El Ministerio de Hacienda confirmó, en un documento oficial dirigido al Congreso de la República, que la información utilizada para sustentar el aval fiscal de la reforma a la salud aún se encuentra en proceso de verificación técnica y que su financiación dependerá de la aprobación de la ley de financiamiento que cursa actualmente en el Legislativo.
La comunicación, remitida a la senadora Nadia Blel Scaff (Oficio 47274/2025/OFI), ofrece una radiografía precisa del estado real de los análisis económicos que respaldan el proyecto de ley que busca transformar el sistema de salud colombiano. En ella, Hacienda reconoce que los datos base fueron proporcionados por el Ministerio de Salud, que presentan inconsistencias, ausencia de variables esenciales y requieren validaciones adicionales antes de consolidar cualquier proyección definitiva de gasto o financiamiento.
La revisión de datos sigue en curso: más de 2.000 millones de registros por procesar
El documento oficial, detalla que el Departamento de Tecnología del Ministerio de Hacienda adelanta un proceso de validación sobre 2.154 millones de registros suministrados por el Ministerio de Salud en 13 bases de datos adicionales.
Estos registros contienen información sobre suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ejecución de presupuestos máximos y reportes del sistema MIPRES entre los años 2019 y 2023.
Según la respuesta oficial, el volumen y complejidad de la información han obligado a Hacienda a reforzar su capacidad tecnológica y de almacenamiento para garantizar la consistencia y trazabilidad de los datos. El proceso continúa en ejecución y no existe, por ahora, una fecha límite para su conclusión.
El Ministerio señala que “la primera tarea es asegurar la consistencia de la información”, lo que implica una verificación cruzada entre fuentes para depurar inconsistencias detectadas en los archivos originales remitidos por el MSPS. De esta validación depende la posibilidad de generar una línea base sólida para la planeación fiscal de la reforma.
Hacienda no realizó un costeo propio: se basó en proyecciones del Ministerio de Salud
Uno de los apartados más relevantes del documento indica que el Ministerio de Hacienda no efectuó un costeo independiente de la reforma a la salud, sino que su análisis financiero se sustentó íntegramente en la información remitida por el Ministerio de Salud.
El texto precisa que “corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social realizar los estudios necesarios que respalden y validen los elementos planteados, como líder del sector y promotor de la propuesta”. De esta manera, Hacienda actúa como receptor y procesador de la información, sin modificar las proyecciones de gasto entregadas.
Con base en esos insumos, el Ministerio construyó un panel analítico de gasto a partir de los registros enviados por las EPS, que incluyó 11.478 procedimientos de mediana y alta complejidad (MyA) actualmente financiados con recursos de la UPC.
El análisis permitió identificar que los gastos de MyA crecieron a una tasa promedio anual del 4,66 %, mientras que los de Atención Primaria en Salud (APS) lo hicieron a un 3,46 %. Esto evidencia un mayor dinamismo del gasto en niveles hospitalarios y especializados, en comparación con los servicios preventivos o comunitarios.
Además, el documento señala una correlación directa entre ambos niveles de atención: por cada punto porcentual adicional en el gasto en APS, se registra un aumento de 1,17 puntos en los costos hospitalarios. Este hallazgo técnico subraya que, aunque la atención primaria es esencial para la sostenibilidad, su fortalecimiento no reducirá de manera inmediata la presión financiera sobre la red de alta complejidad.
Proyecciones de gasto y costos fiscales del proyecto
El Ministerio de Hacienda informó que las proyecciones de costo total de la reforma tomadas del modelo entregado por el MSPS ascienden a $112,6 billones en 2026, $114,8 billones en 2027 y $191,7 billones en 2036, expresadas en pesos constantes de 2025.
Estas cifras incluyen el gasto estimado para los componentes de atención primaria, mediana y alta complejidad, fortalecimiento institucional y operación del sistema.
El financiamiento estaría conformado por 18 fuentes de ingreso que nutrirían el Fondo Único de Salud administrado por la ADRES, entre ellas:
- Cotizaciones sociales (47%),
- Recursos del Sistema General de Participaciones (18%),
- Presupuesto General de la Nación (39%),
- Aportes de solidaridad, impuestos saludables y rentas cedidas en menor proporción.
El documento aclara que los valores fueron tomados sin ajustes por inflación ni variaciones del Producto Interno Bruto, por lo que los montos podrían modificarse una vez concluya la validación técnica de las bases de datos.
Disponibilidad de recursos condicionada a la ley de financiamiento
Uno de los puntos centrales del oficio es la afirmación de que la viabilidad financiera de la reforma está sujeta a la aprobación de la ley de financiamiento actualmente en trámite ante el Congreso.
Hacienda explica que “no es posible definir los techos sectoriales de gasto mientras no se conozca la composición final del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 y los resultados del trámite de la ley de financiamiento”.
El documento precisa que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2025) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), los techos fiscales disponibles solo pueden considerarse indicativos y no definitivos.
Esto significa que los recursos para la ejecución del proyecto no están garantizados de forma estructural y dependerán de los ingresos adicionales que se logren recaudar con la nueva reforma tributaria.
En el contexto macroeconómico, el gasto público total se proyecta en 24,2% del PIB para 2026, de los cuales 19,5% corresponden al gasto primario y 4,7% al pago de intereses de deuda. Este nivel de gasto deja poco margen para financiar nuevas iniciativas sin ampliar la base de ingresos.
Fortalecimiento institucional de la ADRES y retos operativos
El Ministerio de Hacienda también proyecta el costo de fortalecer la ADRES, entidad que, bajo la reforma, asumiría el rol de pagador único. Según las estimaciones, se requerirían aproximadamente $103.000 millones anuales entre 2026 y 2036, para un total de $1,03 billones en una década.
Estos recursos se destinarían a infraestructura tecnológica, desarrollo de software, talento humano especializado y mecanismos de auditoría y control, indispensables para garantizar la trazabilidad y transparencia del flujo de pagos.
El Ministerio enfatiza que el funcionamiento del modelo dependerá de la consolidación de un sistema de información robusto, que permita la interoperabilidad entre actores y la vigilancia permanente de los recursos, con el fin de prevenir fallas operativas o riesgos de concentración administrativa.
Etapa de validación técnica y planeación fiscal
El contenido del documento evidencia que el proceso actual del Ministerio de Hacienda se encuentra en fase de validación técnica y metodológica, más que en etapa de ejecución presupuestal.
El objetivo inmediato es construir una base de información coherente y verificable que permita definir los costos reales del proyecto, las fuentes de financiación y su impacto sobre el equilibrio fiscal del país.
En este contexto, el oficio señala que la información contenida en el aval fiscal no debe interpretarse como una autorización definitiva de gasto, sino como una proyección preliminar sujeta a revisión.
La claridad en la trazabilidad de los datos y la consistencia de las fuentes serán determinantes para establecer los escenarios finales de sostenibilidad del sistema.
Validación en curso y financiamiento pendiente
El documento oficial del Ministerio de Hacienda, confirma que la reforma a la salud se encuentra en una fase de análisis técnico y fiscal en desarrollo, y que su implementación dependerá de la definición de nuevas fuentes de ingreso a través de la ley de financiamiento.
Mientras continúan las labores de verificación de los más de 2.000 millones de registros, las cifras conocidas como los $112 billones estimados para 2026 siguen siendo referenciales y no definitivas.
La comunicación refleja un proceso de planeación interinstitucional en evolución, donde la precisión de los datos, la sostenibilidad fiscal y la consistencia metodológica serán los pilares para cualquier decisión sobre el futuro financiero del sistema de salud colombiano.
📄 Consulte aquí el documento oficial emitido por el Ministerio de Hacienda
