Reforma a la salud: pacientes y defensores exigen ajustes urgentes en audiencias del Congreso

La audiencia pública del 22 de abril de la reforma a la salud evidenció preocupaciones clave frente a barreras de acceso, participación ciudadana y derechos fundamentales. En un escenario de intensos debates y alta expectativa, la audiencia, liderada por la senadora Norma Hurtado, ha destapado un abanico de opiniones donde los pacientes emergen como la voz central. ¿Qué implicaciones reales tendrá esta reforma para los ciudadanos?

Participación ciudadana y alertas por vulneraciones de derechos

La Defensoría del Pueblo ha jugado un papel crucial en este debate, no solo evidenciando las falencias del sistema actual, sino también proponiendo soluciones concretas. Delegados de la Defensoría, presentaron un análisis detallado de las encuestas sobre percepción del sistema de salud, mostrando una preocupante tendencia decreciente en la satisfacción de los usuarios.  

Estudios de la OCDE e Ipsos revelan que Colombia registra una de las tasas de satisfacción más bajas y una de las percepciones más altas de inequidad en el acceso a la salud a nivel global. Además, un sondeo de opinión realizado entre febrero de 2023 y 2025 muestra un descenso progresivo en la aprobación de la reforma, lo que refleja la complejidad y la polarización del debate.  

La Defensoría enfatiza que, más allá de la reforma, se requieren transformaciones urgentes para mejorar el acceso, la calidad y la oportunidad en la atención, especialmente para las poblaciones vulnerables. En este sentido, la entidad ha presentado una serie de propuestas específicas dentro del proyecto de ley, centradas en la atención primaria, la gestión de recursos y la protección de los derechos de los pacientes.

Riesgos institucionales y financieros en el nuevo modelo

Otro punto crítico señalado por la entidad fue la falta de mecanismos de vigilancia y control independientes en el nuevo modelo. En opinión de la Defensoría, la reforma debería incluir una arquitectura institucional robusta para garantizar transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Esto implica reforzar organismos como la Superintendencia Nacional de Salud y crear nuevas figuras de contraloría social con participación activa de usuarios y comunidades.

Desde una perspectiva de financiamiento, el análisis técnico indicó que no existen estimaciones claras de los costos asociados a la transición, ni una proyección del impacto presupuestal del nuevo sistema. Se urgió al Congreso a exigir al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud que presenten estudios de impacto fiscal, así como escenarios de sostenibilidad financiera a corto, mediano y largo plazo. También se solicitó contemplar mecanismos de pago oportuno y suficiente a prestadores y proveedores, dado que la incertidumbre en esta materia podría generar desabastecimientos y afectaciones en la red de servicios.

En cuanto al diseño del nuevo sistema, la Defensoría señaló que la propuesta debe reconocer explícitamente los estándares de calidad, accesibilidad y oportunidad en la atención. Esto implica definir tiempos máximos de espera, garantizar atención intercultural y diferencial (especialmente en zonas rurales y para poblaciones étnicas), y establecer rutas integrales de atención con base en evidencia y consenso técnico. “La ciudadanía no puede perder su capacidad de exigir calidad en el servicio”,

Finalmente, se recomendó fortalecer los espacios de participación ciudadana y de concertación sectorial. La Defensoría propuso que las comunidades organizadas, los consejos territoriales de salud, los comités de ética hospitalaria y las veedurías tengan un rol activo y vinculante en el nuevo sistema. Esta inclusión se ve como una condición indispensable para construir legitimidad social y evitar que la reforma se perciba como impuesta desde el centro del poder político.

En síntesis, la Defensoría del Pueblo valoró la iniciativa de transformar el sistema de salud, pero advirtió que cualquier intento de reforma debe garantizar en los hechos una mejora sustancial en el goce efectivo del derecho a la salud. Para ello, insistió en que la norma debe corregir los vacíos regulatorios actuales, asegurar condiciones institucionales y financieras mínimas, y proteger los avances históricos que han permitido expandir la cobertura en las últimas décadas.

Voces de los pacientes en la audiencia pública de la reforma a la salud

La audiencia pública sobre la reforma a la salud en Colombia se ha destacado por dar un lugar central a las voces de los pacientes y usuarios del sistema de salud. Sus intervenciones han revelado una serie de preocupaciones y expectativas clave sobre cómo la reforma podría afectar sus vidas y el acceso a la atención médica.

Andrea Carolina Amado Castro, del Movimiento Nacional por la Salud y la Vida, hizo un llamado a garantizar una participación real y efectiva de los usuarios en los Consejos de Salud. Enfatizó la necesidad de descentralizar el diálogo y escuchar las voces de las comunidades en los diferentes territorios del país, no solo en las grandes ciudades. Los pacientes desean que su participación no sea simplemente simbólica, sino que tenga incidencia real en la toma de decisiones y en la definición de las políticas de salud.  

La falta de claridad sobre el proceso de transición hacia el nuevo modelo de salud es otra de las grandes preocupaciones de los pacientes. Varios de ellos han manifestado su inquietud sobre qué ocurrirá con sus tratamientos en curso, cuál será el rol de las entidades y profesionales de la salud durante la transición y cómo se garantizará la continuidad de la atención. Les preocupa que el desmonte del sistema actual, sin una hoja de ruta clara, ponga en riesgo su salud y su vida.  

Acceso a medicamentos: Una problemática persistente

El acceso a medicamentos es un tema que ha surgido reiteradamente en las intervenciones de los pacientes. La Defensoría del Pueblo, en su informe, también destacó el aumento de las quejas asociadas a problemas de acceso a medicamentos. Los pacientes temen que la reforma no resuelva esta problemática y que, por el contrario, se agrave.

A pesar de las preocupaciones y los temores, los pacientes han manifestado su disposición al diálogo y a la construcción conjunta de un sistema de salud que beneficie a todos. Han instado a los diferentes actores a trabajar unidos, dejando de lado los intereses políticos, para encontrar soluciones que garanticen el derecho fundamental a la salud y mejoren la calidad de vida de los colombianos.

La audiencia pública culminó con un llamado conjunto a que el Congreso no acelere el trámite de la reforma sin asegurar la participación plena de los distintos sectores involucrados. Diversos actores coincidieron en que este es un momento histórico para corregir los errores estructurales del sistema actual, pero que ello requiere una formulación normativa cuidadosa, basada en la experiencia del país, la evidencia científica y la voz de los usuarios.

En las próximas semanas, la Comisión Séptima continuará la discusión de los proyectos de ley, con miras a su votación en primer debate. Se espera que nuevos actores institucionales como el Ministerio de Salud, la ADRES, y gremios médicos sean convocados para emitir conceptos técnicos que orienten el articulado final.