La aprobación de la One Big Beautiful Bill por parte de la administración Trump marca un giro drástico en la financiación de la salud pública en Estados Unidos. La nueva ley implica recortes superiores a 550 millones de dólares en fondos federales destinados a programas de salud y preparación ante pandemias, con un impacto proyectado de 1 billón de dólares menos para Medicaid en la próxima década, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Las consecuencias ya son visibles: estados como Texas cancelaron clínicas comunitarias gratuitas, mientras que Nueva York, California y Nuevo México anticipan pérdidas multimillonarias que comprometerán la cobertura de millones de personas y la continuidad de servicios esenciales de prevención, salud mental y atención a poblaciones vulnerables.
El impacto inmediato: cancelación de programas esenciales
En Texas, uno de los estados más afectados, la cancelación de la Operación Salud Fronteriza una clínica gratuita de cinco días en el Valle del Río Grande dejó a miles de residentes sin acceso a servicios básicos. Durante más de 25 años, esta feria de salud había sido un recurso clave para la población latina sin seguro médico.
“Algunas personas incluso acampan afuera para asegurar su atención. Este evento es muy importante para nuestra comunidad”, declaró Dairen Sarmiento Rangel, directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Hidalgo. La decisión refleja cómo los recortes federales afectan directamente a poblaciones vulnerables y limitan la capacidad de respuesta en zonas con alta carga social y sanitaria.
Medicaid bajo presión: estimaciones de reducción a largo plazo
El mayor golpe presupuestario se proyecta sobre Medicaid. Un análisis de KFF
indica que Texas podría perder hasta 39.000 millones de dólares en los próximos 10 años debido a nuevas barreras de inscripción y revisiones más estrictas de elegibilidad.
La CBO estima que, en conjunto, la One Big Beautiful Bill reducirá el gasto federal en Medicaid en 1 billón de dólares en una década, lo que resultará en que más de 7,5 millones de personas pierdan cobertura. Estas medidas, justificadas por la administración como un mecanismo para “eliminar el fraude y garantizar la sostenibilidad del sistema”, trasladan a los estados la responsabilidad financiera en un contexto de ingresos fiscales decrecientes.
Respuestas estatales: entre la contención y la innovación
Frente a este panorama, los estados han optado por estrategias diferenciadas:
- Hawái aprobó un paquete de 50 millones de dólares en subvenciones para organizaciones de salud y servicios sociales, buscando mitigar los recortes federales y garantizar continuidad en atención comunitaria.
- Delaware canceló proyectos de infraestructura pública para priorizar el gasto social, luego de la pérdida de 38 millones de dólares en fondos federales.
- Nuevo México, donde el 10% de la población depende de Medicaid y CHIP, creó un fondo fiduciario bipartidista para sostener el financiamiento del programa.
- Colorado autorizó el uso de fondos estatales de Medicaid en clínicas de Planned Parenthood, tras la prohibición federal de financiar servicios reproductivos.
- Luisiana destinó 7,5 millones de dólares a universidades públicas para compensar la pérdida de fondos de investigación en salud.
Estas acciones muestran una combinación de medidas preventivas, redistribución de recursos y litigios legales contra el gobierno federal, en un esfuerzo por sostener la cobertura y la infraestructura de salud.
Salud pública en riesgo: programas afectados más allá de Medicaid
El impacto no se limita a Medicaid. La administración Trump también busca recuperar 11.000 millones de dólares en fondos federales de pandemia ya ejecutados por los estados y ha reducido cerca de 1.000 millones de dólares en subvenciones para salud mental en escuelas. Además, se suspendieron recursos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
que apoyaban a más de 90 universidades públicas en investigación biomédica.
Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en KFF, advirtió que “los estados enfrentan no solo recortes masivos a Medicaid, sino también reducciones más pequeñas pero significativas en salud pública, que debilitan la capacidad de vigilancia epidemiológica y respuesta ante brotes”.
Tensiones políticas y sociales
Los gobernadores demócratas han sido los principales críticos de la ley. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul denunció que los recortes equivalen a 13.000 millones de dólares anuales para el sistema estatal de salud, calificando la medida como “un ataque directo a la red de protección social”.
En California, legisladores advirtieron que programas de salud reproductiva y preventiva se encuentran en riesgo inminente. El congresista Gregg Hart subrayó que “el estado no puede compensar con su presupuesto todos los recortes federales draconianos”.
Mientras tanto, la administración federal sostiene que las medidas buscan proteger a Medicaid de abusos y “dirigir recursos a los verdaderamente vulnerables”, incluyendo la aplicación de requisitos laborales para beneficiarios de la expansión bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
Proyecciones y escenarios futuros
Los recortes a Medicaid entrarán en vigor en 2026, después de las elecciones legislativas de medio término, aunque varios programas ya experimentan recortes. La expectativa es que más estados se vean obligados a:
- Revertir expansiones de Medicaid.
- Incrementar impuestos estatales para sostener servicios básicos.
- Recortar programas de salud preventiva, mental y reproductiva.
- Reducir inversión en investigación biomédica y universidades públicas.
El equilibrio presupuestario anual obligatorio en la mayoría de estados impone decisiones inmediatas que, de no acompañarse de mecanismos compensatorios, podrían generar una ola de desfinanciamiento y un retroceso en la cobertura sanitaria.
Un cambio de paradigma en la financiación de la salud en EE. UU.
La One Big Beautiful Bill redefine la relación fiscal entre el gobierno federal y los estados en materia de salud, trasladando costos a niveles locales y poniendo en riesgo la cobertura de millones de personas. La cancelación de programas emblemáticos como la Operación Salud Fronteriza ilustra el costo social de estas decisiones.
El debate, más allá de cifras, revela tensiones estructurales; la sostenibilidad financiera de Medicaid, la protección de poblaciones vulnerables y el papel de la salud pública en un contexto político altamente polarizado.
