$60 billones en manos de EPS cuestionadas: la advertencia de MinSalud sobre la ponencia alternativa

La ponencia alternativa de la reforma a la salud, radicada esta semana en el Congreso de la República, abrió un nuevo frente de debate en el sistema sanitario. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el documento comprometería más de $60 billones de pesos de los impuestos de los colombianos en los próximos cinco años para sostener a las EPS, entidades que actualmente enfrentan problemas de liquidez y una deuda hospitalaria superior a los $24 billones. Para el Gobierno, la propuesta consolida la intermediación financiera, limita la rectoría estatal y debilita la red pública hospitalaria, en aparente contradicción con la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la Sentencia T-760 de 2008, que consagran la salud como derecho fundamental.

EPS: más poder en medio de la insolvencia

De acuerdo con el Ministerio, la ponencia mantiene a las EPS como responsables exclusivas del manejo de los recursos públicos de la salud. Esta decisión se produce en un contexto en el que varias entidades afrontan insolvencia y deudas crecientes con hospitales y clínicas.

El Gobierno cuestiona que se preserve un esquema en el cual las EPS definen a quién pagar, cuánto y cuándo, sin auditorías rigurosas por parte de la ADRES. En su criterio, este modelo prolongaría la crisis de liquidez de los prestadores y pondría en riesgo la continuidad de la atención en varias regiones.

Consejo Nacional de Salud: debilitamiento de la rectoría estatal

El Ministerio también advirtió que la ponencia entrega facultades al Consejo Nacional de Salud en temas como el Plan de Beneficios en Salud (PBS), la incorporación de tecnologías y el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Desde la perspectiva oficial, este cambio afectaría la autoridad constitucional del Ministerio de Salud y fragmentaría la gobernanza sanitaria. Analistas en políticas públicas señalan que este punto abre un debate sobre la autonomía técnica del Estado frente a órganos de carácter consultivo.

La UPC: de prima de aseguramiento a patrimonio privado

Otro de los cuestionamientos del Ministerio se centra en la redefinición de la UPC. El documento plantea que, además de financiar servicios y tecnologías en salud, la UPC podría cubrir costos administrativos y mecanismos de fortalecimiento patrimonial de las EPS.

Según el Gobierno, esta modificación desviaría el propósito de la UPC, al priorizar la estabilidad financiera de los aseguradores privados por encima del acceso directo de los ciudadanos a los servicios de salud.

Validación internacional: pérdida de autonomía técnica

El articulado propone que la metodología para calcular la UPC sea definida por universidades colombianas, pero validada por una institución extranjera.

Para el Ministerio, esta medida implicaría una pérdida de autonomía técnica en un tema estratégico para la sostenibilidad del sistema. Expertos académicos coinciden en que Colombia ha desarrollado capacidad suficiente para este tipo de cálculos, lo que genera debate sobre la pertinencia de dicha validación internacional.

Riesgo fiscal: una chequera abierta para las EPS

La ponencia contempla que cualquier exceso de gasto en UPC o presupuestos máximos se registre como pasivo de la ADRES y sea cubierto por el Ministerio de Hacienda en un plazo máximo de 30 días.

De acuerdo con el Ministerio, este esquema equivaldría a una “chequera ilimitada” para las EPS, pues no exige auditorías previas. Para el Gobierno, esta medida trasladaría directamente al erario público eventuales sobrecostos, con riesgos para la sostenibilidad fiscal del sistema de salud.

Derechos laborales y subsidios sociales en retroceso

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que la ponencia elimina el régimen especial para el talento humano en salud aprobado en la Cámara de Representantes. “La ponencia alternativa elimina totalmente la posibilidad de que más de un millón de mujeres y hombres que han sacrificado su vida dándonos salud puedan tener un régimen especial para salir de la precariedad laboral. Se les niega la opción de un salario justo, con equidad, respeto y permanencia en el sector”, afirmó.

Asimismo, el Ministerio indicó que se suprime el subsidio de maternidad para más de 300 mil mujeres no cotizantes, lo que afectaría a madres en situación de vulnerabilidad y a sus hijos recién nacidos.

Atención primaria y hospitales públicos: el eslabón más débil

La ponencia plantea que la financiación de la Atención Primaria en Salud (APS) y los planes de intervención colectiva recaiga en el Gobierno nacional, mientras que las EPS mantienen su actual esquema financiero.

El ministro Jaramillo hizo un llamado a los mandatarios locales:

“La Cámara de Representantes ya por dos ocasiones ha aprobado el fortalecimiento financiero de los hospitales, la infraestructura y la dotación. La ponencia alternativa presentada en la Comisión Séptima del Senado elimina totalmente esas posibilidades. Recurro a ustedes, alcaldes y alcaldesas, que han visto los recursos llegar a sus territorios, a que defiendan lo aprobado en la Cámara para apoyar a más de mil municipios que hoy necesitan el respaldo del Congreso”.

En paralelo, se eliminaría la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, lo que según el Ministerio limitaría la capacidad de sostenimiento de hospitales departamentales y municipales, en especial en zonas apartadas.

Autonomía territorial en riesgo

La propuesta también otorga a las EPS la organización de las redes de prestadores de servicios de salud, reduciendo la participación de las autoridades sanitarias departamentales y municipales.

El Gobierno advierte que esta medida podría restar autonomía territorial y priorizar intereses financieros sobre las necesidades de los pacientes. Además, se contempla la eliminación de las unidades zonales de planeación y evaluación en salud, que habían sido creadas para fortalecer la gestión en municipios de mayor dispersión poblacional.

Un sistema desigual que desconoce la jurisprudencia

El Ministerio también señaló que la ponencia mantiene la división entre regímenes contributivo y subsidiado, lo que contradice la Sentencia T-760 de 2008, que ordenó garantizar igualdad de acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con esta postura, la medida perpetuaría desigualdades en la atención y limitaría el avance hacia un sistema más equitativo y universal.

Minsalud advierte: la propuesta fortalece a las EPS y debilita al sistema de salud

En su pronunciamiento, el ministro Jaramillo concluyó:

“La ponencia alternativa pretende, en vez de mejorar el servicio, entregarle 60 billones en los próximos cinco años a las EPS para que solucionen sus problemas y sus deudas, dejando a los colombianos en una situación de abandono”.

Con estas observaciones, el Ministerio de Salud considera que la ponencia alternativa representa un retroceso en temas de fortalecimiento de la red pública, equidad y sostenibilidad fiscal. El Congreso de la República será el escenario donde se defina si el país avanza hacia un modelo más equitativo o si se mantiene un esquema que, según el Gobierno, podría concentrar recursos sin los controles suficientes.