A esta hora, la Comisión Primera del Senado de la República desarrolla una audiencia pública sobre dos proyectos de reforma a la salud radicados: PL-005 de 2023, iniciativa de Cambio Radical que modificaría ciertos elementos del sistema de salud nacional, y, el PL-086 de 2023, del Centro Democrático acumulado para modificar la Ley 1751 de 2015 – Ley Estatutaria en Salud.
En este encuentro, la senadora Paloma Valencia, una de las coordinadoras ponentes, aseguró que el debate de la reforma es uno de los más importantes del país. “Es una reforma estatutaria porque está alterando derechos fundamentales de los colombianos y que simplemente, por conveniencia política decidieron meterlas por comisiones séptimas, dado que allá tenían las mayorías”, enfatizó a título personal.
Sin embargo, la propuesta no es compartida por todos los sectores. A raíz de ello, varios partidos políticos tomaron la decisión de avanzar con una “verdadera reforma estatutaria“, como indicó la senadora Valencia, para mejorar el sistema de salud e “impedir su destrucción”.
En ese sentido, el proyecto del Centro Democrático reestablece el derecho a elegir el asegurador en salud, público, privado o mixto; establece una UPC diferencial por condiciones de salud y geografía; establece un piso mínimo de salarios para el personal sanitario.
El senador Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical y segundo coordinador ponente hizo mención a la Corte Constitucional, y a la definición que ha establecido para la salud en Colombia: por una parte, se trata de un derecho fundamental para la población y por otra, es un servicio público a cargo del Estado. Por lo anterior, se requiere un análisis exhaustivo sobre las problemáticas que requieren ser corregidas.
El exministro de Salud, Dr. Fernado Ruiz fue una de las voces participantes en la audiencia pública. En su concepto, la Comisión Primera es el escenario natural para el análisis y la discusión de la reforma a la salud, dados los alcances que implicaría para el país.
Ruiz, uno de los más férreos opositores de la iniciativa del gobierno Petro, los resultados de la reforma no serían tan positivos como se ha asegurado. Antes de que la transformación al sistema sea aprobada, el exministro señaló que deberían considerarse ciertos indicadores -tomando como referentes mediciones internacionales como las de la OCDE-.
- En los últimos 30 años, el país ha aumentado 7 años la expectativa de vida de los colombianos. Se pasó de 67 a casi los 75 años de vida, expectativa que es de 81 años entre las mujeres que habitan en el territorio nacional.
- Entre los países latinoamericanos, Colombia es el país con la menor tasa de mortalidad general. “Colombia, a pesar de tener una alta incidencia de morbilidad por diabetes es el segundo país del continente con menor tasa de mortalidad por esta enfermedad”.
Para el exministro Fernando Ruiz, los indicadores que posicionan al país como referente en la región es producto de las decisiones tomadas desde 1993, año en el que se instauró el sistema de salud actual y que se resumen así: la búsqueda de un sistema de salud universal; la búsqueda de un sistema equitativo e integrar lo público y lo privado, bajo una coordinación guiada por un modelo de aseguramiento en el que las condiciones fueran iguales.
“Esto es lo que los colombianos pueden perder en la eventualidad de una reforma a la salud desenfocada, mal orientada, que nos puede llevar a una pérdida muy grande de bienestar en la sociedad colombiana”.
Para Ruiz, la reforma a la salud tiene indiscutiblemente un carácter estatutario. De acuerdo con un análisis elaborado por distintos funcionarios y exfuncionarios del sector salud, la posible regresividad es uno de los elementos perjudiciales del proyecto de ley del Gobierno Nacional; además, en sus palabras, “diluye completamente el artículo 48 de la Constitución Nacional al derecho irrenunciable a la seguridad social y lo reemplaza por un ‘modelo de aseguramiento social’, un eufemismo porque es el aseguramiento en el que ya estamos”.
Asimismo expresó que, a nivel técnico, en el modelo de aseguramiento social, el Estado en conjunto con el sector privado asume o entrega una prima destinada al aseguramiento de la población, de manera vinculante y obligatoria. Para los colombianos, la pérdida del derecho a la seguridad social representa la dilución del modelo de responsabilidad del Estado frente al ciudadano, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud.
En consecuencia, se produce una redistribución confusa de las responsabilidades sectoriales, eliminando la representación del ciudadano para poder acceder a los servicios de salud. “Se elimina el aseguramiento con la integración de las funciones de gestión de riesgo y gestión financiera, naturales e indivisibles para este ejercicio”, apuntó el Dr. Ruiz.
Adicionalmente, señaló que el proyecto de reforma a la salud del gobierno, “desarticula todo el modelo de prestación de servicios a una situación de absoluta nubosidad”, dejando en la deriva a la población y congestionando a los servicios privados, mismos que son los de mayor prestigio entre los colombianos.
Por otra parte, el exministro también considera negativa la adición de funciones a la ADRES, entidad que en su criterio “no tiene la capacidad técnica, administrativa, ni logística para entregar los recursos a los proveedores de servicios que hay en el país”.
“Les pido con todo el corazón, desde una persona que tuvo que enfrentar con una pandemia, que no permitamos que esta sociedad y el país decaiga hasta el extremo de perder la política social más importante y que tiene un compromiso completo con la ciudadanía como el sistema de salud”, culminó su intervención.
*Cubrimiento de la audiencia pública en desarrollo.
