La frase se repite como consigna moral, no como argumento. Suele venir acompañada de una caricatura
cómoda: empresarios codiciosos versus pobres virtuosos; mercado perverso versus Estado redentor. El
problema es que esa narrativa, además de simplista, es falsa… y profundamente dañina para los sistemas
de salud.
La discusión Estado versus mercado está superada desde hace décadas en la teoría económica, en el
derecho público moderno y en la evidencia empírica. No existen sistemas de salud funcionales basados
en mercado puro, pero tampoco existen —ni han existido— sistemas de salud complejos,
tecnológicamente avanzados y financieramente sostenibles basados en Estado puro. Los mercados no
producen bienes públicos; el Estado, por sí solo, no tiene capacidad fiscal, técnica ni gerencial para
financiar, construir, mantener y renovar de manera permanente la infraestructura hospitalaria, la alta
tecnología diagnóstica, ni la investigación farmacéutica y de dispositivos médicos.
La empresa privada no es un accidente del sistema de salud: es una condición de posibilidad. Es el capital
privado el que asume riesgo, inmoviliza recursos, innova, importa tecnología, desarrolla medicamentos,
invierte en formación especializada y permite que la atención esté alineada con la medicina basada en la
evidencia y con estándares internacionales de calidad. Pretender que todo eso ocurra sin retorno de la
inversión es una fantasía ideológica, no una política pública.
¿Que las empresas buscan maximizar utilidades? Por supuesto. Esa es su naturaleza económica. No es
un pecado, es su razón de ser. Lo verdaderamente relevante no es demonizar la utilidad, sino regularla
inteligentemente: competencia real, reglas claras, tarifas transparentes, control efectivo y separación
nítida entre regulación, financiamiento y provisión. El problema no es la empresa privada; el problema
es el mal Estado.
La polarización moral entre “ricos corruptos” y “pobres impolutos” no mejora el acceso, no reduce listas
de espera, no baja costos ni salva una sola vida. Solo genera odio, inseguridad jurídica y desincentiva la
inversión, exactamente lo contrario de lo que requiere un sistema de salud que quiera ser moderno,
oportuno y de calidad.
Desde el punto de vista constitucional, además, el asunto es aún más claro: cuando el Estado permite —
y promueve— la participación de particulares en un servicio público esencial, no puede luego revertir
ese esquema hacia un monopolio estatal sin indemnizar plenamente a quienes, de manera lícita,
invirtieron su capital bajo reglas previamente definidas. La seguridad jurídica no es un favor al
empresario; es un pilar del Estado de derecho.
La respuesta no es menos mercado ni más Estado como dogma. La respuesta es tanto mercado como
sea posible y tanto Estado como sea necesario. Mercado para movilizar capital, innovación y
eficiencia. Estado para corregir fallas, garantizar acceso, regular, financiar solidariamente y preservar la
continuidad del servicio. Cuando los particulares recuperan su inversión, obtienen una utilidad legítima
y la sociedad recibe atención de calidad, eso no es inmoral: eso es utilidad social.
Negar esta realidad no es progresismo, es irresponsabilidad. Dejemos atrás las interminables discusiones
generadoras de odio y división y avancemos hacia un modelo mixto de economía social de mercado en
donde conviven entidades públicas, privadas y mixtas donde los pacientes serán los principales
ganadores.
Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.
