La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) reafirmó su compromiso con la defensa del derecho a la salud de los colombianos mediante un estricto control y vigilancia a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). En cumplimiento de la instrucción del presidente de la República, el superintendente Giovanny Rubiano García ha asegurado que la lucha contra la corrupción en el sector salud es una prioridad de su administración.
Desde el inicio de su gestión, Rubiano ha sido enfático en la protección de los recursos públicos destinados a la salud. “No vamos a permitir que los recursos del sistema de salud sean desviados y usados para fines distintos a la protección y defensa del derecho a la salud de los colombianos”, manifestó el funcionario.
Caso Coosalud: intervención y hallazgos de la Supersalud
Como parte de sus funciones de inspección y vigilancia, la Superintendencia inició una auditoría a la EPS Coosalud el 25 de septiembre de 2024, luego de denuncias sobre presuntas irregularidades financieras y administrativas. En noviembre del mismo año, tras analizar los hallazgos, se ordenó la intervención forzosa administrativa contra la EPS debido a deficiencias que ponían en riesgo la seguridad de sus afiliados.
Uno de los descubrimientos más alarmantes fue la posible pérdida de más de 200 mil millones de pesos por parte de Coosalud. Según el informe del equipo interventor, en diciembre de 2022 la EPS actuó como garante de un contrato de crédito con el Banco GNB Sudameris S.A. para la empresa COOSALUD INVERSA S.A. En noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del pago y activó las cláusulas de aceleración, lo que derivó en la transferencia de $206 mil millones desde fideicomisos asociados a Coosalud para cubrir la deuda.
El informe también evidenció que el representante legal de Coosalud EPS, Jaime González, ocupaba simultáneamente la representación legal de la empresa deudora, lo que plantea un posible conflicto de intereses. Ante estas irregularidades, la Supersalud remitió la documentación a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría para que se adelanten las acciones legales correspondientes.
El superintendente se pronunció sobre la situación, destacando que el informe de hallazgos plantea serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos en Coosalud y una presunta desviación de fondos que debe ser investigada y sancionada.
Caso Fomag: supervisión y acciones correctivas
En paralelo, la Superintendencia ha llevado a cabo un proceso de vigilancia a la Fiduprevisora y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsables de la salud de los docentes en Colombia. Entre las acciones implementadas se destacan:
- Citación a la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional (abril 2024): Para evaluar el proceso de terminación de contratos, flujo de recursos y el nuevo modelo de atención.
- Auditorías integrales (mayo-diciembre 2024): Realizadas en distintas regionales del país ante la negativa de la Fiduprevisora a entregar información clave.
- Participación en mesas técnicas con el Ministerio de Educación: Para garantizar la prestación de servicios de salud a los docentes y sus familias.
- Expedición de la Resolución 2024500000014420-6 (octubre 2024): Para impartir órdenes de cumplimiento inmediato a los actores del SGSSS en el departamento del Chocó.
- Inspección en La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda y Caldas: Evaluando la entrega de medicamentos y asegurando que los proveedores cumplan con la normatividad vigente.
- Plan de auditorías 2025: Continuación del monitoreo a la distribución de medicamentos y a la garantía de servicios para la población afiliada al magisterio.
Compromiso del Gobierno con la transparencia y el acceso a la salud
Estas acciones reflejan la determinación del Gobierno Nacional y la Supersalud por combatir la corrupción y fortalecer el sistema de salud. La vigilancia rigurosa busca garantizar que los recursos sean administrados de manera eficiente y que los colombianos reciban la atención médica que merecen.
El superintendente Rubiano reiteró que la Superintendencia continuará ejerciendo sus facultades legales para supervisar el uso de los recursos, sancionar a quienes incumplan las normativas y garantizar la correcta prestación de servicios de salud. “Nuestro compromiso con la defensa del derecho a la salud de los colombianos es inalienable”, enfatizó.
Con estas medidas, la Supersalud avanza en la consolidación de un sistema de salud más transparente, equitativo y enfocado en el bienestar de los ciudadanos. La lucha contra la corrupción en el sector salud sigue siendo una prioridad en la agenda gubernamental, con el objetivo de construir un modelo de atención que garantice el acceso a servicios médicos de calidad para todos los colombianos.
