La crisis financiera del sistema de salud volvió a instalarse en el centro de la agenda sectorial durante un evento convocado en Bogotá por la Defensoría del Pueblo sobre sostenibilidad, acceso y atención. En ese escenario, la entidad presentó nuevas alertas sobre el tamaño de la deuda entre EPS, IPS y proveedores, así como sobre el incremento del gasto de bolsillo que asumen los hogares en distintas regiones del país.
La discusión se dio en el marco del encuentro académico Sostenibilidad financiera de los sistemas de salud acceso y exceso, donde fueron revisadas las condiciones financieras del sistema colombiano y los estándares de derechos humanos en la atención. La jornada reunió a representantes del Gobierno nacional, organismos internacionales, academia, defensores regionales y organizaciones sociales.
En medio de ese panorama, la Defensoría del Pueblo planteó que el país debe avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud, basada en una nueva gobernanza, mayor transparencia en el manejo de los recursos, enfoque territorial, participación ciudadana vinculante, rendición de cuentas y responsabilidades claras para todos los actores, en especial del sector privado.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que “Más allá de medidas coyunturales, es imprescindible avanzar hacia una reforma estructural del sistema de salud. Esta transformación debe centrarse en una nueva gobernanza que garantice transparencia total en el manejo de los recursos, con un enfoque territorial que responda a las realidades locales. También es fundamental asegurar una participación ciudadana efectiva, vinculante y con capacidad decisoria, así como una rendición de cuentas clara por parte de todos los actores del sistema, en especial del sector privado”.
El sistema concentra altos recursos y mantiene brechas en la distribución
La información presentada por la Defensoría del Pueblo muestra que el sistema de salud colombiano mantiene un alto nivel de financiamiento. Más del 65 % de los recursos proviene de fuentes públicas y cerca del 86 % del gasto se concentra en el aseguramiento a través de la Unidad de Pago por Capitación. Aun así, la entidad reportó que persisten desequilibrios en la asignación de esos recursos entre los distintos regímenes.
Según los datos expuestos en el evento, el 51 % de los recursos se asigna al régimen contributivo, que cubre a una menor proporción de la población, mientras el 49 % corresponde al régimen subsidiado. Al mismo tiempo, el gasto en el Plan de Beneficios en Salud continuó en aumento y en 2025 superó los $88 billones, concentrando la mayor parte de los recursos del sistema.
La Defensoría también informó que en 2025 el país destinó cerca de $100 billones al sistema de salud, cifra equivalente al 8,2 % del PIB. Sobre ese punto, Iris Marín Ortiz manifestó que “En 2025, el país destinó cerca de $100 billones al sistema de salud, equivalente al 8,2 % del PIB, una de las proporciones más altas de la región que no se tradujo plenamente en acceso efectivo ni en calidad en la atención”.
En el balance financiero expuesto por la entidad quedaron resumidos varios de los principales datos del sistema
- Más del 65 % de los recursos proviene de fuentes públicas
- Cerca del 86 % del gasto se concentra en el aseguramiento por UPC
- El 51 % de los recursos va al régimen contributivo
- El 49 % se dirige al régimen subsidiado
- El Plan de Beneficios en Salud superó los $88 billones en 2025
- El gasto total en salud rondó los $100 billones, equivalentes al 8,2 % del PIB
¿Qué muestran las cifras sobre el gasto de bolsillo y la deuda entre actores del sistema?
Uno de los puntos más sensibles del informe presentado por la Defensoría fue el incremento del gasto de bolsillo de los hogares. Ese indicador pasó de 15,8 % en 2019 a 17,2 % en 2024, en un contexto marcado por demoras o negaciones en la atención, cobros indebidos por servicios ya autorizados y trámites que obligan a acudir a servicios particulares.
La entidad explicó que, debido al atasco de recursos, algunos proveedores privados han modificado las condiciones financieras de la operación, condicionando la entrega a pagos anticipados o reduciendo las cantidades cedidas en cada despacho. En ese escenario, el gasto directo de los usuarios se convierte en una carga adicional para los hogares que deben resolver barreras en la atención por fuera del flujo ordinario del sistema.
Las diferencias territoriales también fueron destacadas durante el evento. En 2024, Guaviare registró un gasto de bolsillo de 35,6 % y Arauca de 35,12 %, ambos por encima del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar el empobrecimiento de los hogares. Otras regiones se acercan a ese umbral, entre ellas Putumayo con 26,69 %, Tolima con 25,68 % y Huila con 25,09 %, de acuerdo con datos del Dane citados por la Defensoría.
En paralelo, la Defensoría reportó que la deuda entre EPS, IPS y proveedores se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación del sector. A corte de 2025, el monto total oscila entre $24 y $33 billones, según la fuente consultada, una diferencia que para la entidad refleja falta de transparencia y consistencia en la información financiera del sistema.
Las respuestas institucionales siguen enfocadas en medidas parciales
Del total estimado de la deuda, cerca del 73 % corresponde a obligaciones con IPS y prestadores privados, mientras el 27 % restante afecta a las IPS públicas. A ello se suman aproximadamente $3 billones adeudados a operadores logísticos y gestores farmacéuticos, lo que amplía el impacto sobre la cadena de atención.
Con base en datos de la Contraloría General de la República, la Defensoría indicó que Nueva EPS acumula más de $9 billones, equivalentes al 28 % del total. Además, cerca del 74 % de las deudas corresponde a EPS intervenidas. La entidad señaló que la falta de claridad en las cuentas genera efectos sobre la liquidez, la operación y la planeación del sistema.
En la revisión institucional también fueron mencionadas varias respuestas que, según la Defensoría, no han resuelto de fondo la situación financiera del sector
- Conceptos sobre el uso de la UPC para pagar deudas pasadas
- Auditorías forenses sin resultados concluyentes
- Estados contables pendientes, especialmente en Nueva EPS
- Embargos de cuentas maestras que agravan la crisis
Frente a ese panorama, la Defensoría informó que ha promovido acciones para aliviar la crisis de liquidez, entre ellas la intervención ante la Corte Constitucional para buscar nuevas fuentes de financiamiento y reducir brechas en la UPC, el apoyo a acciones judiciales para levantar embargos de cuentas maestras y los llamados a estabilizar el flujo de pagos en la cadena de atención.
En palabras de Iris Marín Ortiz, “la nueva gobernanza debe incluir mecanismos que reduzcan la incertidumbre en el sector desde el ente rector y, al mismo tiempo, dejar claramente definidas las responsabilidades y obligaciones de los actores privados en la garantía del derecho fundamental a la salud”.
En el evento participaron el relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palummo Lantes, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, representantes de la academia, expertos nacionales e internacionales, defensores regionales y organizaciones sociales. Este espacio fue articulado con la estrategia Decisiones Impostergables, con la que la Defensoría del Pueblo propone una reforma integral del sistema de salud con enfoque en sostenibilidad, equidad y transparencia.
Con este panorama, la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud queda abierta en un momento de alta exigencia para las instituciones y de seguimiento permanente por parte de los organismos de control. Lo expuesto durante el encuentro convocado por la Defensoría del Pueblo deja planteados varios retos para el sector, en medio de un escenario que sigue demandando decisiones, coordinación entre actores y mayor claridad en el manejo de los recursos.
