La Contraloría del Magdalena ha presentado una acción popular contra Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. De acuerdo con el ente gubernamental, los involucrados han desprotegido “el interés público y vulnerado el derecho a la salud de los afiliados, restando confianza en el adecuado manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Como resultado, no se está garantizando la prestación de servicios de salud, violando los derechos colectivos.
La acción popular denuncia que los problemas no son casos aislados, sino una situación recurrente y masiva que ha generado múltiples tutelas, derechos de petición, y quejas ante entes de control como la Superintendencia Nacional de Salud. Incluso, se indica que estos hechos han sido documentados en medios de comunicación y en investigaciones administrativas.
Con la acción popular, la Contraloría del Magdalena busca adelantar estrategias inmediatas para contrarrestar la situación de los afiliados a Nueva EPS. Entre ellas se destacan la identificación de quejas bajo una matriz detallada por temas y cronogramas de actividades con término máximo de 6 meses, la cual será una política pública departamental; la detección de las causas de quejas en todo el territorio nacional, con una matriz que integre cronogramas y acciones detalladas para dar solución efectiva; identificar el número de acreencias que tiene el Estado (desde la ADRES) en favor de Nueva EPS. Las acreencias deberán ser clasificadas por temas y bajo políticas de recaudo.
Otras de las estrategias que solicita la Contraloría con la acción popular contra Nueva EPS:
- Establecer en un término no superior a 6 meses, el valor individual y generalizado de todas las deudas, obligaciones dinerarias, incluyendo todas las facturas que tiene Nueva EPS con las Empresas Sociales del Estado y hospitales de Santa Marta y el departamento. La información tendrá que verse reflejada en los estados financieros de la entidad, las mesas de trabajo y la depuración de cartera.
- Establecer en un término no superior a 6 meses, el valor individual y generalizado de todas las deudas, obligaciones dinerarias y facturas que tiene Nueva EPS con todos sus proveedores, prestadores de servicios de salud, y en general, con toda su red de prestadores de servicios a nivel país.
- Cumplir en un término no mayor a 6 meses, cada una de las órdenes dadas al agente interventor de Nueva EPS para resolver la situación financiera de la entidad.
A través de la acción popular, se solicita al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud presentar un plan de reorganización institucional para Nueva EPS. El propósito de la medida es evitar que la entidad del aseguramiento pueda superar las causales de intervención y “no entre en proceso de liquidación forzosa administrativa”. Bajo esta perspectiva, tendrá que radicarse ante el Congreso de la República un proyecto de ley que presente un análisis y posibles soluciones para hacer el saneamiento financiaro, sin comprometer la salvaguarda de la entidad en el sistema de salud. Dicho proyecto de ley deberá acogerse a los cambios en el modelo de salud que se realicen en el país.
“La Superintendencia Nacional de Salud indicó en la Resolución 2024320030015020-6 del 15 de noviembre de 2024 sobre el aumento en las tasas de reclamaciones acumuladas en el último año, tanto para el régimen subsidiado como para el régimen contributivo. En el subsidiado, las reclamaciones subieron un 12,88% mientras que en el contributivo, el aumento fue del 26.53%”, resalta la Contraloría del Magdalena en la acción popular presentada contra Nueva EPS.
De igual manera, la Contraloría señala que, “en la medida de no salir adelante financieramente dicha EPS, tendrá que ser liquidada, lo cual implicaría el traslado de 10,89 millones de afiliados (de ellos, 4,7 millones estaban en el plan contributivo y 6,1 millones en el subsidiado”. Si la aseguradora se liquida, probablemente se declararía en desequilibrio financiero, “dejando un cúmulo de deudas insolutas a la red de prestadores”, como en otros casos que ya se han presentado.
¿Cuánto adeuda Nueva EPS a los hospitales de Magdalena?
La información provista por la Contraloría muestra que la deuda asciende a $37.526.219.229. A la ESE Hospital Julio Méndez Barreneche le debe más de $9 mil millones; al ESE Hospital San Rafael, cerca de $6.500 millones; al ESE Hospital Fray Luis de León, $4.200 millones.
Cabe recordar que, la medida de intervención a Nueva EPS está vigente desde el 3 de abril de 2024 al 3 de abril de 2025. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias de avances significativos, lo que, para la Contraloría del Magdalena, también refleja un ejercicio deficiente de la Superintendencia Nacional de Salud.
Esta es la acción popular presentada por la Contraloría del Magdalena:
