Ante el aumento sostenido de barreras para acceder a medicamentos y tecnologías en salud, la Superintendencia Nacional de Salud puso en marcha un Plan de Choque Nacional de nueve meses que busca intervenir directamente las causas administrativas, logísticas y financieras que afectan la oportunidad en la entrega de estos insumos.
La estrategia, que se ejecutará desde el 1 de diciembre de 2025, obliga a todas las EPS intervenidas y no intervenidas, IPS, gestores farmacéuticos y secretarías de salud a articularse bajo un mando técnico y sancionatorio unificado. El objetivo es garantizar el derecho fundamental a la salud mediante un sistema de inspección, vigilancia y control más estricto sobre el flujo de recursos, la gestión de PQR y la continuidad del acceso a medicamentos. Con acciones inmediatas en territorio, auditorías integrales y medidas sancionatorias, el plan pretende corregir fallas estructurales que impactan directamente a los usuarios.
Un Plan de Choque para garantizar medicamentos en Colombia
La Superintendencia Nacional de Salud activó el Plan de Choque para garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la entrega oportuna y efectiva de medicamentos, una medida extraordinaria frente al incremento de peticiones, quejas y reclamos (PQR) por demoras y barreras de acceso.
La entidad sostuvo que la estrategia nacional tiene una duración inicial de nueve meses, con despliegue progresivo en el territorio y participación obligatoria de EPS, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales. La medida se fundamenta en tres ejes: protección inmediata del usuario, vigilancia estricta del uso de recursos y corrección acelerada de fallas en la entrega de tecnologías en salud.
Objetivos del Plan de Choque: proteger el derecho al acceso oportuno
El documento oficial detalla cuatro objetivos concretos:
- “Identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos.”
- “Garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas, como expresión concreta del derecho fundamental a la salud.”
- “Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos.”
- “Reducir drásticamente los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las PQR relacionadas con medicamentos.”
Estos frentes buscan asegurar que los recursos públicos sean usados de manera exclusiva y adecuada, evitando desviaciones que comprometan la prestación del servicio.
Acciones inmediatas en territorio: auditorías y control del flujo de recursos
La estrategia contempla visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos, acompañadas de requerimientos con plazos estrictos y seguimiento diario.
Entre las acciones inmediatas destacan:
- Mesas técnicas obligatorias para resolver controversias entre actores.
- Revisión del flujo financiero, con énfasis en glosas injustificadas, retrasos en pagos y prácticas que puedan afectar la liquidez necesaria para la adquisición y dispensación de medicamentos.
- Activación prioritaria de la conciliación jurisdiccional, con el fin de recuperar cartera y evitar que la falta de pago entre entidades se traduzca en afectaciones directas para los usuarios.
Estas medidas buscan intervenir el origen de los retrasos y asegurar la disponibilidad permanente de medicamentos en el sistema.
Fase de seguimiento: sanciones inmediatas y control reforzado
La Superintendencia informó que mantendrá monitoreo en tiempo real sobre indicadores de desempeño para verificar avances y detectar incumplimientos.
La entidad aplicará:
- Medidas cautelares,
- Órdenes administrativas,
- Sanciones,
- Y, de ser necesario, extensión o prórroga de intervenciones cuando se identifique riesgo sistémico o manejo irregular de recursos públicos.
Este enfoque busca garantizar que las EPS y demás actores ajusten sus operaciones con celeridad y transparencia, protegiendo la continuidad en la entrega de medicamentos.
Evaluación final y responsabilidades institucionales
Al finalizar los nueve meses, la Superintendencia realizará una evaluación integral del Plan, que incluirá:
- Verificación independiente del impacto en los usuarios,
- Revisión del cierre definitivo de las PQR priorizadas,
- Y delimitación de responsabilidades individuales e institucionales en casos de incumplimiento.
El documento concluye reafirmando la misión constitucional de la entidad: proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar el uso transparente de los recursos y asegurar que “ningún colombiano vea vulnerado su acceso oportuno a los medicamentos que requiere para preservar su vida y su dignidad.”
El Plan de Choque representa una intervención directa sobre los puntos críticos del sistema de salud relacionados con la entrega de medicamentos, articulando medidas de auditoría, control financiero, sanciones y seguimiento intensivo. Su implementación durante los próximos nueve meses definirá el impacto inmediato en la reducción de PQR, la regularización del suministro y la transparencia del uso de los recursos públicos. La Superintendencia reiteró un mensaje central: “El derecho a la salud no admite demoras. Los recursos del sistema son sagrados y su uso será vigilado con rigor.”
