida sobre la mayor EPS del país.
La resolución fue expedida pese a los reparos internos y el caso llegó a la Procuraduría
Pese a esas advertencias, la Superintendente Nacional de Salud ad hoc expidió el 10 de abril de 2026 la Resolución 2026100000003814-6, mediante la cual ordenó la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva EPS, además de designar como interventor a Jorge Iván Ospina Gómez. La notificación por aviso fue fijada en la entidad el 13 de abril.
La actuación trasladada a la Procuraduría añade que, para la Delegada de Entidades de Aseguramiento en Salud, el proyecto de resolución contenía inconsistencias relacionadas con el debido proceso y con afirmaciones sobre una recomendación que no había sido dada en los términos consignados. Ese reparo se sumó a la observación de que el procedimiento aplicable debía seguir las reglas previstas para este tipo de medidas y a la conclusión de que la nueva intervención se apartó del trámite que correspondía agotar.
Con ese panorama, la Superintendencia decidió poner los hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. El caso quedó así elevado a una instancia de control que deberá revisar no solo las condiciones de Nueva EPS y la justificación de las medidas adoptadas, sino también la forma en que se surtió el procedimiento para ordenar una nueva intervención y designar al nuevo agente especial interventor.
El expediente deja una conclusión institucional de alto impacto. La situación de Nueva EPS seguía marcada por fallas en la atención, debilidades operativas, riesgos financieros y rezagos administrativos, pero al mismo tiempo la propia Supersalud puso bajo revisión el procedimiento seguido para adoptar decisiones sobre una EPS con más de 11,5 millones de afiliados. Esa combinación explica por qué el caso pasó del terreno interno de vigilancia al escrutinio de la Procuraduría y por qué su desenlace tendrá efectos que van más allá de una sola entidad aseguradora.
Descargue aquí todo el documento emitido por la Supersalud:
